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El ministro de
Energía, Juan José Aranguren, formalizó la decisión del Gobierno de no
prorrogar la ley de emergencia económica, vigente desde enero de 2002, y
anticipó que esto permitirá concretar la renegociación de todos los contratos
pendientes entre el Estado y el sector privado en materia de servicios públicos
y empresas concesionadas.
"Este año, la
ley de emergencia económica del 6 de enero de 2002 llega a su fin. Debemos
recuperar los marcos regulatorios y no volver a incumplirlos", dijo
Aranguren en un congreso de abogados del Estado.
La ley de
emergencia económica fue sancionada en los comienzos del gobierno de Eduardo
Duhalde, en el marco de las medidas destinadas a paliar la crisis pos
convertibilidad y tras la salida anticipada del presidente Fernando de la Rúa.
La norma dio un
marco jurídico de excepción, que permitió al gobierno establecer la nueva
relación del tipo de cambio, pautar retenciones a la exportación de
hidrocarburos, congelar tarifas y renegociar los contratos de los servicios
públicos en manos de empresas privadas, y regular los precios de la canasta
básica. Era originalmente por dos años, pero siempre al momento de su
vencimiento, el Congreso (a pedido del Poder Ejecutivo) la extendía por otros
dos nuevos años.
La última prórroga
fue dispuesta en 2015 por el gobierno de Cristina Kirchner tras mantener esa
herramienta durante todo su mandato y el de Néstor Kirchner.
En ese contexto de
regulación del mercado por parte del Estado y la falta de renegociación de los
contratos con los privados, Aranguren consideró que "tal vez el sector de
energía y minería no respetó el marco jurídico".
Durante su
exposición, el funcionario se preguntó "cómo un país como la Argentina,
bendecido por sus recursos naturales, por acción y omisión de sus dirigentes,
tenga que importar 30 millones de metros cúbicos de gas por día, y el 10% del
petróleo crudo liviano. Estoy convencido de que esto fue por acción y omisión
de la dirigencia argentina", dijo Aranguren. Según el ministro, el
Gobierno es "responsable de gestar ese cambio, para que algo tenga sentido
en el largo plazo".
La no renovación de
la ley de emergencia económica era uno de los grandes reclamos de las empresas
privatizadas ante el tribunal arbitral del Banco Mundial, el Ciadi. Por su
parte, el Fondo Monterio Internacional, reclamó por la normalización de los
contratos.
"Ya no es
prioridad"
El ministro del
Interior, Rogelio Frigerio, ya había adelantado la posibilidad de que se
eliminara esta ley: "La emergencia económica empieza a tener cada vez
menos sentido con una economía que crecerá dos años de manera
consecutiva".
"Como cada vez
vamos a ser más precisos con nuestras proyecciones y respetar el presupuesto,
la ley de emergencia económica ya no es prioridad", había dicho Frigerio,
ratificando lo que varias fuentes del Gobierno venían afirmando en voz baja.
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