Luego de los incidentes registrados en el debate en el Congreso por la reforma previsional, el Ejecutivo decidió postergar el debate de la reforma laboral (en el Gobierno la llaman "ordenamiento" para diferenciarla de su par brasileña). Sin embargo, la discusión llegará durante 2018.

Dentro de la reforma, el oficialismo propone un blanqueo laboral. El proyecto impulsa una condonación de deuda para aquellos empleadores privados que regularicen la situación de sus trabajadores. Los empleados podrán contabilizar hasta cinco años de aportes para su jubilación y obtendrán todos los beneficios de la antigüedad en el puesto.

Pero además, según un brief que circuló entre los medios, se fortalecerán los mecanismos de lucha contra la informalidad, se clarificará el concepto de registración laboral y se establecerían multas por la no registración que serán giradas a la seguridad social. Al mismo tiempo, dentro del paquete fiscal que se debate en el Parlamento se incorporaron bajas en las contribuciones patronales a través de un mínimo no imponible para algunas firmas.

"Tenemos una meta razonable de 200.000 trabajadores", anticipó José Anchorena, subsecretario de Programación Técnica y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo, ayer, en el último encuentro del año con la prensa para informar sobre datos del mercado de trabajo.

En Trabajo advirtieron que será difícil establecer los "blanqueados puros", ya que con los incentivos que habrá a través de otras herramientas muchos se sentirán tentados de registrar a sus empleados en negro como empleados nuevos. Sin embargo, el piso de 200.000 "puros", estimaron, es una base optimista y superior a la que se registró con el blanqueo impulsado por Carlos Tomada, ministro de Trabajo del kirchnerismo, en 2008. Entonces sólo sumaron 20.000 trabajadores, recordaban ayer. Sin embargo, el Gobierno suele jugar con las expectativas. Por caso, las perspectivas para el blanqueo de capitales eran, cuando se lanzó ese plan, de US$ 20.000 millones, pero se recaudaron US$ 100.000 millones.