Argentina "confesó" ayer ante Wall Street, que aún mantiene abiertos juicios contra el país por unos u$s5.100 millones. Cifra que podría aumentar sustancialmente si finalmente, como se supone, los tribunales de los Estados Unidos le dan la razón al fondo buitre Burford le hace al país por haber comprado la causa por la reestatización de Aerolíneas Argentinas. La deuda aún abierta, y que el país se compromete a negociar y cerrar, se generó casi en su totalidad al default de diciembre del 2001; fundamentalmente por las demandas aún abiertas por no haber terminado de definirse el "Juicio del Siglo" entre la Argentina y los fondos buitre. A estas causas hay que sumar las demandas iniciadas por empresas multinacionales que operaban servicios públicos privatizados durante los 90 y que se consideraron afectadas por la manera en que se salió de la convertibilidad,; y que desde hace más de una década litigan ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Se incluyen también dos grandes juicios que se le iniciaron al país por la manera en que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se reestatizaron Aerolíneas Argentinas y la petrolera YPF; causas que ya tienen sanciones judiciales avanzadas y casi definidas (negativamente) contra el país. 

Los datos oficiales surgen de la presentación que el país hizo ayer ante la Securities and Exchange Commission (SEC), el órgano rector de las actividades en Wall Street, y como paso obligado a la operación colocación de deuda concretada ayer por el ministerio de Finanzas de Luis Caputo. Según el documento, al que tuvo acceso este diario, Argentina reconoce ante la autoridad que existen aún abiertas, y como herencia de la crisis del 2001, 92 demandas individuales contra el país (personas que no aceptaron la propuesta a los fondos buitres cerrada en abril del año pasado) por unos u$s629 millones; más otras demandas colectivas (varios acreedores unificados) por u$s24 millones. Menciona el documento que ya se pagaron en la causa por el "Juicio del Siglo" unos U$S 8.100 millones más intereses y que se continuará negociando. 

Según Sebastián Maril, analista de Research for Traders, la situación se generó porque "durante 15 años la Argentina no fue capaz de manejar correctamente los juicios originales generados por el default del 2001 más otros iniciados más recientemente" lo que deriva en "un abultado pasivo de posibles fallos adversos que el país deberá hacer frente más tarde o temprano". 

Se enumeran en la presentación ante la SEC las causas que el país tiene aún abiertas ante el CIADI, el tribunal de resolución de controversias internacionales dependiente del Banco Mundial. En esta instancia, según el documento conocido ayer, hay 4 causas con sentencia negativa por unos u$s445 millones; 3 con pedido de anulación por parte del país por unos u$s742 millones; otras por u$s1.600 millones que están en curso y aún no fueron resueltas y otras 5 que estarían siendo "negociadas" por otros u$s1.000 millones. Reconoce Argentina que ya pagó unos u$s885 millones desde 2013. El último caso cerrado fue en agosto de 2017, por una demanda de constructora española Abertir; pero sumó otro el mismo mes con la presentación que MetLife inició por las nacionalizaciones de las AFJP también durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ante el CIADI, el tema más ruidoso aún por definir es el juicio que Mobil abrió en agosto de 2004 y que ya tiene plena trayectoria en el tribunal, con sanción primaria a favor de la empresa petrolera. El caso nació porque Exxon Mobil planteó que la pesificación de 2002 y la posterior política petrolera argentina perjudicaron sus operaciones en la Argentina y se violaron los correspondientes tratados de protección de las inversiones firmados durante el Gobierno de Carlos Menem. Asegura la petrolera que perdió unos u$s50 millones en su operación de los campos petroleros Chihuidos, Neuquén (del que Exxon controlaba entonces el 51%) y de Aguarague, Salta (donde tenía el 23% ). Como "células dormidas", la demanda de la francesa Sauri, que explotaba el servicio de aguas en Mendoza, por unos u$s40 millones, también planteado ante el CIADI y a la espera de una negociación directa con la Argentina. Como curiosidad, a la Argentina le hace juicio ante el CIADI la nortamericana Enron; una compañía que en su país (y gran parte del mundo) es acusada de fraude y debió enfrentar una quiebra fraudulenta (la más grande en la historia de los Estados Unidos), que incluyó la caída del gigante de la auditoría, Arthur Andersen y prisión efectiva para muchos de sus directores. Sin embargo, en 2001 (el mismo año de su caída) se consideró perjudicada en la Argentina por la salida de la convertibilidad y le presentó un juicio en el tribunal del Banco Mundial por la explotación de Transportadora Gas del Sur (TGS), empresa que luego compró Pampa Energía. El último fallo recibido por la Argentina en el tribunal resultó negativo. Fue el que el fondo Burford Capital logró en la causa por la renacionalización de Aerolíneas Argentinas, por el cual obtuvo unos 140 millones de dólares, en una causa que adquirió en u$s13 millones al grupo español Marsans y que le reportó una ganancia del 980%. Por esta causa los ex dueños de la aerolínea de bandera obtuvieron un ingreso casi inesperado de u$s230 millones ya que el fondo Burford sólo había comprado una parte de la causa y los derechos de litigar ante el tribunal internacional.