Tal como anticipó este diario el viernes, el "ala política" del Gobierno ya convenció al resto del Ejecutivo que será necesario abrir rápidamente la discusión sobre el contenido de la reforma impositiva si se quiere que el proyecto pueda acelerarse y tratarse en los tiempos que Mauricio Macri ordenó. Esto es, que para el primer trimestre de 2018 la idea esté casi cerrada y que el Presidente pueda mostrar ante la sociedad un primer acuerdo global con la clase dirigente argentina. Ya sabe el jefe de Estado que para lograr esta meta, hay un punto que traba definitivamente la propuesta. Haciendo un número rápido, hay ya 21 senadores que ya le adelantaron al Ejecutivo no están dispuestos a votar positivamente un impuesto que grave la producción de vinos, espumantes, cervezas y bebidas azucaradas. Entre los legisladores habría incluso hombres de Cambiemos, además de senadores justicialistas de La Rioja, San Juan, Salta y todos los de Neuquén. Como la posición es irreductible, la posibilidad de avanzar en una negociación de fondo se hace utópica. Más teniendo en cuenta que el verdadero interés fiscal en las reformas es que el Legislativo acompañe la sanción de una modificación en el mecanismo de cálculo de las indexaciones para las jubilaciones, cambio que debería comenzar a aplicarse ya en 2018 y que le permitiría al Gobierno ahorrar entre 80.000 y 90.000 millones de pesos el próximo ejercicio. Ante esto, los menos de $500 millones que se podrían recaudar vía los impuestos internos son una prenda menor a negociar. Y les permitiría, además, a los gobernadores y senadores volver a sus provincias victoriosos. Y al macrismo, mostrarse como receptivo. 

Ahora se evalúa en la Casa Rosada acelerar estas negociaciones y que el texto que antes que termine noviembre debería entrar en el Congreso ya no tenga el capítulo impuestos internos. Pero que a esa altura ya no se discuta más su contenido y se acelere el debate prometido en Diputados y el Senado, donde deberían circular los colegios profesionales, fiscalistas, cámaras empresariales, sindicatos y el resto de los interesados, para luego pasar al recinto. Si los tiempos que busca el oficialismo se cumplieran antes de terminar diciembre, el ciclo de charlas legislativas estaría terminado, la reforma negociada, y el texto definitivo en el punto exacto para ser discutido en el Congreso. Esto incluyendo un cierto acuerdo global con la oposición (especialmente con el justicialismo no kirchnerista), para que la reforma tenga posibilidades ciertas de ser aprobada. Si este clima existe, Macri llamará a sesiones extraordinarias e incluirá la reforma impositiva en el listado de proyectos a tratar. 

En el "ala política" (no sólo legisladores), en realidad piensan que todo se trata de una estrategia de relojería elaborada desde el oficialismo; que surge de la siguiente especulación. Muchos creen que se trata de una estrategia política para que los legisladores avalen los cambios previsionales y laborales (el verdadero norte del macrismo), y que muchos gobernadores y legisladores puedan mirar triunfantes a sus electores. Sería la aplicación de un duranbarbismo puro y duro, que en otras oportunidades ya había sido intentado por el macrismo con éxitos y fracasos.