Por Jorge Velázquez - El Gobierno está muy cerca de ponerle el broche final a la reforma tributaria. Si todo sale según los planes de la Casa Rosada, el proyecto -con varias modificaciones respecto de la versión original que presentó Nicolás Dujovne a fin de octubre- se convertirá en ley antes de Año Nuevo y podrá comenzar a implementarse a partir de 2018. 

A pesar de algunas concesiones que fue otorgando por el camino, la reforma mantiene los pilares que se propuso sostener el oficialismo: bajar los costos laborales, abaratar las inversiones y eliminar exenciones como la que beneficiaba a la renta financiera.

El tema principal que aún queda por resolver es cómo se aplicará el nuevo esquema de impuestos internos para las bebidas sin alcohol. Las cervezas, los vinos y los espumantes (sidra y champagne) lograron -a fuerza de mover influencias y resistir- quedar afuera de los aumentos previstos. 

Según confirmaron a Ámbito Financiero fuentes de la cartera de Hacienda y también del sector privado, está muy cerca de lograrse un acuerdo entre empresas y Gobierno. La base del arreglo es que la solución sea "neutra y gradualista". Esto significa que habrá una redistribución pero no un aumento neto de la carga impositiva. Así, habrá tributos que subirán y otros que bajarán, pero los cambios siempre se instrumentarán de manera gradual.

Los funcionarios ponen como ejemplo de neutralidad fiscal lo que ocurrió con los impuestos internos a los cigarrillos (que ya soportan una carga fiscal muy elevada). En este caso, la alícuota actual está en un 75% y baja al 70%, pero aumentan los cargos fijos mínimos determinados en pesos, no en porcentajes.

El acuerdo de las bebidas está madurando en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside el oficialista Luciano Laspina. Este legislador había anticipado a este diario que se buscará "una propuesta superadora" a la suba directa impulsada por el proyecto del Ejecutivo, que prevé llevar internos al 17% a todas las bebidas azucaradas, incluyendo gaseosas, jugos, aguas saborizadas, jarabes y concentrados.

Estos días desfilan por el Congreso los emisarios de las empresas y directivos de las cámaras sectoriales, que están tratando de acercar las cifras finales con los legisladores de la comisión.

Objetivo

La intención es cerrar un acuerdo para poder votar dictamen de comisión el 13 de diciembre y votar de inmediato en el recinto. Así se podría llegar a tiempo con el posterior tratamiento en el Senado para que sea ley el 26 de diciembre.

Por las mismas oficinas de la comisión legislativa también pasan los funcionarios de Hacienda, que aseguran que están permeables a aceptar cambios en el texto original siempre que se respete el espíritu buscado: castigar el consumo de productos no saludables. 

En esta cruzada del macrismo, el azúcar pasó a ser el enemigo número uno, incluso por encima del alcohol. Cuenta con el apoyo de las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y su principal promotor local, el ministro del área Adolfo Rubinstein.

Según el esquema que se está acordando, se establecerá un tope de azúcar a partir del cual las bebidas comenzarán a pagar el impuesto. Esto permitiría eximir a jugos y aguas saborizadas, que pagan el 4% de internos. Incluso el agua mineral soporta el mismo gravamen y hay consenso absoluto en que debe quedar exenta.

Como contrapartida, las gaseosas azucaradas (no las versiones light o zero, que tendrán una tasa menor) pasarán a pagar un 17% en lugar del 8% con que están gravadas en la actualidad. Pero este aumento no será aplicado de una sola vez, sino que se haría gradualmente en un proceso de uno, tres y cinco años. Esta gradualidad es uno de los aspectos que todavía restan acordar entre los negociadores.

El criterio de gradualidad que se pretende aplicar permitiría atenuar el impacto económico de la mayor carga impositiva sobre algunos productos. Tanto en lo que se refiere a los precios (que aumentarán porque habrá traslado inevitable a los consumidores), como a las economías regionales, dando tiempo a las industrias afectadas a adaptar su producción a una nueva demanda, explican los involucrados.

Las principales empresas de gaseosas (Coca Cola y Pepsico) resistieron los aumentos, amenazando incluso con bajar inversiones. Pero pronto consiguieron un guiño que hizo desactivar las quejas y puso en marcha las negociaciones. La "propuesta superadora" de Laspina va camino a concretarse en las próximas horas. El impacto fiscal será neutro. Rubinstein festejará más que Dujovne.