El nuevo régimen de defensa de la competencia, que se aprobó con 140 votos positivos frente a 72 negativos, apunta a detectar y castigar aquellos casos en los que se compruebe la existencia de posición dominante por parte de una empresa, cartelización con otras y concentración de compañías que den lugar a prácticas anticompetitivas. Propone, en este sentido, crear la Autoridad Nacional de la Competencia, organismo descentralizado e independiente que funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo.

A su vez, se prevén multas según tres criterios objetivos: el del monto del beneficio ilícito -la sanción podría ser hasta el doble-, el porcentaje del volumen de negocios del grupo económico y multas de hasta 200 millones de unidades móviles (equivalentes a 20 pesos cada una).

Otro punto importante es la creación de un programa de clemencia, que exime de sanción al primer integrante de un cartel que aporte las pruebas necesarias para detectarlo y sancionarlo y reduce la multa entre el 20 y el 50% para algún otro miembro que aporte una prueba adicional.

"Este es un aporte sustancial a la transparencia de los mercados que apunta a terminar con la cartelización, que es la peor enfermedad que termina ahogando al consumidor", enfatizó el diputado cordobés Mario Negri (Cambiemos), uno de los autores de la iniciativa.

Mercado y "compre nacional"

Posteriormente, los diputados aprobaron con 163 votos positivos frente a 65 negativos el proyecto de reforma del mercado de capitales, denominado "ley de financiamiento productivo".

La iniciativa, girada al Senado, propone nuevas herramientas para financiar a las pymes, como la emisión de facturas de crédito (que podrán venderse), y se propone apuntalar el mercado de hipotecas.

Al abrir el debate, el presidente de la Comisión de Finanzas, el diputado Eduardo Amadeo, señaló que el objetivo de la ley es "potenciar el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, lograr el desarrollo de un mercado de capitales moderno y transparente, con más inversores y empresas que busquen financiamiento, y proteger a todos los inversores".

Desde la oposición, el kirchnerismo y sus aliados rechazaron la iniciativa. "Con este proyecto se busca disminuir el poder de regulación y de supervisión que tiene la Comisión Nacional de Valores, y eso es algo que está a contramano de la historia -advirtió el diputado Carlos Heller, del Partido Solidario-. Estamos yendo de un mercado inclusivo y dirigido a las pymes a un mercado para pocos, que va a facilitar la especulación", advirtió.

Por último, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto denominado "Compre Nacional", iniciativa que envió el Poder Ejecutivo, pero que tuvo varias modificaciones durante su tratamiento legislativo.

Por caso, la preferencia por las ofertas de bienes nacionales para las pymes pasó del 7% al 15%. Para las grandes empresas, a su vez, se pasó de una variación del 5% al 8 por ciento.

Por otra parte, la iniciativa impone sanciones a las empresas que incumplan las obligaciones establecidas en la normativa, que comprenden desde el apercibimiento, pasando por multas de entre el 5 y el 50% del monto del contrato o hasta la suspensión para ser adjudicatario de futuros contratos, concesiones o licencias por plazos que podrán ir de 3 a 10 años.