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El
expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain fue
detenido ayer por orden del juez federal Luis Rodríguez en una de las causas de
Río Turbio en la que se investigan presuntas irregularidades en una obra para
Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Lascurain se entregó en los
tribunales federales de Comodoro Py antes de que el juez Rodríguez emitiera una
orden en tal sentido.
Según
consta en el expediente judicial, se debían destinar $500 millones para un
proyecto de remodelación de una avenida entre el yacimiento y la localidad de
Río Turbio, que nunca se realizó. La obra había sido adjudicada a la firma
Fainser SA, presidida por Lascurain y cuya apoderada es Romina Mercado, hija de
la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner. Lascurain fue uno de los
dirigentes industriales que más apoyaron al kirchnerismo.
La
denuncia por esta obra había sido radicada por el interventor en YCRT, Omar
Zeidán.
Según
la Justicia, la obra en cuestión es un trazado de 7 kilómetros para readecuar
la "Avenida de los Mineros" en Río Turbio. Por esa misma
investigación también fue detenido anteayer el intendente de esa ciudad y
exinterventor en YCRT Atanasio Pérez Osuna, y se hizo un pedido en similar
sentido para el diputado provincial kirchnerista y exintendente de esa
localidad Matías Mazzú.
Una
investigación interna de YCRT detectó que durante noviembre y diciembre de 2015
la empresa Fainser, vinculada al empresario Juan Carlos Lascurain, cobró $50
millones por una obra que no inició; la empresa recibió tres cheques de YCRT y
el último de $15 millones fue el 9 de diciembre de 2015, el último día del
gobierno de Cristina Kirchner.
La
auditoría interna realizada Zeidán derivó en una denuncia penal el año pasado,
donde se intenta determinar qué pasó con una obra que iba a readecuar una
avenida en Río Turbio para la cual se presupuestaron casi $500 millones, de los
cuales la empresa estatal dedicada a la minería pagó $50 millones a la empresa
contratada a tal efecto, pese a que la obra nunca se concretó.
Lascurain
presidió la UIA entre 2008 y 2010, durante el primer gobierno de Cristina
Kirchner.
Consultados
por LA NACION, el presidente y el vocal de la entidad fabril,
Miguel Acevedo y José Urtubey, respectivamente, dijeron: "Recibimos la
noticia como todos, no tenemos ni idea de la causa. Es uno de los miembros del
comité y presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la
República Argentina (Adimra), una de las cámaras más importantes que tiene la
UIA. Tenemos que ver qué pasó. Nos sorprende a todos".
Hace
dos años, al designar a Zeidán a través del decreto 257/16, el presidente
Mauricio Macri también ordenó que la Sindicatura General de la Nación realizara
una auditoría integral del yacimiento de carbón sobre lo ocurrido en la gestión
kirchnerista. Como resultado, se formularon cuatro denuncias penales. Por su
parte, Zeidán llevó adelante una auditoría interna que desencadenó otras diez denuncias
penales. La que dejó detenido ayer a Lascurain está dentro de este último
paquete.
Según
la causa, YCRT firmó en junio de 2015 un "convenio específico de
asistencia financiera" con el municipio en ese momento a cargo de Mazzú
para readecuar una avenida. La obra fue adjudicada a Fainser por un monto de
$494.235.200. El municipio debía aportar el certificado de obra a partir de los
avances para que YCRT efectuara los pagos.
Sin
embargo, la obra programada nunca comenzó a ejecutarse. Según la causa, a la
que accedió LA NACION, dos de las órdenes de pago de YCRT se
realizaron con fecha 30/11/2015 y la última, el 9/12/15, bajo los números
14.119, 14.120 y 14.223 por $25 millones, $10 millones y $15 millones,
respectivamente.
Esos
mandatos de pago registran como antecedentes las facturas B expedidas por las
firma Fainser SA, de tres números consecutivos Nº 00000008, Nº 00000009 y Nº
00000010, mientras que constan los recibos del cobro suministrados por Fainser
firmados por Ricardo Rojas mediante los cuales se acredita la recepción de los
fondos, a través del recibo 00002917, por $35 millones, y el recibo 00002931,
por $15 millones.
Anoche,
el gobierno de Alicia Kirchner defendió enfáticamente a los exfuncionarios
implicados.
Con
la colaboración de Mariela Arias, corresponsal en Santa Cruz
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