En 2016 el déficit fiscal primario, es decir, sin considerar los intereses de la deuda pública, fue del 4,3% del PBI, con lo cual la reducción del déficit fiscal fue de 0,4% del PBI.

El problema es que el gradualismo requiere de financiamiento del déficit fiscal mientras el Gobierno se toma su tiempo para bajarlo. Es decir, hay un costo financiero por escapar al shock que son los intereses de la deuda pública que hay que pagar mientras se llega al equilibrio fiscal.

En 2016, los intereses de la deuda pública (sin considerar los intereses de la gasto cuasifiscal que genera el Banco Central) fueron 1,6% del PBI y en 2017 subió a 2,2% del PBI. Es decir, el gasto financiero aumentó 0,6 puntos del PBI contra una baja del déficit primario de 0,4 puntos del PBI.

En otras palabras, el rojo fiscal, incluyendo los intereses de la deuda, como corresponde, fue del 5,9% de PBI y del 6,1% del PBI, lo que significa que el modelo gradualista, tal cual está planteado, no converge hacia el equilibrio.

El debate ya deja de ser cuánto tiempo nos financian desde afuera para ir bajando gradualmente el déficit fiscal, sino que, de acuerdo a los datos de 2017, hay que preguntarse si nos van a financiar un desequilibrio fiscal creciente.

Y por favor que no me vengan con la historia de que los intereses se refinancian. Ya tuvimos varias experiencias al respecto para saber que no nos financian cualquier nivel de déficit fiscal.

Insisto, aquí el problema del ritmo de gradualismo que aplica el Gobierno conduce a un aumento del déficit fiscal y no a una baja. Aclaro lo del ritmo de gradualismo porque es obvio que no todos los cambios se pueden hacer de un día para otro, pero tener un rumbo de cambio es fundamental y, lamentablemente, no se observa ese rumbo de cambio en materia fiscal, y si lo hay es muy leve donde el peso del ajuste recae por completo sobre el sector privado lo cual impide tener tasas de crecimiento económico sostenidas.

El gasto en subsidios económicos (tarifas de luz, agua, gas, etc.) se redujo en $65.466 millones en 2017 respecto a 2016. Esto es producto del incremento de las tarifas de los servicios públicos, pero el gasto en subsidios sociales como AUH, Argentina Trabaja, Pensiones no contributivas, etc. aumentó $82.267 millones. Todo lo que se ahorró de gasto y que salió del bolsillo del consumidor fue a parar a más subsidios sociales, incluso un 26% más, cuando en rigor debería haber disminuido la presión impositiva. Es importante aclarar que en ese incremento no se incluyen las mayores erogaciones por jubilaciones y pensiones.

En otras palabras, la gente paga más por la luz, el gas, el transporte, etc. pero la idea debería ser que el menor gasto por la reducción de subsidios económicos se tradujera en menor carga impositiva o por lo menos en una reducción final del déficit fiscal.

Vale la pena aclarar que si el Gobierno destina cada vez más dinero a planes sociales, lejos estamos de transitar una política económica exitosa, entendiendo por exitosa una política económica que cada vez más gente se mantiene gracias al fruto de su trabajo y no de subsidios sociales.

Suele argumentarse que no se puede ir más rápido porque si se recortaran los planes sociales o se redujera el número de empleados públicos habría un estallido social y se perdería gobernabilidad. Uno nunca sabe si este es un argumento para continuar con cierto grado de populismo que permita seguir ganando elecciones o si realmente hay temor a adoptar esas medidas.

Sí podemos afirmar que no va a haber financiamiento indefinido para esta política fiscal populista. Puesto de otra forma, es cierto que el Gobierno quitó el cepo cambiario, eliminó los controles de precios y se respira un aire de menores regulaciones, pero en lo fiscal no se observan cambios contundentes. Por otro lado, como siempre sostengo, es preferible endeudarse para bajar el gasto público, mejorar rápidamente el flanco fiscal y despejar el horizonte de dudas que hay respecto a ese punto, que continuar endeudándose para cubrir el déficit fiscal.

Considerando que los números fiscales no tienden a cerrar, el argumento que si se hace otra cosa los opositores le prenden fuego al país es ridículo, porque uno podría decir que es cambiar un incendio de la oposición por el incendio que puede producirse si se corta el financiamiento externo para cubrir unas cuentas públicas que no tienden a cerrar sino que tienden a ampliar la brecha fiscal.

Justamente, el presidente Mauricio Macri acaba de iniciar un viaje para, entre otras cosas, tratar de captar inversiones. Pasamos de la lluvia de inversiones a la danza de la lluvia de Les Luthiers. La realidad es que no hace falta hacer ningún viaje. Los inversores en el exterior saben muy bien la situación económica y política del país. Afuera también hay internet y se sabe que las cuentas fiscales no cierran.

El inversor externo y el local saben que ya no existen las locuras de Moreno, las torpezas de Kicillof o las arbitrariedades de Cristina Fernández. Pero esas son condiciones necesarias pero no suficientes para invertir en Argentina. Porque los inversores miran y saben que la presión impositiva es la misma, la legislación laboral es similar y la inconsistencia fiscal sigue estando presente.

En síntesis, nadie pide cambiar 70 años de decadencia en dos años de gobierno de Cambiemos. Lo que se pide es que el Gobierno tome conciencia que este ritmo de gradualismo no lleva a buen puerto.