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Por José Luis Brea
- Farmacity ganó el primer round, pero la pelea promete ser larga.
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) acaba de darle la
razón, "a primera vista", en su pulseada contra las principales
cámaras farmacéuticas del país. La empresa las había acusado ante ese
organismo, que funciona en el ámbito de la Secretaría de Comercio, por
supuestas maniobras concertadas y discriminatorias para excluirla del acuerdo
de las farmacias con el PAMI, la obra social de los jubilados, para la venta de
medicamentos con descuento a sus afiliados.
Tras reactivar un
expediente que estuvo congelado casi cinco años, la CNDC consideró que las
pruebas presentadas por Farmacity eran suficientes, cerró la instrucción de
sumario y decidió imputar a la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), a
la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (Facaf) y a la Asociación de
Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina (AFMySRA), dando por
acreditadas las conductas denunciadas.
Se trata de un caso
de alta sensibilidad política. La denuncia de Farmacity contra las cámaras
sectoriales data de 2012 y fue hecha por Mario Quintana, por entonces
presidente de la cadena y actual vicejefe de Gabinete, que aún conserva el 3%
de las acciones. En 2016, la compañía hizo una presentación adicional por
agravamiento del daño. Es por eso que, luego de la notificación a las partes,
el 9 de este mes, empezó el contrapunto discursivo para desligar o involucrar
al ahora funcionario nacional en un posible conflicto de intereses.
"Resulta
acreditada prima facie la existencia de concertación o acuerdo
entre COFA, Facaf y AFMySRA, en su carácter de representantes de la mayoría de
las farmacias del país ante el PAMI, a los efectos de excluir a Farmacity de la
dispensa de medicamentos a los afiliados al PAMI. El acuerdo tiene dos
elementos o prácticas complementarias de propósito exclusorio: elevar el monto
de bonificaciones que deben efectuar las farmacias de Farmacity a efectos de
promover su salida o disuadir su entrada e impedir directamente el ingreso de
nuevos locales de Farmacity al sistema PAMI", dice la CNDC en el
expediente, al que accedió LA NACION.
"Se hizo una
acusación a las cámaras farmacéuticas, que pueden presentar prueba, que habrá
que analizar; luego vendrán los alegatos y la resolución del caso. Esto no es
el cierre, pero es importante porque se encontraron elementos suficientes para
una imputación", explicaron altas fuentes del organismo que conduce
Esteban Greco. "Sobre el precio de venta del medicamento, el afiliado al
PAMI paga un porcentaje menor; de esa cobertura luego se ve cuánto le
corresponde poner a cada uno de los que participan en todo el proceso. El
convenio de PAMI es con las asociaciones sectoriales y en el expendio de
remedios son ellas las que definen cuánto se le descuenta a cada farmacia. En
el caso de Farmacity, los descuentos son muy superiores al resto [del 23 al
26,5% versus el 13,5 al 17,35% de los competidores]. Además, la empresa pidió
incluir en el acuerdo con PAMI a varios de sus locales y no se lo
admitieron", agregaron.
Por esa diferencia
en las comisiones, Farmacity denunció una pérdida económica, a julio de 2016,
de $ 166,7 millones, que, según fuentes de la empresa, ascendería a octubre
pasado, a valores nominales, a $ 377 millones, que se elevarían a $ 701,7
millones teniendo en cuenta la inflación. "Lo importante es que se prueba
que hubo una conducta intimidatoria, un esquema armado para sacarnos del
mercado", celebraron en Farmacity. "Y está probado con información y
testimonios que la Comisión recabó de todas las partes, algo que le da más
objetividad al proceso de investigación", interpretaron.
Varios frentes abiertos
En COFA, en cambio,
fueron muy críticos con este avance. "Todo lo que iba en un sentido ahora
está yendo en el otro; es un caso de tráfico de influencias. No hay otra causa
que la influencia de Quintana en el Gobierno. Estaba todo parado y con el
cambio de gobierno, en 2016, la empresa volvió a la carga diciendo que se le
había agravado la situación, cuando nada cambió, todo estaba igual que antes.
Si nos fallan en contra, iremos a la Justicia", dijo una alta fuente de
esa cámara. "Los aportes de las farmacias son según la densidad
poblacional y la facturación; las que están alejadas y facturan poco tienen un
aporte menor y las que están en centros urbanos y facturan más, uno mayor. Si
mañana aparece una empresa que factura lo mismo que Farmacity le pasará lo
mismo, no hay discriminación", dijeron.
En la CNDC, en
tanto, niegan cualquier sospecha. "El tema defensa de la competencia
estaba muy relegado en el gobierno anterior y había expedientes atrasados. Si
acá uno saca quién está y quién dejó de estar, es un caso de libro de texto en
el que se siguieron todos los estándares técnicos. No hay conflicto de
intereses porque Quintana no intervino para nada", argumentaron. Ante la
consulta de LA NACION, en la Jefatura de Gabinete ratificaron la no
participación de Quintana en el caso.
Según fuentes
oficiales, otro hecho confirmará la objetividad del proceso: la Secretaría de
Comercio, por recomendación de la CNDC, rechazaría la medida cautelar pedida
por Farmacity hasta tanto el organismo se pronuncie sobre la cuestión de fondo,
para tener las mismas condiciones que las otras farmacias en el acuerdo con el
PAMI.
La causa se sigue
con atención porque no es el único frente abierto por la cadena de farmacias,
que cuenta con 300 sucursales y factura $ 5077 millones (2016). También se
presentó en la CNDC contra las principales cámaras de laboratorios (Cilfa,
Caeme y Cooperala) por cambios en las condiciones de venta y financiación de
medicamentos, y actualmente pelea en la Justicia contra las provincias de
Buenos Aires y Santa Fe, en las que tiene restringido el ingreso, y Mendoza,
donde no le autorizan la compra de farmacias locales.
Ahora, el organismo
otorgó 15 días a las cámaras farmacéuticas para que hagan su descargo y
presenten pruebas. Luego, abrirá un período de análisis del caso, que no tiene
plazos concretos de finalización, para luego sí emitir el fallo definitivo. Por
esa razón, fuentes de la CNDC estimaron que no habrá resolución hasta 2018. Si
quedara firme la imputación, el organismo podría recomendar la aplicación de
multas a los denunciados y de otras acciones para mejorar el funcionamiento del
mercado.
Guerra de farmacias
Imputación
La Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia le dio la razón a Farmacity, "a
primera vista", e imputó a las cámaras farmacéuticas por maniobras
discriminatorias para excluir a la empresa de un acuerdo de las farmacias con
el PAMI para la venta de medicamentos con descuento a sus afiliados.
La denuncia
La denuncia de
Farmacity contra las cámaras sectoriales data de 2012 y fue hecha por Mario
Quintana, por entonces presidente de la cadena y actual vicejefe de Gabinete,
que aún conserva el 3% de las acciones de la empresa. En 2016, la compañía hizo
una presentación adicional por agravamiento del daño.
Reacción
Las cámaras
farmacéuticas atribuyen la reactivación del expediente, paralizado durante
años, a la influencia de Quintana en el Gobierno. Ahora tienen 15 días para dar
sus argumentos y presentar pruebas. Amenazan con ir a la Justicia si el fallo
definitivo de la CNDC les es desfavorable.
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