Se trata del artículo 18, según el cual la exención de Ganancias no alcanzaría más a las asociaciones civiles o fundaciones dedicadas a "actividades de crédito o financieras, excepto las inversiones financieras que pudieran realizarse a efectos de preservar el patrimonio social". La disposición no sólo dejaría gravado al sector con Ganancias, sino también con el IVA y con Ingresos Brutos, según explicaron tributaristas a LA NACION, dado que las exenciones están "atadas" entre sí.

La letra de la ley, según consideraron expertos en la materia, podría ser aclarada con la reglamentación, para que las ONG que dan créditos en poblaciones de alta vulnerabilidad social sigan exentas. También estaría como alternativa el veto del artículo. El tema es analizado por estas horas en Hacienda. Donde también se impulsa una corrección a la propuesta es en el Ministerio de Desarrollo Social, que en su gestión trata de impulsar las microfinanzas con políticas activas, como los créditos accesibles "de segundo piso".

Las microfinanzas que desarrollan varias fundaciones o asociaciones civiles se enmarcan en la definición que da la ley específica de la actividad, la 26.117, de 2006. Allí se especifica que los microcréditos son préstamos destinados a financiar emprendimientos individuales o asociativos de personas o grupos de bajos recursos, en el marco de la economía social, y que el monto de las operaciones va no más allá del equivalente a doce salarios mínimos (hoy, $ 106.320).

"Ese artículo de la reforma, si saliera así, dificultaría o incluso evitaría que haya crédito para la gente que está en la informalidad" no por decisión, sino por su situación social y por la vulnerabilidad del entorno en el que desarrolla su actividad, advierte María Silvia Abalo, directora ejecutiva de la Red Argentina de Instituciones de Microcrédito (Radim), que agrupa a entidades como Pro Vivienda Social, Banco de la Mujer, Techo, Alternativa 3, Nuestras Huellas, Avanzar y Mujeres 2000. "En nuestro mapeo de instituciones de microcréditos, de septiembre pasado, registramos 63 ONG que otorgan préstamos que, en promedio, son de 8748 pesos", explica Abalo.

Agrega que estas entidades hacen "finanzas de proximidad", con educación financiera y capacitación para emprender y con la meta de generar empleos en zonas de alta vulnerabilidad social. "El Gobierno tiene como un propósito la inclusión financiera, y es justamente lo que hacen estas instituciones", señala la directiva de Radim.

Una de las cuestiones que plantean los tributaristas consultados, por las cuales entienden que las entidades de microfinanzas sí mantendrán la exención, es el hecho de que la mencionada ley de promoción de esta actividad establece en su artículo 19: "Las operaciones de microcréditos estarán exentas de tributar los impuestos a las ganancias, ganancia mínima presunta, al valor agregado, según corresponda". Joaquín Lopes Alfonso, contador del Radim, agrega que la exención está también reconocida en la ley del IVA.

Si en todo caso hubiera dos leyes contradictorias, la que vale es la más específica, en este caso, la de microcréditos, explica Diego Fraga, abogado especializado en temas tributarios y socio de RCTZZ Abogados. En ese punto coincide el tributarista César Litvin, socio del estudio Lisicki, Litvin y Asociados, quien confía en que el espíritu de la ley no es ir contra estas ONG.

Fraga especifica también que, en el caso de las asociaciones civiles y fundaciones, la existencia de la exención del impuesto a las ganancias determina las del IVA y de Ingresos Brutos. "Generalmente los códigos fiscales locales atan la exención de Ingresos Brutos a la exención de Ganancias", dice.

Por eso, según señala Lopes Alfonso, si la exención quedara eliminada, los intereses de los microcréditos se encarecerían por la aplicación de las diferentes cargas tributarias involucradas.

El mundo de las microfinanzas

Microactividad

Según un trabajo del Radim, que agrupa a entidades de microcrédito, hay en el país alrededor de 3 millones de microempresas, pero los créditos llegan a menos del 10%; una razón que dificultó la expansión, señalan, es que hasta 2015 no se recibía dinero de financiadores del exterior.

Fondeo estatal

Desde el Estado nacional hay al menos dos fuentes de fondeo de esas entidades: la Conami, del Ministerio de Desarrollo Social, y el Foncap, una empresa privada con participación gubernamental.