De esta manera, ese organismo (que funciona de manera independiente dentro de la administración norteamericana) cerró la investigación quqe había iniciado en marzo pasado ante la presentación de la industria del biodiesel norteamericano (NBB, por sus siglas en inglés).

En la práctica, las ventas argentinas de biodiesel a EE.UU. están vedadas desde agosto pasado, cuando el Departamento de Comercio norteamericano resolvió aplicar aranceles de hasta 64% (que elevó a 72% el mes pasado) al combustible verde argentino, por considerar que el sector se encuentra subsidiado por el diferencial que goza el biodiesel (0%) en el esquema de retenciones a la exportación con la soja sin procesar (35%).

A ese arancel, que dejó afuera del mercado norteamericano al biodiesel argentino, cuyas ventas a ese país habían llegado a más de 1,6 millón de toneladas en 2016, se sumó otro derecho de importación en octubre pasado, también aplicado por la oficina que comanda Wilmur Ross, esa vez por considerar que el producto ingresaba con precios menores a los de producción (dumping). Con ambos arancales, la penalidad para el biodiesel local se elevó a más de 120%, por lo que resultó inviable pensar siquiera en una venta a EE.UU. Si bien ese mes, Europa reabrió su mercado, las ventas externas del combustible alternativo cayeron 30% en octubre y la producción bajó 20%.

La decisión final de la Usitc implica que el biodiesel argentino queda fuera del mercado norteamericano por cinco años. Por eso, y como los argumentos esgrimidos por la administración Trump son similares a los utilizados por la Unión Europea en 2013 para bloquear al biodiesel argentino, el sector privado local considera que es el momento para que el Gobierno eleve el reclamo ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Ese tribunal ya falló a favor del biodiesel local en la demanda contra la UE, que finalmente en septiembre reabrió su mercado.