En este sentido, Tomás "Tomi" Karagozian, de 27 años, parte de la familia fundadora de la empresa textil TN Platex, puso énfasis en la de la necesidad de cambios inmediatos que necesitan los empresarios.

En sus palabras de apertura del encuentro, en el que participaron el ministro de Justicia, Germán Garavano, y también Gustavo Ferrari, ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, además de jueces, empresarios y abogados, se atrevió a hablar de la "competitividad sistémica de la economía, con variables para arreglar", como la carga fiscal, el costo del capital, la litigiosidad laboral ("un virus que carcome nuestra competitividad"), el costo de la energía, la calidad de la infraestructura, la calidad del sistema financiero y la salud de la macroeconomía.

Karagozian dijo: "Muchas veces a los jóvenes se nos saca de encima con una imagen muy elegante: la juventud es el futuro. La verdad es que a los jóvenes nos interesa más el presente que el futuro, porque estamos convencidos de que nada bueno nos traerá el futuro si no mejoramos el presente".

"Una parte importante del desincentivo para generar empleo es producto de la alta conflictividad laboral que desmotiva a pequeñas, medianas y grandes empresas. Los juicios, aun ganados, que son pocos, encarecen los productos de la empresa grande, le quitan recursos a la mediana y hacen quebrar a la pequeña", dijo su padre, Teddy Karagozian, CEO y presidente de la empresa. Más tarde hizo un mea culpa: "Los empresarios debemos explicar a la sociedad y a la Justicia cuáles son las causas por las que no empleamos personal".

Hizo referencia a que "hoy generar empleo es un riesgo que atenta contra la supervivencia de nuestras empresas". Agregó que "los distintos fallos nos muestran que pocas veces un conflicto laboral se resuelve a favor de las empresas, y aun cuando lo haga, el costo es cubierto por el empresario".

También puso sobre la mesa dos temas polémicos: "No hay ninguna razón para que las empresas seamos responsables de los accidentes y problemas que nuestro personal tiene yendo y viniendo a trabajar". Y más tarde sumó que "considerar al empleado como persona débil en la relación con la empresa no es cierto en la mayoría de los casos".

Aquí hubo un contrapunto con el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Miguel Ángel Mazza, que dijo que "en el mundo no se discute que el trabajador dependiente no está en igualdad de condiciones con su empleador porque tiene miedo de perder el empleo. Aunque, por otra parte, no tengo dudas de que un pequeño y mediano empresario no toma más personas porque tiene miedo de que le hagan juicio". Propuso que existan dos o hasta tres regímenes de contrato de trabajo diferenciados por el tamaño de la empresa.

La moda del esguince

La presidenta y gerenta general de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) lanzó una de las definiciones más contundentes de la jornada a modo de ejemplo de abusos contra las ART: "Está la moda de los esguinces que dejan un 5 o 10% de incapacidad, cuando en realidad no la hay. Se suma un 10 o un 20% por incapacidad psicológica. Cada punto son $ 30.000. Por un esguince llegamos a los $ 900.000".

En 2017 hubo 16.000 nuevos juicios. "Responde a la andanada judicial que se esperaba desde fines del año pasado cuando empezó a comentarse la existencia de una ley que tenía media sanción [la 27.348] y que preveía un proceso administrativo previo a las comisiones médicas", dijo Bettiol.

La siniestralidad, agregó, cayó en los diferentes sectores, pero la litigiosidad fue aumentando. Con la vigencia de la ley cayeron un 44% los juicios en la ciudad de Buenos Aires, pero subieron en la provincia de Buenos Aires un 58%, ya que todavía no adhirió.

Daniel Funes de Rioja, presidente de Copal y miembro del comité ejecutivo de la UIA, dijo: "Saquemos todo el verso de los explotadores", dijo coloquialmente. "¿Hay explotadores? Sí. ¿Hay que combatirlos? Sí". La ley de contrato de trabajo, dijo, "es de 1974, pero ya no existe ese mundo industrial. Muchachos, esto cambió, estamos en la revolución 4.0 y si no adecuamos la legislación y nuestros convenios colectivos de 1975, que se muestran como bandera, no queda nada. Se cobraba adicional por computación. Hoy quien no tiene una computadora inicia un juicio por discriminación".