Se trata de una presentación hecha por bonistas que habían participado de los canjes de deuda de 2005 y de 2010 y que reclaman por los intereses que no pudieron cobrar durante los años en los que el juez Thomas Griesa había trabado todos los pagos del país al exterior.

Entre 2014 y 2016, el Gobierno no pudo girar al exterior el pago de los intereses de una cantidad de bonos reestructurados, porque el juez Griesa solo habilitaba al país a hacerlo si al mismo tiempo les pagaba a los holdouts. En ese entonces, la gestión kirchnerista decidió ir depositando los pagos en un fideicomiso en el país. Los bonistas que lo deseaban podían cobrar sus cupones, pero localmente.

Cuando se resolvió el default y se levantó la cautelar, en mayo de 2016, el dinero del fideicomiso se distribuyó entre los bonistas. Sin embargo, muchos de ellos reclaman ahora una suerte de resarcimiento por los dos años en los que no se pudieron hacer del dinero.

Para Sebastián Maril, analista de Research For Traders, la demanda podría resultar un gran dolor de cabeza si llega a ser considerada por la jueza, Loretta Preska. "El prospecto de los bonos contempla esta penalización si la Argentina no llega a pagar en forma", explica. Además, señala, existe un antecedente, que es una carta que el fondo del magnate George Soros envió al gobierno argentino en abril de 2016 para reclamar el pago. "Lo preocupante es que cualquiera que haya tenido estos bonos puede ingresar a la acción de clase. Hay unos US$3500 millones".