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Por Diego Cabot - Desde hace poco más de un año, la Argentina tiene una
ley para atraer inversiones, el sistema PPP (participación público-privada).
Por ahora, los dueños del capital miran con atención cada movimiento del
Gobierno y hasta muestran interés. Opinan y esperan varios detalles pendientes.
Pero a un año del lanzamiento, aún no hay ningún proyecto iniciado con este
esquema. Más aún: todavía falta terminar la estructura legal y financiera como
para que despeguen.
"Hicimos en siete meses lo que otros países hacen en años. Tenemos
plazos ambiciosos y aspiramos a tener las primeras obras entregadas en
abril", comentó José Luis Morea, subsecretario de la Unidad PPP del
Ministerio de Finanzas.
El sistema PPP se aprobó en el Congreso a fines de noviembre del año
pasado. Se trata de una norma que le da marco a la inversión privada en
infraestructura. Mediante ella, los fondos llegan a un proyecto no sólo como
concesionarios, sino que también pueden hacer la obra, financiarla, recibir una
ganancia y retirarse. Según el caso, podrán o no quedarse a cargo de la
concesión.
El Gobierno relevó un total de 61 proyectos por los que prevé generar
inversiones por US$ 26.000 millones. Los funcionarios que responden al ministro
de Finanzas, Luis Caputo, han apurado los plazos al extremo para dar certezas a
los inversores, ávidos de respuestas. Sucede que se trata de un país que
destrozó el esquema regulatorio de los servicios públicos con la caída de la
convertibilidad. Antes de fin de año, dijo Morea, estará disponible la
documentación para que los inversores hagan sus números. Los primeros proyectos
lanzados son los seis corredores viales que se espera entregar en abril, para
los cuales se convocó a debatirlos en audiencias públicas. Los funcionarios son
optimistas; los empresarios, no tanto.
Hace pocos días, Morea expuso el esquema en cinco ciudades. Una por día.
"Fuimos a París, Roma, Fráncfort, Londres y Madrid. Nos fue muy bien y
hubo un interés muy grande", dijo el funcionario. Pese al entusiasmo, hubo
preguntas concretas: las garantías y la estructura financiera, que aún no está
terminada. "Además -dijo un profesional que es continuamente consultado
por el tema-, hay que luchar contra un problema reputacional. Se hizo mucho,
pero la verdad es que hay veces que se negocia con gente que ya estuvo en la
Argentina cuando se rompieron los contratos. Entonces, a la hora poner dinero a
largo plazo, quieren garantías".
El sistema tiene algunos pilares. El primero es un fondo fiduciario de
afectación específica. Dicho de otra forma, una caja que se nutre con alguna
tasa creada o existente y que no puede ser usada para otro fin. Uno de los
casos es el del Sisvial, un esquema de financiamiento que utiliza un porcentaje
del precio del gasoil para hacer obras viales. Ese es el único fondo que está
armado, ya que desde hace años se utiliza para hacer obras en las rutas. Será
el que sostendrá los proyectos de los corredores viales.
"Vamos a crear un gran fondo, una suerte de paraguas. De ese se
desprenderán varios subfondos, cada uno de ellos financiado con una tasa
específica", explicó Morea. Además del vial, se prevé en el corto plazo
armar uno de energía -para la red de alta tensión-, otro de comunicaciones y
hasta algunos pensados para construir hospitales y cárceles.
La desconfianza de los inversores tiene que ver con un requisito no
menor: la creación de estos fondos tiene que pasar por el Congreso.
Una de las características principales es que el dinero que llegue por
esta vía para financiar infraestructura no se anota como deuda. Técnicamente no
lo es, por lo tanto no tiene garantía soberana como un bono del Estado. Allí
llega el punto de las principales preguntas de los inversores. ¿Cuál es la
garantía? ¿Quién paga en caso de que lo recaudado por el fondo no logre pagar
la deuda contraída con las empresas?
La explicación de Morea: "Vamos a ir por la solución que creó Perú
hace 10 años: el Estado asume un compromiso contingente. En caso de que el
fondo no alcance a pagar la deuda, el Estado entrega una partida presupuestaria
una vez por año para aportar un fondeo faltante que pudiera darse en caso de
que el flujo principal no sea suficiente". Los inversores conocen la
solución Perú, pero allí está una de las principales desconfianzas que tienen
con el sistema.
El economista Ricardo Carcioffi, integrante del Instituto
Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP) de la UBA y ex
director del Intal (el instituto de investigaciones del BID), recuerda que son
61 proyectos los que están en el presupuesto 2018, cuya aprobación se espera
para antes de fin de año. "En caso de que se realicen, se tratará de una
inversión muy importante respecto del PBI. Hay muchos países que utilizan esta
mecánica y con suerte diversa. Lo más seguro es empezar por los proyectos donde
existe una demanda cierta, sin factores aleatorios, con flujos más
estables", dijo. De ahí que los primeros que avancen sean los viales y los
energéticos.
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