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Por Pablo Fernández
Blanco - En el Boletín Oficial
de hoy hay cuatro decretos con los que el Gobierno espera iniciar una sucesión
de medidas que modificarán sustancialmente la burocracia estatal y le
permitirán ahorrar al sector privado (tanto ciudadanos como empresas) al menos
$ 90.000 millones en dos años -es el equivalente al 1% del producto bruto- que
actualmente se destinan a hacer trámites. Al menos así lo estimaron los
ministros Andrés Ibarra (Modernización), Francisco Cabrera (Producción)
y el secretario legal y técnico, Pablo Clusellas, que ayer presentaron el plan
a la prensa.
Las iniciativas,
que forman parte de lo que el presidente Mauricio Macri denominó
como reformismo permanente, están enmarcadas en el Plan de Simplificación y
Desburocratización del Estado, la apuesta de la Casa Rosada para modernizar la
relación de las personas y las empresas con el Estado.
"La intención
es que esos fondos dejen de destinarse a la burocracia y se conviertan en
recursos [disponibles para el sector privado]", resumió Cabrera.
El paquete de
medidas incluirá, por caso, disposiciones que les impidan a los organismos del
Estado crear nuevos trámites y obligaciones para las empresas que eventualmente
les hagan perder competitividad, sin antes pasar por la aprobación de
Producción.
Los decretos serán
el norte de la reformas, pero luego deberán tomar esa inspiración los
ministerios y otras dependencias del Estado. Clusellas los invitó a
"revisar el stock regulatorio de cada dependencia".
"En el Estado
que queremos no hay filas ni demoras, no hay idas y venidas con papeles. Vamos
hacia un modelo donde todos los trámites sean 100% online y el
Estado esté al servicio de la gente", sostuvo Ibarra. "Hoy, con los
634 trámites a distancia, los argentinos se ahorran costos, traslados y, lo más
importante, tiempo y esfuerzo. Un trámite que se inicia online tarda
50% menos que aquellos realizados en forma presencial", explicó.
Entre las medidas
que apuntan a disminuir los trámites de los ciudadanos se destaca la creación
de la firma digital, que facilitará el trámite electrónico con el Estado y que
también permitirá eliminar certificaciones en papel.
En el caso de las
empresas, se eliminará la obligación de firmar por un escribano los libros societarios,
que podrán ser digitales, como también el dictamen profesional para la
inscripción de sociedades.
Los decretos
también modificarán la ley de procedimiento administrativo de la Nación, que
incluirá las nuevas tecnologías. Eso promoverá, según los funcionarios, el uso
masivo de la firma digital, la proliferación del expediente electrónico y la
"despapelización" en sus dependencias y jurisdicciones. En términos
prácticos, implicará una reducción del tiempo que demora hacer un trámite, con
el consecuente ahorro de recursos. Paulatinamente, todos los expedientes
administrativos en sedes federales tramitarán por el Sistema de Gestión
Documental Electrónico y la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).
Quizás una de las
medidas más llamativas que incluirá el paquete de reformas es la creación de la
identidad digital, que incluso podría obtenerse cuando se saca el documento.
Eso permitirá hacer trámites con una autenticación biométrica (la huella
digital) y facial a través del teléfono celular.
Internet antes que
el papel
La profundización
de la modernización se suma a una línea que ya había comenzado a implementar el
Gobierno desde que llegó al poder, en diciembre de 2015. Entre otras cosas,
creó un nuevo portal para el monotributo, que redujo a la mitad los pasos para
su adhesión; permitió legalizar los títulos secundarios de manera virtual, por
lo que unas 23.000 personas por mes no tienen que viajar a Buenos Aires para
cumplir con ese trámite, e implementó en 70 municipios de la provincia de
Buenos Aires y en Catamarca el Registro Civil electrónico.
En el caso de las
empresas, el Gobierno creó la sociedad por acciones simplificadas (SAS), un
nuevo tipo societario que se crea 100% online, en 24 horas y con un
ahorro promedio de $ 20.000; la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE),
una plataforma de facilitación del comercio internacional que unifica la información
y documentación que se puede realizar en un 80% a través de la Web, y la
caución aduanera, para evitar demoras en ese organismo.
Además, los cambios
en el Registro Industrial de la Nación abrieron la puerta a la obtención de
certificados de inscripción de manera digital, con un ahorro para las empresas
de unos 7 millones de pesos.
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