A continuación, los principales conceptos:

Estamos en estos días ante un simulacro de Lava Jato o de Manipulite. Lamentablemente un simulacro de purificación de la vida pública y de la política, que es muy verosímil porque se realiza metiendo tras las rejas a gente que probablemente debería estar, después de un proceso correcto, detrás de las rejas.

Hemos visto hace dos semanas a Julio De Vido entrando a la cárcel. Y ahora vimos de una forma más teatral, con una filtración aparentemente deliberada, cómo llevaban preso a Amado Boudou .

Se trata de prisiones preventivas, que quiere decir que por ahora De Vido y Boudou, igual que casi todos los funcionarios del anterior Gobierno que están tras las rejas, son tenidos por inocentes porque a nadie se le terminó de probar en un juico oral y público cuál es el delito o cuál es la culpa.

De Vido y Boudou están presos por una doctrina establecida legalmente por la jurisprudencia que, dado el poder que tuvieron por haber sido funcionarios, podrían alterar las pruebas que servirían después en un juicio para condenarlos

Boudou va preso por enriquecimiento ilícito. Curiosamente a la Justicia no se le ocurrió que estaba en mejores condiciones para alterar la prueba cuando tenía el poder, cuando era vicepresidente.

De Vido va preso en una causa por unos manejos escandalosos de yacimientos de Río Turbio y por las importaciones de gas licuado. La pericia en la que se basa el juez Claudio Bonadio para mandarlo preso y para presumir que hay una culpabilidad, ha sido objetada unánimemente por todos los expertos en el mercado de gas, incluso los que detestan la política que ha llevado De Vido en esa materia.

Son prisiones preventivas sostenidas con alambre.

Lo curioso es que con este criterio deberían ir presos muchos funcionarios actuales.

Es decir, el ingeniero Juan José Aranguren , ministro de Energía, que tiene varias causas judiciales -una de ellas iniciada por Elisa Carrió - ¿no está en mayores condiciones que De Vido para modificar las pruebas que podrían condenarlo?

¿No pasaría lo mismo con Luis Caputo , ministro de Finanzas, que también fue acusado por beneficiar con fondos de la Anses un fondo que él manejaba?

Lo mismo aplica para cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno y comandaba la Policía Metropolitana. ¿No estaba en condiciones de alterar las pruebas que podrían haberlo condenado por espionaje ilegal? Por supuesto que sí.

Se ha abierto un antecedente riesgosísimo para cualquiera que haya ejercido la función pública pero, sobre todo, para quienes la están ejerciendo porque, con el criterio con el que terminaron presos De Vido y Boudou, podrían terminar presos en este momentos todos aquellos que, por ser funcionarios, tienen un poder enorme para alterar las pruebas que están bajo su órbita de actuación.

Es un cuchillo peligroso. Un arma de doble filo la que ha establecido la jurisprudencia.

¿Por qué hay este apresuramiento para violar reglas y beneficiar a gente que si se cumplieran las reglas probablemente iría presa? Hay que ver quiénes toman esas determinaciones.

El juez Ariel Lijo , que es quien manda preso a Boudou y quien tendría la responsabilidad de que no se filtre la filmación a Boudou, está cada vez más acorralado por lo que está sucediendo con la investigación del camarista Eduardo Freiler .

Freiler está siendo sometido a un jury en el Consejo de la Magistratura, en el que fue a declarar la ex cuñada del juez Lijo Carla María Lago y que dijo que era socia de Freiler en una financiera porque su ex marido, el abogado Alfredo Lijo, la obligó a firmar unos papeles que ella ni siquiera leyó.

Además dijo que su ex marido es socio de Freiler en un balneario en Necochea que se llama Palmeras del Este y que Freiler no declaró.

Pero señaló que su ex cuñado, es decir Lijo, es socio de su hermano en Aras la Generación, un lugar muy lujoso en Dolores.

Esta afición por los caballos y también por los relojes hace que a los hermanos Lijo en los tribunales se los llame "los hermanos lujo".

Esta investigación ha hecho que en el Consejo de la Magistratura se planteen que vaya a declarar Lijo.

Daría la impresión de que hay un juez en problemas, que tiene que sobreactuar la prisión, el castigo preventivo sobre alguien que todo el mundo, o buena parte de la sociedad argentina, ha condenado por su conducta como vicepresidente: Boudou.

Los jueces usan a los corruptos kircheristas para salvaguardarse de su presunta corrupción.

Esto es un sistema que esta simbolizado en Lijo, antes estuvo en Norberto Oyarbide y abarca a casi todo Comodoro Py, que es la responsable de investigar y sancionar la corrupción de los funcionarios.

Ahora tenemos un concurso en la Justicia Federal de la Capital Federal. Hay que cubrir la vacante que dejó Oyarbide. El candidato predilecto de Comodoro Py se llama Tomás Rodríguez Ponte, uno de los secretarios de Lijo, a quien Ricardo Lorenzetti le dio el manejo de las escuchas telefónicas que están bajo la jurisdicción de la Corte Suprema.

También debe ser cubierto el juzgado federal de Hurlingham, que tiene como candidato a Diego Arce, otro secretario de Lijo. Debajo de Arce hay una abogada que se llama Ana María Juan, secretaria de Freiler en la Cámara Federal y es la esposa del juezMarcelo Martínez de Giorgi .

Estamos viendo cómo funciona eso que se llama familia judicial. Jueces que se aferran al cargo, tratan de salvarse del escrutinio de la opinión pública y del Consejo de la Magistratura, tomando como víctimas a gente que obviamente la opinión pública quiere ver presa.

Carrió este viernes en el Foro Iberoamérica dijo que no es que hay negligencia de la Justicia para investigar la corrupción, sino que lo que sucede en la Argentina es mucho más grave. El sistema jurídico penal que investigan los jueces, en vez de investigarlo se convierte en un seguro para que la corrupción quede impune. Son parte del fenómeno. Son necesarios para que esto siga sucediendo.

Obviamente todo el mundo se ha dado cuenta porque ya llama más la atención la impunidad que la corrupción. Ahora los que están en la mira son los jueces porque ignoran casi los códigos para poner presa a la gente y que no los miremos a ellos.

Armaron la Asociación de Jueces Federales, coordinada por Lijo, e hicieron un seminario con Germán Garavano, ministro de Justicia . No sabemos si la política de Macri es Garavano convalidando a esos jueces o Carrió diciendo que son condición indispensable para ese problema.

En este tema Macri no contesta por ahora.

Las reglas y las garantías, que se inventaron para gente a la que uno querría ver presa, como De Vido o como Boudou, en este caso no se están aplicando porque los jueces no las pueden aplicar en defensa propia.

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