Por Gabriel Sued - La reforma tributaria deberá esperar. El avance del proyecto que el Gobierno difundió ayer y que enviará hoy a Diputados depende de la evolución de las negociaciones entre la Casa Rosada y los gobiernos provinciales, según explicaron a LA NACION fuentes del oficialismo y de la oposición en la Cámara baja.

La ecuación es sencilla: si hay acuerdo en la reformulación del pacto fiscal, el oficialismo no tendrá inconvenientes en reunir la mayoría necesaria para aprobar la reforma tributaria. Podrá ser en diciembre o a principios del año que viene, pero no habrá mayores trabas. Sin acuerdo en el reparto de recursos entre la Nación y las provincias, los gobernadores quitarán su respaldo a cualquier proyecto.

No es la única iniciativa que está supeditada a la suerte de las conversaciones entre la Nación y las provincias. Lo mismo ocurre con el presupuesto de 2018 y con otras reformas lanzadas por el Gobierno, como la previsional.

Es por eso que en el oficialismo no prevén que haya avances importantes en Diputados en lo inmediato. El tratamiento del proyecto de reforma tributaria no fue incluido en la agenda de comisiones de esta semana. Sin dictamen antes del lunes próximo, ya no podrá tratarse antes del cierre del período de sesiones ordinarias, el 30 de noviembre.

La idea del interbloque de Cambiemos es hacer tres sesiones en diciembre, después del recambio del cuerpo. Intentarán que se apruebe antes de fin de año.

Recién pasado mañana Mauricio Macri va a tener su segunda reunión con los mandatarios provinciales, después del encuentro que tuvieron el jueves pasado. Todavía no hay nada cerrado, pese a que la intención del Presidente es resolver el tema lo antes posible.

Por ahora, prima un escenario de cautela y dudas, incluso después de resolverse los planteos por los cambios de los impuestos internos, con efectos sobre las economías regionales.

"Para nosotros, será clave la posición de los gobernadores. No podemos avanzar en la reforma si no sabemos cómo se van a distribuir los recursos. Todo forma parte de la misma discusión", dijo a LA NACION el salteño Pablo Kosiner, del Bloque Justicialista. Esa bancada, liderada por Oscar Romero y Diego Bossio, puede resultar determinante en la búsqueda de mayoría que afronte el oficialismo, tanto en la actual como en la próxima conformación del cuerpo.

La postura de los gobernadores no es contraria a la reforma, explicaron en ese bloque. "La mayoría coincide en que hay que hacer cambios y la evaluación general de lo que propone el Gobierno es favorable", dijo un diputado de esa bancada. Hay consenso respecto de gravar la renta financiera y de incentivar la reinversión de utilidades de las empresas, a partir de la reducción de Ganancias. Pero la clave sigue siendo la resolución de la disputa de fondos, que tiene como eje el reclamo de la provincia de Buenos Aires.

En el bloque del Frente Renovador también prima la cautela. Antes de analizar la letra chica de la iniciativa, Marco Lavagna se mostró de acuerdo con gravar la renta financiera, aunque advirtió que la medida no debería afectar a ahorristas pequeños. También pidió un tratamiento diferencial para las pymes y que la reforma genere una reducción de la carga impositiva para los ciudadanos y no sólo para las empresas.

En una postura más combativa, el kirchnerismo ya sentó posición en contra de los cambios propuestos. "La reforma significa menos impuestos a los empresarios. A los grandes, no a las pymes. Esto es porque los descuentos se hacen sobre Ganancias y las pymes no tienen balances con Ganancias", sostuvo el ex ministro de Economía Axel Kicillof. "La lógica de darles todo a los empresarios para que después vengan a invertir ha fracasado siempre", agregó en declaraciones a FM Delta.

Kicillof fue más allá y afirmó que el ahorro que planifica hacer el Estado nacional va a correr por cuenta de los jubilados, por la modificación propuesta en el índice de movilidad jubilatoria, que implicaría una reducción del gasto de unos 100.000 millones de pesos. "Si le quieren dar más a la provincia de Buenos Aires, a alguien le tienen que dar menos. Al principio iban a perder las demás provincias. Pero como hubo resistencia, se armó todo este enjuague y los únicos que perderían serían los jubilados", sostuvo. Aunque por ahora se mostraron abiertos al diálogo, en el Frente Renovador y el Bloque Justicialista también manifiestan reparos respecto del cambio en el índice de movilidad. De todos modos, como ocurre con la reforma tributaria, un acuerdo entre la Nación y las provincias puede ser la llave para destrabar otras discusiones. Menos claro es el panorama respecto de la reforma laboral. Con los gremios en contra, los gobernadores no pondrían el cuerpo para respaldar un proyecto que no tiene que ver con sus intereses directos.

Tensiones con la UCR por el proyecto laboral

Jorge Sappia es el presidente de la Convención Nacional de la UCR y es la fuente de consulta del partido en temas laborales tras su paso como ministro del área en Córdoba y ser parte del gabinete nacional de Fernando de la Rúa. Sappia criticó el proyecto de reforma laboral, sobre todo los cambios en el cálculo de las indemnizaciones. Sus críticas enojaron al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que se reunió especialmente con el radical para limar diferencias.

"No puedo consentir que se reduzca el cálculo de indemnización por despidos sin causas, es inadmisible reemplazarla por el fondo de cese laboral", dijo Sappia a LA NACION. Y agregó: "Implica disminuir la protección contra el despido arbitrario que consagra en el 14 bis de la Constitución". Sappia le entregó a Triaca su propio borrador.

Mercado de capitales

Ingresó anoche en Diputados un nuevo proyecto de reforma del mercado de capitales. A diferencia de la propuesta anterior, el Gobierno lo bautizó esta vez "ley de financiamiento productivo" e incluyó aquellos cambios tendientes a fomentar la creación de instrumentos de financiación para las pymes, como la factura de crédito.

El proyecto prevé además el desarrollo del mercado de letras hipotecarias, facilita el procedimiento de notificación a los deudores de créditos cedidos, dota de mayores facultades de fiscalización a la Comisión Nacional de Valores, incrementa los montos de las multas y elimina el polémico artículo de la ley aprobada durante el kirchnerismo, que habilitaba al organismo regulador a intervenir empresas.