Se trata del resumen ejecutivo de los prepliegos que llevó a cabo el ministerio de Finanzas y el ministerio de Transporte, a través de la Dirección Nacional de Vialidad. "La Red de Autopistas y Rutas Seguras es la primera aplicación del esquema de financiación de las obras de infraestructura que impulsa el Gobierno, mediante la colaboración del Estado y del sector privado en un marco de transparencia, agilidad y reglas claras", señaló a través de un comunicado la cartera que conduce Luis Caputo. 

El documento, que actúa como anteproyecto a la publicación de los pliegos definitivos, fue elaborado conjuntamente por la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y la Subsecretaría de Participación Público Privada del Ministerio de Finanzas. En él se ofrecen detalles sobre los compromisos a los que se obligan el Estado y el contratista para la construcción, operación y mantenimiento de las obras. Además, describe los requisitos de precalificación y los criterios de adjudicación. En el programa PPP es el inversor privado quien debe conseguir el financiamiento, con lo que necesita un alto nivel de información de parte del Estado. La publicación facilita a los interesados el conocimiento de los prepliegos y borradores de contrato.

A principios de noviembre, el Gobierno anunció formalmente el primer tramo de contrataciones público privado, con un evento en el Centro Cultural Kirchner del que participó el jefe de Gabinete, Marcos Peña. 

Allí, el funcionario remarcó que el Gobierno apunta a que sea "el plan de infraestructura con más transparencia de la historia". 

Desde el 2 de noviembre los interesados podían inscribirse a través de la página oficial de Vialidad Nacional. Habrá dos etapas licitatorias más: una segunda entre febrero a julio de 2018, y una tercera que va de junio a noviembre de año próximo.

Los proyectos PPP se financiarán fundamentalmente a través del impuesto al gasoil, un gravamen que en su origen estuvo destinado a la realización de obras. El nuevo esquema garantiza la seguridad jurídica y financiera, al adoptar como mecanismo para abordar posibles controversias entre las partes la intervención de paneles técnicos como paso previo a recurrir a los procesos formales en tribunales judiciales.