"Hemos hecho un enorme esfuerzo para acordar en las negociaciones con la República junto con el mediador Pollack y nuestros representantes en la Argentina. La República mantiene que la nueva ley cerrojo no les permite mejorar la oferta en nuestro caso. También le ofrecimos a la República aceptar la oferta del pari passu, pero la República lo rechazó porque la nueva ley cerrojo lo prohíbe", señalaron en la carta.

Por lo tanto, le solicitaron a la magistrada que haga respetar al Gobierno los fallos y les pague.

El abogado de la familia, Pablo Giancaterino, dijo a LA NACION que "se trata de gente que compró los bonos antes del default, son tenedores originales y tienen un familiar discapacitado a cargo de otras personas".

"Hicimos todas las presentaciones correspondientes, pero el Ministerio de Finanzas nos dice que no se pueden hacer excepciones, pese a que la Corte Suprema reconoció en 2011 el pago completo a una persona enferma, con bonos de Nueva York", explicó el abogado.

En este caso, la sentencia original ordena el pago de US$200.000 y la oferta oficial ronda los US$150.000.

"Al final del día la Argentina va a tener que pagar si la Justicia de Nueva York, como ya lo hizo en otros casos, se lo ordena", señaló Giancaterino.

Sin embargo, en el Ministerio de Finanzas explicaron a LA NACION que no hay posibilidades legales de hacer una excepción sin violar la ley votada por el Congreso en 2016. Además, indicaron que para los bonistas sería conveniente aceptar los términos de la oferta, porque "hoy esa propuesta vale 180.000 dólares".

"Es la mejor oferta que pueden tener", indicó una fuente.

La cartera que conduce Luis Caputo trabaja en tres frentes simultáneos para cerrar los US$1000 millones que siguen en default (de los cuales cerca de la mitad, como suele ocurrir en todos los canjes de la deuda, nunca se presentó a reclamar).

Por un lado están los reclamos de los bonistas con ley de Nueva York -concentrados en tres fondos de inversión y algunos minoristas-, con US$140 millones; por otro, bonistas japoneses y alemanes con bonos físicos -que complican el canje porque ya los bancos internacionales no los aceptan- por unos 195 millones de dólares. Y el tercer grupo son los bonistas bajo ley nacional, con unos US$90 millones, cuya propuesta están discutiendo entre Finanzas y la Procuración del Tesoro.