Por Jorge Herrera - El Gobierno sabe que lo que no haga el próximo año en materia de ajuste del gasto, ya no podrá hacerlo con intensidad en 2019. Por ello, tras la batería de aumentos en las tarifas de electricidad, gas y agua, la mesa chica del Gobierno comenzó a debatir el ajuste en los precios del transporte de pasajeros que desde abril del año pasado se mantienen congelados.

Sin duda es uno de los temas álgidos que resta encarar por el impacto socioeconómico. Pero en el seno del equipo económico saben que si lo siguen postergando será peor. Por ello tras varios encuentros entre las áreas técnicas y políticas fueron llegando a un consenso. Aunque en realidad fueron descartando opciones de ajustes. Incluso debieron sondear al Banco Central para evaluar el impacto de las distintas alternativas sobre las metas de inflación. Es que al ente monetario le convendría que implementaran la suba del boleto ya para afectar las metas de 2017, ya incumplibles, y brindarle más margen a las de 2018. Aunque algo de esto ya han hecho, dado que el Gobierno con los últimos aumentos de tarifas de luz, gas e incluso de combustibles no hizo otra cosa que adelantar el cronograma de normalización tarifaria, de modo de afectar diciembre y no 2018. O sea, con estos shocks tarifarios el Gobierno trajo inflación de 2018 e incluso de 2019 a 2017.

Pero resta aún tocar las tarifas de transportes. Al respecto cabe señalar que la estrategia fiscal que apunta a mantener el gasto primario en términos reales (de modo que el trabajo sucio lo hará el crecimiento del PBI reduciendo el peso del gasto público en la economía) pero a la vez reducir el déficit primario gradualmente implica mantener e incluso aumentar el gasto social y de capital (sobre todo en elecciones) y ajustar no solo el gasto previsional sino, fundamentalmente, el gasto en subsidios económicos. En los primeros diez meses del año el gasto en subsidios energéticos se redujo 32% interanual al pasar de $95.800 millones a $64.800 millones; mientras que los subsidios en transporte se incrementaron 10% de $51.500 millones a $56.800 millones. En paralelo fueron subiendo además la tarifa de agua y los combustibles. 

Para tener una idea de los atrasos, en el caso de la electricidad, el objetivo de 2017 fue que los consumidores paguen 47% del costo de generación (en 2015 pagaban el 15%) y para 2018 el 63% del costo. Lo que implicaría aumentos del 50% a 60% en lo relacionado a la generación de electricidad. En el caso del gas, la demanda paga entre 55% y 60% y para 2018 se quiere llegar al 77%.

Desde que asumió el Gobierno de Cambiemos el único ajuste en el boleto de transporte automotor urbano en el ámbito del AMBA (donde se canaliza la mayoría de los subsidios a colectivos) fue en abril de 2016 (60%). Según un estudio de Macroview, en términos reales, la tarifa de este servicio está entre los más bajos de la historia. "La reactivación de los ajustes tarifarios en transporte será un test clave para vislumbrar el compromiso de Gobierno con la contención del gasto público en 2018", señala la consultora.

De acuerdo a las estimaciones de Macroview a mayo pasado el boleto promedio ponderado de todas las secciones (en términos reales) está por ejemplo un 71% por debajo del vigente a fines del 2000, 43% más barato que en 2008/09, un 12% respecto a fines de 2012 y 28% frente a julio 2014.

Lo cierto es que contemplando que en el primer cuatrimestre de 2018 se vienen tarifazos de luz, gas y agua, y quede algo para el segundo semestre, en el seno del Gobierno han consensuado finalmente un esquema de ajuste para el transporte que tendrá un componente mensual más un shock, en principio por única vez. Este esquema es mejor para las metas del BCRA ya que toda gradualidad coadyuva a los deseos oficiales.

Ayer precisamente el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, explicó en el seminario Abeceb que 2018 será de transición con algunos aumentos en los precios regulados apuntando a terminar el ajuste de precios relativos y de ahí en más solo acompañar a la inflación. O sea, ya no habrían tarifazos de luz, gas y agua en términos reales. Solo en el caso del transporte el ajuste también se prolongará a 2019 (año electoral). Habrá sin duda mucha sintonía fina porque tampoco se quiere afectar las expectativas inflacionarias y menos el trabajo del BCRA. Además resulta insoslayable el efecto que tiene todo ajuste en el transporte sobre el ingreso disponible de las familias, que de por sí ya muchas deberán asumir los últimos tarifazos. Para los analistas este ajuste pendiente es un examen a aprobar por el Gobierno.