Según el presupuesto a punto de debatirse en el Congreso, los fondos que recibirán en 2018 los ministerios del Interior, Transporte y Energía para obras como cloacas, viviendas, puentes o rutas será levemente mayor al de 2017, pero dará un saldo negativo (un 10%) si se computa la inflación prevista para el año próximo, que consultoras privadas calculan en alrededor de 20 puntos.

Desde la Casa Rosada dan cuenta del evidente cambio de estrategia. Los ministerios reconocen que deberán arreglarse con el mismo presupuesto de este año, pero aseguran que habrá más inversiones, producto de las gestiones que se vienen haciendo dentro y fuera del país en el contexto del plan de la Participación Público Privado (PPP), que incluso tiene asignado un monto ($ 34.500 millones), en un total de $ 436.313 millones que se destinarán en total a infraestructura el año próximo. "Es una gran idea, y va a funcionar muy bien", afirmaron a LA NACION cerca del jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Para demostrar que no se trata sólo de palabras, el jefe de gabinete del Ministerio de Finanzas, Pablo Quirno, viajó la semana pasada junto al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, a Nueva York y Washington para "vender" el programa a inversores extranjeros, una gimnasia que también frecuentan otros funcionarios con eventuales inversores europeos y asiáticos. Quirno repasó con los inversionistas norteamericanos la totalidad de los proyectos de obra pública que tiene el Gobierno, concentrados en su mayoría en manos de Dietrich; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y su par de Energía, Juan José Aranguren .

Ya hay un primer proyecto lanzado en Transporte, el de "autopistas y rutas seguras", seis corredores viales cuya licitación será lanzada en febrero y que será adjudicada en abril. "El programa nos permite que los privados hagan las obras que nosotros no podemos por las restricciones que acordamos para bajar el déficit", afirmó Quirno a LA NACION. Y auguró que hay proyectos planeados por US$ 30.000 millones para los próximos cuatro años. "Este es un modelo que llegó para quedarse. Si queremos aumentar en calidad y cantidad las inversiones tenemos que lograr que los inversores privados inviertan a 15, 20 años en la Argentina", agregó a LA NACION Ricardo Delgado, subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, que depende del Interior.

Una de las empresas estatales con mayor cantidad de obras en ejecución, AySA, fue autorizada la semana pasada por Frigerio a obtener financiamiento hasta un monto máximo de US$ 1000 millones del sector privado para la concreción de obras de desagües cloacales y servicios de agua potable.

Desde el Gobierno explicaron que las empresas que deseen sumarse deberán conseguir un banco o institución que los financie. Afirmaron que el programa se lleva adelante en varios estados de Brasil, Uruguay y Chile, por dar ejemplos cercanos. Y aseguraron que habrá "condiciones" fijadas por el Estado para las concesiones, como la calidad de los trabajos o los plazos para su finalización.

Más allá del optimismo oficial, la merma en la inversión estatal es y será evidente. Los datos oficiales del Ministerio del Interior hablan de una suba de sólo $ 2500 millones de inversión en infraestructura de este año al próximo. Según los cálculos de ese ministerio, y contabilizando la inflación, se trata de un recorte del 12% en presupuesto para obras. La inversión total proyectada en infraestructura será en 2018 del 3,5% del PBI, contra el 2,5 en 2017, pero los números para el año que viene incluyen los fondos provenientes del PPP (ausentes este año). "En la discusión del presupuesto es probable que muchas provincias negocien más dinero para obras", afirmaron cerca de Frigerio.

¿Y si no aparecen los privados se frena la obra pública? "No, porque las obras que ya están en marcha las va a terminar el Estado. Y las del año que viene van a tener esta combinación", confiaron cerca de Dietrich y Frigerio.