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Por
Elizabeth Peger - Mientras sigue de cerca las negociaciones de cada provincia
con los gremios docentes, con la inquietud de que no está garantizado el normal
inicio de las clases en la mayor parte del país, el Gobierno decidió echar mano
al grupo de gremios dialoguistas de la CGT para tratar de consolidar su
estrategia en la presente ronda de paritarias. Con ese propósito, desde los
próximos días y hasta antes de final de marzo, apuesta a anunciar con bombos y
platillos el cierre de un conjunto de paritarias de actividades clave del
sector privado con incrementos del 15% y la incorporación de cláusulas de
revisión por inflación.
Esa
ingeniería, muy similar a la que supo consagrar la administración de Cristina
Fernández durante su gestión para marcar el ritmo de las negociaciones
salariales de cada año, ya se puso en marcha días atrás con el acuerdo sellado
por el gremio de Obras Sanitarias, que lidera el dirigente José Luis Lingeri
del sector de independientes de la CGT, en los términos pretendidos por la Casa
Rosada. En las próximas semanas la apuesta oficial se concentrará en la
definición de los convenios en Comercio, construcción, Luz y Fuerza, petroleros
y transporte de pasajeros, como ferroviarios y los colectiveros de la UTA.
De
ese lote, la paritaria de los empleados de Comercio, la más numerosa porque
involucra a más de 1,2 millón de trabajadores, aparece como la discusión más
avanzada. El gremio del sector, que comanda Armando Cavalieri, y las cámaras
empresarias de la actividad (CAC y Came) firmaron en enero último un incremento
de 6% adicional al acuerdo de 2017 (por la cláusula de revisión por inflación)
e inmediatamente avanzaron en la negociación de este año. En esa línea,
consensuaron informalmente una suba de 15% en dos tramos (abril y septiembre) y
repetir el esquema de revisión del año pasado. "Esta todo cerrado, en
cuestión de días se estará haciendo el anuncio", confiaron a este diario
voceros de la negociación en Comercio.
Similar
escenario se observa en la discusión en la industria de la construcción, entre
la cámara empresaria sectorial y el gremio de la Uocra, que encabeza Gerardo
Martínez. En ese caso, la negociación abarca dos ejercicios paralelos: por una
parte, la aplicación de la cláusula de revisión establecida en el entendimiento
de 2017 (se estima un aumento adicional en torno al 4% sobre la suba inicial de
21%) y, por otro, la forma en que se instrumentará la suba de 15% para este
año. "Lo que estoy cerrando es igual a lo que habíamos pactado en 2017.
Nunca puse cláusula gatillo. Lo que sí figura es la sensatez de que si esto
firmado como base no se da, dentro de 5 o 6 meses nos volvemos a reunir y
actualizamos los valores sobre la base del costo de vida", explicó el sindicalista
en referencia a los términos de la negociación en su actividad.
El
cronograma que prevén en el Ejecutivo incluye, también en el corto plazo, la
definición de otros convenios relevantes que ya están en plena discusión, como
el caso de Luz y Fuerza, los gremios petroleros, la UTA de Roberto Fernández y
los gremios del sector ferroviario (La Fraternidad, la Unión Ferroviaria y
señaleros).
De
esa manera la Casa Rosada cree poder condicionar las discusiones con los
sectores sindicales más combativos, como el caso de los bancarios (ya en
conflicto en reclamo de una suba de 20% con cláusula gatillo), aceiteros,
telefónicos, alimentación y los propios Camioneros de Hugo Moyano. "Están
todos haciendo fila para ir a firmar el 15%, pero nosotros de ninguna manera vamos
a suscribir eso", advirtió un referente del sindicalismo crítico ante El
Cronista.
El
objetivo oficial también apunta a contener la presión con los gremios de
docentes y estatales, en plena discusión en la mayoría de las provincias.
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