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| Hacienda proyecta la disolución del INDEC |
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26/03 - 08:35 Ambito Financiero |
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Por Liliana Franco - Un proyecto elaborado por el Ministerio de Hacienda
contempla la reformulación del sistema estadístico nacional, prevé la
disolución del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y la
creación del "Consejo Nacional de Información Estadística", presidido
por el Secretario de Política Económica. La iniciativa, a la que tuvo acceso
Ámbito Financiero, cuenta con 77 artículos y se contrapone con otra elaborada
por la actual conducción del INDEC y que apunta al fortalecimiento de este
organismo.
En el Ministerio de Hacienda, a cargo de Nicolás Dujovne, se elaboró un
proyecto de ley por el cual se deroga le ley 17.622 - que creó el
INDEC - y se dispone la transferencia del personal de este instituto a la
órbita de uno nuevo, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) "con
la condición que el citado personal cumpla los requisitos del nuevo
organismo". Asimismo, contempla la transferencia al INE de la totalidad de
los bienes, presupuesto, activos y patrimonio del INDEC.
El esquema diseñado por Hacienda, propone, en su primer artículo, la creación
del Sistema Estadístico Nacional, integrado por el Consejo Nacional
de Información Estadística y el Instituto Nacional de Estadísticas.
Asimismo, participarán los organismos del sector público nacional,
sector público nacional financiero y sector público provincial y municipal.
El proyecto establece que el Consejo Nacional de Información Estadística sea un
organismo descentralizado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, entidad
con personería jurídica propia, independencia funcional y autonomía financiera.
Le corresponderá a este Consejo dictar anualmente el Plan Estadístico
Nacional, "estableciendo los productos estadísticos a generar,
metodologías y formas de diseminación" (artículo 32).
En cambio, para el nuevo INE (el reemplazo del INDEC) se
establece un rol fundamentalmente ejecutor ya que tendrá como funciones
"recolectar datos estadísticos mediante el uso de encuestas, datos de
registro y otros", "elaborar indicadores sociales y económicos",
"producir las cuentas nacionales, cuentas internacionales, cuentas
satélite y análisis laborales", entre otras.
Será conducido por un director y un director técnico, ambos elegidos por
concurso de antecedentes y oposición. Durarán en sus cargos cinco años,
con opción a una única renovación.
En lo que surge claramente como una intención de profesionalizar al organismo,
el proyecto establece que "el 65% de los agentes del INE, cualquiera
sea su modalidad de contratación, deberá poseer título universitario específico
a las funciones que desempeñen". De aplicarse este requisito, se indica en
medios gremiales, numerosos empleados del INDEC se verían afectados.
El encargado de definir el plan estadístico, es decir el Consejo Nacional de
Información Estadística, estará conformado por nueve miembros (artículo
61): el secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda
(actualmente a cargo de Sebastián Galiani) -que oficiará como presidente -,
representantes de los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social, Banco Central,
Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (a propuesta de los integrantes de
las provincias), universidades públicas (nombrado por el Consejo
Interuniversitario Nacional), por la Academia Nacional de Ciencias Económicas y
los directores de Metodologías y Planificación de este consejo.
En cambio, el director del instituto a crearse en reemplazo del INDEC,
participará "con voz pero sin voto".
En las condiciones de funcionamiento del Consejo que proyectará el plan
estadístico se propone que su directorio sesionará con un quórum de cuatro
miembros y adoptará sus decisiones por mayoría absoluta de los presentes. En
caso de empate, el presidente, es decir el secretario de Política
Económica, tendrá doble voto.
• La propuesta del INDEC
Por su parte, la conducción del INDEC elaboró un anteproyecto de ley
orgánica del sistema estadístico en respuesta a un pedido a la Presidencia, que
fue presentado recientemente a la Jefatura de Ministros.
A diferencia de la iniciativa de Hacienda que, como se señaló, determina para
el Instituto un rol meramente ejecutor, esta propuesta apunta a concentrar
y fortalecer al INDEC como rector del sistema estadístico.
En tal sentido, el primer artículo de la iniciativa establece que "Las
actividades estadísticas oficiales nacionales y la realización de los censos
que se efectúen en el territorio de la Nación se regirán por la presente Ley
Orgánica y por las disposiciones reglamentarias emanadas del Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos, que crea la presente, con carácter de ente
autárquico, personería jurídica y patrimonio propio, y dependiente del Poder
Ejecutivo Nacional".
En el artículo cuarto del proyecto se hace referencia a las facultades del
INDEC señalando que tendrá a su cargo "dictar las normas reglamentarias de
la presente ley que resulten necesarias para el cumplimiento de sus fines y de
acuerdo con los principios programáticos que la inspiran", como así
también "establecer pautas, definiciones y clasificaciones homogéneas que
permitan garantizar la comparabilidad de la información estadística oficial y
dictar las normas regulatorias que rigen la elaboración y difusión de
estadísticas en todo el territorio de la Nación".
En esta iniciativa, el gobierno del INDEC está a cargo de un presidente y
un vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado
de la Nación por un período de cinco años, pudiendo ser designados
nuevamente.
Se dispone asimismo, que para la remoción del presidente y el vicepresidente el
Poder Ejecutivo deberá tener previo acuerdo del Senado.
La última palabra es de suponer que la tendrá Jefatura de Ministros, según se
señala en la Casa Rosada.
• Sospechas y discusiones
A lo largo de la historia, las estadísticas elaboradas por el INDEC fueron
motivo de sospechas y debates. Uno de los antecedentes en este sentido, se
remonta hacia el año 1979, cuando el gobierno militar no encontraba la forma de
bajar la inflación. Como uno de los rubros que más incidía en la conformación
del índice de precios era la carne vacuna, el entonces ministro de
Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, no tuvo mejor idea que elaborar el
llamado índice "descarnado", es decir una medición del costo de
vida en la que se excluyó a las carnes rojas y sus derivados. De esta
forma, en los primeros ocho meses de 1979 la inflación "descarnada"
acumuló 85%, diez puntos menos que el índice tradicional. Lo insólito fue que
el INDEC siguió publicando ambos índices de medición de precios.
Otro antecedente se encuentra en la gestión ministerial de Roberto Lavagna cuando
hacia 2004 el entonces comandante del Palacio de Hacienda decidió utilizar
cálculos alternativos para demostrar que la cantidad de pobres era inferior a
la que resultaba del cálculo del INDEC. Tiempo después, hacia mediados de 2005,
consideró datos del Banco Mundial para señalar que se había roto la tendencia
al aumento de la brecha entre ricos y pobres, a contramano de los datos
elaborados por el INDEC.
Pero sin dudas, las mayores polémicas se dieron a partir del año 2007, cuando
el entonces Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, comenzó a tener
injerencia en el INDEC. Los índices de precios y la medición de pobreza fueron
los más cuestionados. En el caso de la inflación, a partir de 2010 y durante
años el organismo oficial informó una variación del orden del 10% cuando las
consultoras privadas estimaban aumentos que cómodamente duplicaban esta
variación. En cuanto a la pobreza, las mediciones fueron tan bajas que llevaron
al ex jefe de ministros Aníbal Fernández a afirmar, a mediados de
2015, que "la pobreza en Argentina es menor que en Alemania".
Con la asunción del gobierno de Cambiemos, la administración de Mauricio
Macri hizo de la transparencia en la información una de sus banderas. No
por casualidad puso al frente del organismo a Jorge Todesca - un
economista proveniente de las filas del peronismo - cuya consultora, Finsoport
S.A., fue sancionada por Moreno en virtud de la forma en que calculaban
los precios.
En marzo de 2011, junto con otras consultoras, Moreno aplicó a esta consultora
una multa de medio millón de pesos por no informar sobre la metodología que
utilizaba para las mediciones de inflación. En aquel entonces, Todesca calificó
de "autoritaria" a la sanción y llevó el tema a la Justicia. Luego de
dos años de trámites judiciales, las multas fueron dejadas sin efecto y Moreno
fue procesado por abuso de autoridad.
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