Fuentes de la Casa Rosada señalaron a BAE Negocios que “no está previsto introducir cambios en la nueva forma de difundir los movimientos del comercio exterior”. Una fuerte señal negativa hacia la cúpula de la UIA y de cámaras industriales, que alistaron equipos técnicos para discutir algunas modificaciones de urgencia.

Como informó este diario el pasado 23 de octubre, la AFIP decidió no dar a conocer los montos en dólares detallados por operaciones, lo cual motivó la reacción de la UIA. Del nuevo esquema informativo, no solamente participa la AFIP/Aduana sino también el Ministerio de Producción, que supuestamente colabora mediante la entrega de información más desagregada pero a solicitud del demandante.

De acuerdo con el nuevo esquema, la llamada Información Agregada de Comercio Exterior contiene vía web, las posiciones arancelarias, el peso neto en kilos de importaciones y exportaciones, el precio máximo y mínimo en dólares por productos (que son denominados técnicamente “unidad estadística”); y el valor global de las operaciones. Este último punto disparó duras críticas, ya que un valor mínimo y máximo en dólares sirve de pequeña referencia pero no permite conocer el modo de ingreso de las mercaderías, y mucho menos, cómo buscar una solución a las irregularidades.

Otra de las fuertes protestas del sector manufacturero off the récord es que toda información se brindará “siempre que las operaciones involucradas correspondan a tres operadores o más”, para no violar el secreto fiscal.

Esto tiene su raíz en que el nuevo sistema se basa en el secreto fiscal y estadístico, por lo que además de eliminarse el CUIT en los informes, si en un producto hay sólo una o dos empresas que lo comercializan, no se dan los datos directamente. El “apagón informático” de la Aduana, ordenado por la Casa Rosada, afectó severamente a las provincias, y por ello, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Chaco elevaron notas para pedir la normalización de los datos del comercio exterior. En un nuevo capítulo del conflicto que se inició en el mes de julio, funcionarios provinciales exigieron al Gobierno que los datos salgan a la luz.