Por Roberto Cachanosky - Para LA NACIÓN – 08/05/05 - Durante la semana que acaba de terminar, Roberto Lavagna afirmó que el menor crecimiento que tuvo el índice de precios al consumidor durante abril se debe, en parte, a los acuerdos de precios que implementó el Gobierno con algunos sectores productivos, como los de la carne, lácteos, pollos, etc., por lo que los acuerdos de precios en bienes de la canasta alimenticia habrían conseguido desacelerar la tasa de inflación.

Mi visión sobre el supuesto mérito de estos acuerdos de precios es diferente de la del ministro de Economía, un hombre que, por cierto, no es un improvisado en temas económicos. ¿Dónde está la diferencia? En que en una economía que crece los precios se mantienen estables o bajan porque aumenta la oferta y no porque el Gobierno acuerde "voluntariamente" una determinada estructura de precios relativos.

Hay una diferencia sustancial entre que el Gobierno les pida a determinados sectores productivos que no aumenten los precios por un tiempo, a que el Gobierno no les pida nada y estos sectores igual tengan que mantener estables o bajar sus precios porque invierten para aumentar la oferta. En el primer caso estamos frente a una simple transferencia de ingresos; en el segundo caso estamos frente a un proceso de crecimiento genuino que permite elevar en forma sustentable los ingresos de la población.

En rigor, el conjunto de la política económica estaba basada en el "manejo" de la estructura de precios relativos. Desde el Gobierno todo el tiempo se están declarando ganadores y perdedores. Pero los ganadores y perdedores no surgen de su eficiencia en el mercado, sino que son el resultado de decisiones administrativas. Ahora bien, la gran pregunta es ésta: ¿es posible sostener en el largo plazo una política de administrar los precios relativos para generar transferencias de ingresos de acuerdo con las presiones sociales y políticas que vayan apareciendo en el tiempo? Dicho en otras palabras: ¿es consistente en el largo plazo esta política de transferir ingresos de unos sectores a otros mediante el manejo de los precios relativos?

La primer inconsistencia que quiero señalar es que se pretende fijar al mismo tiempo el tipo de cambio y la cantidad de moneda que debe haber en el mercado. Cuando uno les explica a sus alumnos los temas monetarios y cambiarios, una de las primeras cosas que observa es que el Estado puede fijar el tipo de cambio y dejar que la cantidad de moneda la determine el mercado, o bien puede definir qué cantidad de moneda quiere emitir, pero sin fijar el tipo de cambio. El gobierno no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo.

Hoy, la política monetaria y cambiaria intenta fijar ambas variables al mismo tiempo. Esto es posible durante un determinado plazo, pero no en forma indefinida, salvo que se quiera insistir con esta política acumulando un déficit cuasi fiscal gigante al estilo del que tuvo Alfonsín, con el consiguiente estallido financiero y cambiario futuro.

Pero dejemos por un momento este árido problema monetario y cambiario y veamos cómo opera la política económica. Por un lado, el Gobierno quiere sostener artificialmente alto el tipo de cambio. Como en economía no hay tal cosa como un almuerzo gratis, alguien paga por tener el tipo de cambio artificialmente alto. ¿Quién? Básicamente los sectores de ingresos fijos, asalariados y jubilados, que tributan el impuesto inflacionario.

Si el Gobierno no quisiera cobrarle a la gente el impuesto inflacionario, tendría que absorber con endeudamiento creciente y a tasas de interés cada vez mayores el exceso de moneda que genera presiones inflacionarias, y en el largo plazo, el gasto cuasi fiscal tendería a ser infinanciable. Si, por el contrario, parte de esa emisión la deja en el mercado, el impacto sobre precios es inevitable y, por lo tanto, la caída del ingreso real también. Y aquí viene el segundo paso del problema. ¿Qué hace el Gobierno? Controla precios o, si se prefiere, hace acuerdos voluntarios de precios para compensar parte de la transferencia de ingresos de los asalariados y jubilados hacia los sectores que se benefician con el tipo de cambio alto.

Este mecanismo funcionó mientras la industria estuvo con bajos niveles de utilización de la capacidad instalada. Pero ahora que muchos sectores están en niveles cercanos al máximo de utilización de su capacidad de producción, la oferta ya no crece si no es mediante inversiones y la emisión monetaria tiende a generar cada vez más presiones inflacionarias.

Otro ejemplo en que puede verse la transferencia de ingresos es el caso de los servicios públicos. En este caso lo que se está haciendo es subsidiar a los consumidores de servicios públicos, financiando ese subsidio consumiendo el stock de capital. El mejor ejemplo de costo de largo plazo de esta política que puede darse al respecto es el riesgo de crisis energética.

La política económica se ha concentrado en ir administrando la distribución de ingresos sin considerar el crecimiento de largo plazo. Más que apuntar a crear las condiciones necesarias para atraer inversiones, el Gobierno ha puesto el acento en controlar las tarifas de los servicios públicos, hacer acuerdos sectoriales y otorgar aumento de salarios por decreto.

Esquema insostenible

Este esquema de política económica supone que ninguno de los actores económicos no va a reclamar una mayor porción del ingreso disponible o, lo que es peor, aceptar una caída de su ingreso. Porque si alguno de los actores presiona por tener una mayor participación del ingreso, el escenario tiende a complicarse dado que la economía tiende a estancar el ingreso disponible ante la falta de inversiones.

El esquema de política económica adoptado es insostenible en el largo plazo, por la sencilla razón de que requiere de una constante emisión monetaria para sostener artificialmente alto el tipo de cambio. Y esa expansión monetaria conduce a dos posibilidades: a) creciente endeudamiento público con tasas de interés cada vez más altas o b) tensiones inflacionarias con caídas del ingreso real, lo que lleva a presiones por aumentos de salarios que no pueden convalidarse con más productividad por falta de inversiones.

Mientras el sector industrial utilizaba el 48% de la capacidad instalada, el sostenimiento del tipo de cambio alto con emisión monetaria pudo mantenerse sin grandes sobresaltos. Pero a medida que llegamos a una utilización plena de la capacidad instalada, ya no es tan fácil evitar los efectos adversos de la intervención del BCRA. Así, con un ingreso disponible para el conjunto de la economía que tiende a estancarse y un BCRA insistiendo con mantener alto el tipo de cambio, la lucha por la distribución del ingreso tenderá a ser cada vez más violenta y los acuerdos voluntarios de precios ya no podrán morigerar el aumento de la inflación.