También es baja la buena imagen del revalúo impositivo, sólo la mitad (51%) lo considera beneficioso. Ese ajuste parcial por inflación fue aprobado por el Congreso dentro de la reforma tributaria.

Si bien el 75% de los ejecutivos encuestados aseguró que, de conocer casos de sobornos por parte de funcionarios, estaría dispuesto a denunciarlo, sólo 7% realizó efectivamente denuncias, según la encuesta.

En cuanto a la funcionalidad del sistema impositivo para bajar la informalidad en el país, 65% dijo que no es funcional, pero el año pasado esa respuesta había cosechado un 79%, lo que sería un resultado de la reforma.

El 56% cree que el problema que más preocupa a las empresas es el de la carga impositiva de las provincias siendo provincia de Buenos Aires, Capital Federal y Córdoba, en ese orden, las más gravosas para la determinación de los precios de bienes y servicios.

De todos modos, provincias con menor actividad económica como Misiones y Tucumán fueron más votadas como más gravosas que Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos. En el mismo sentido, Río Negro tuvo tantos votos como Mendoza, dijo el informe de KPMG

En una escala de 1 a 10, es baja la imagen de los fiscos provinciales en cuando a objetividad, gestión recaudatoria y conocimiento técnico (4,65). En tanto, el nacional tiene una ponderación media (5,9).

La objetividad que se percibe en el ámbito de la Justicia por temas impositivos tiene una ponderación semejante a la de los fiscos. En una escala del 1 al 10, la visión de objetividad en el ámbito impositivo de los tribunales provinciales es de 4,15 y el de los juzgados nacionales, del 5,64 en promedio.

"Este es un tema a tener en cuenta, porque hace a la seguridad jurídica del país, si se quiere ser eficaz en la captación de inversiones", señaló Fernando Quiroga Lafargue, socio de Impuestos y Legales de KPMG, y responsable de la encuesta.

Las problemáticas que mayor gravedad tiene para las empresas son, por mucho, la carga impositiva provincial, con 56%, y después la administración de regímenes de recaudación e información para los organismos recaudadores (14%) y la falta de reconocimiento del ajuste por inflación en los balances (13%). El 45% respaldó gravar la renta financiera, según el sondeo.