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| La meta final es un déficit del 3,2% para 2018 |
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17/11 - 08:18 Ambito Financiero |
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Por Carlos Burgueño
- El gran y ambicioso Mecano fiscal que ideó el Gobierno luego de una orden
puntual de Mauricio Macri va tomando forma. Garantizada la aprobación de las
reformas impositiva, laboral, de coparticipación y responsabilidad fiscal con
las provincias, y avanzado un principio de acuerdo político para modificar la
movilidad jubilatoria, el Gobierno está a un paso de conseguir las herramientas
para el verdadero objetivo de toda esta múltiple combinación de cambios: la
meta fiscal en 2018 de 3,2% del PBI. Esto es, más de un punto del PBI contra
los 4,5% que se esperan este año. Y, en dinero contante y sonante, entre
$120.000 y $ 130.000 millones de ahorro entre 2017 y 2018. Y siguiendo la
tendencia, la garantía de que Mauricio Macri tendrá la posibilidad de una
reelección presidencial con un déficit fiscal de menos de 3% y cercano al 2,5%
en 2019. El dato no es menor. Es lo que indicaría la OCDE para ser calificado
país en desarrollo y estaría dentro de las metas de Maastricht, el acuerdo que
rige para que los países europeos puedan ingresar a la UE.
Pero no son estos galardones los que llevaron a Macri a dar la orden de bajar
el déficit a 3,2% en 2018 ni a sus ministros a estructurar las reformas. Según
el Presidente, en una visión casi personal que tiene en mente desde mucho antes
de llegar a la Casa Rosada, el desquicio fiscal que dejó el kirchnerismo es la
verdadera causa de la inflación superior al 20% anual y la falta de crecimiento
genuino en el país. Logrado entonces el dominio de la variable fiscal, todo lo
demás vendría por añaduría. Por lo demás, entiende Macri un crecimiento anual
de entre 3% y 4% del PBI sostenido en el tiempo (o por lo menos durante los
seis años que le quedarían por gobernar, reelección incluida), con una
inflación de menos de 10%. Con esto, el resto sería administrar la situación y
pensar las estrategias de producción para el largo plazo.
Todas las reformas negociadas y en negociación apuntan así a un déficit de
123.000 millones de pesos en 2018, según los números del PBI de 2017 (cualquier
cifra entre $120.000 y $130.000 millones igual estaría bien).
La convicción del Ejecutivo (asentida con la cabeza por el BCRA de Federico
Sturzenegger)es que el dominio del IPC está directamente relacionado con la
reducción del déficit, y la consiguiente baja en la necesidad de emisión
monetaria o endeudamiento externo. Y para esto, la única manera de darle
oxígeno y comenzar la sanación de las cuentas públicas sin abjurar el
gradualismo como mayor restricción, en especial política, es mostrar a los
operadores internos, pero fundamentalmente externos, que el indominable déficit
fiscal está en baja.
El porcentaje de reducción de 4,5% a 3,2% fue impuesto por el propio
Presidente. Lo blanqueó el 23 de octubre, un día después de su triunfo en las
elecciones legislativas, donde al discurrir sobre varios temas de la agenda
económica, dijo que "mientras Argentina tenga déficit fiscal, va a seguir
teniendo que tomar deuda. Tenemos un compromiso central que es reducir la
pobreza y el primer camino es bajar la inflación. Por eso, si uno no va a
financiar el déficit con inflación, lo tiene que hacer con deuda"; y que
"es importante seguir avanzando en esta reducción gradual del rojo fiscal,
es el compromiso que asumimos desde el primer día y vamos a aprobar en el Congreso
un Presupuesto que comprometa que el déficit sea menor al 3,2% en 2018".
Estas dos frases son la clave de lo que realmente Macri tiene en mente y cómo
se diseñó el paquete que ayer comenzó a tomar vida propia con el acuerdo con
las provincias.
El Gobierno avanza en una máxima peronista, a la inversa. Una máxima de la
política criolla afirma que sólo un Gobierno de raíz justicialista puede
impulsar exitosamente medidas que afecten (aunque sea ideológicamente) a los
sectores más populares. Lo hizo Carlos Menem (ajustes varios y
privatizaciones), siguió brevemente el ejemplo Eduardo Duhalde (corralón y
devaluación) y lo complementaron Néstor y Cristina Kirchner (Ganancias a los
trabajadores en relación de dependencia). Mauricio Macri aplica la receta a la
inversa. Si se coincide con que el actual Gobierno se ubica en algún tipo de
centroderecha, se considerará más factible avanzar en reformas estructurales
que afecten a los sectores que una gestión de este tipo buscaría defender. La
aplicación del impuesto a la renta financiera, la suba de los aportes
previsionales para los salarios más altos, la aplicación de impuestos internos
a las bebidas con alcohol y a los servicios vía internet y el cambio en el
cálculo indexatorio para las jubilaciones (que afecta más a las de mayor nivel)
van en este sentido.
Según los números generales, la reforma previsional sería la principal fuente
de financiamiento para lograr el superávit de 3,2%. El simple cambio de dejar
de tomar la movilidad jubilatoria y pasar a calcular los aumentos de los
jubilados y beneficiarios de los planes sociales con el IPC le ahorraría al
Estado entre 80.000 y 100.000 millones de pesos. La reforma impositiva
aportaría el resto. En este último punto, ¿cómo es que los cambios tributarios
anunciados como neutros por el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne permitirían
semejante disponibilidad de dinero? Simple: la estrategia de la reforma
impositiva está basada en recaudar rápidamente impuestos (internos, ganancias
para las personas, IVA, renta financiera, etc.), y rebajar tributos para el
mediano y largo plazo (ganancias para empresas comenzará a sentirse recién en
2020).
El programa tiene un riesgo no menor. Como todo ajuste fiscal basado en mayor
presión sobre el consumo y una pérdida inevitable en el poder adquisitivo (a
los nuevos tributos se les suma una mayor carga sobre los servicios públicos),
la gestión podría derivar en un atentado al consumo interno, con la consecuente
pérdida de humor de la clase media criolla. Lo sabe el Gobierno, que deberá
atender al máximo la situación recurriendo a todos los mecanismos que el
duranbarbismo tiene en catálogo. Sin embargo, la aplicación podría sufrir una
complicación: el plan no resiste un "cisne negro". Cualquier
alteración grave en la economía que no pueda anticiparse afectaría toda la
estantería fiscalista y obligaría a un Plan B que añeje todo fantasma que
recuerde el final que dejó el último que aplicó seriamente un programa de este
tipo: José Luis Machinea.
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