En una resolución referida al caso del jubilado Narciso Benito Arrieta, que demandó a la Anses para obtener un reajuste de su haber, los jueces de la Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social resolvieron no dar más lugar a los recursos extraordinarios presentados por el organismo oficial para cuestionar el índice de actualización usado para el recálculo del ingreso. En septiembre, los mismos magistrados habían habilitado un recurso de la Anses en la causa promovida por Carmelo Di Mario. Por eso, la decisión sobre cómo se calcularán las jubilaciones al hacerse la liquidación de sentencias ya está en manos de la Corte.

El tema en conflicto se refiere a cómo se ajustan los valores históricos de los salarios usados en la fórmula del haber inicial. La pretensión del Gobierno es que las sentencias dejen de generar reajustes según el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (Isbic) y se adopten las variables que prevé el plan de reparación histórica aprobado por la ley 27.260 y a las que consideran más ajustadas a la realidad. Según esa normativa, para determinar las propuestas de pago hechas a los jubilados, se utilizan dos indicadores: para los salarios previos a abril de 1995, el Índice de Nivel General de Remuneraciones (INGR), y para las remuneraciones posteriores, la Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estables (Ripte).

En la mayoría de los casos, los jubilados consiguen subas mayores con el índice de la Justicia.

El rechazo a que se sigan pasando expedientes al tribunal supremo tiene que ver, según dijo a LA NACION el juez Luis Herrero (quien firmó la decisión con la jueza Nora Dorado), con que el organismo siguió mandando recursos, al punto que se evaluó que eso obstaculiza la "administración de justicia".

Ante la situación, desde la Anses irán en queja a la Corte.