El acuerdo tendría tres beneficios. Primero, mejoraría el acceso al mercado europeo, un mercado de altos salarios y elevados estándares institucionales que representa 17% del PBI y 30% de las importaciones globales.

Segundo, significaría una mejora institucional para nuestro bloque y un aumento de la previsibilidad de nuestras economías. En tercer lugar, y más importante, el acuerdo fomentaría la atracción de inversión extranjera directa. La Unión Europea es el primer emisor de inversión extranjera directa del mundo, con más de un tercio del total; y el principal inversor en la Argentina, con un stock de más de US$35.000 millones o 45% del total en el país. Las empresas europeas tienen una larga tradición en nuestro país en prácticamente todos los rubros, incluyendo la provisión de servicios de alto valor agregado, servicios financieros, comercio, la industria automotriz, minería, pesca y la producción de alimentos.

Los tres beneficios (acceso a mercados, institucionalidad e inversiones) están relacionados y se potencian entre sí. Muchas veces, los flujos comerciales entre dos bloques son consecuencia de que hay más integración productiva por los flujos de inversiones entre ellos. Este encadenamiento productivo exige un marco institucional que garantice que las empresas puedan acceder a insumos a precios competitivos para transformarlos y, a su vez, tengan abiertos los mercados para colocar sus productos; esto es justamente lo que aseguraría el acuerdo y es especialmente importante para inversiones ligadas con cadenas globales de valor. Además, la evidencia lo confirma: las inversiones europeas a Egipto, Marruecos, Sudáfrica e Israel aumentaron fuertemente en los años sucesivos a la firma de sus acuerdos con la Unión Europea.

El acuerdo es ambicioso, pero tiene en cuenta la realidad argentina y los plazos necesarios para avanzar en la transformación económica que estamos promoviendo desde el gobierno nacional. Esta transformación se basa en el ordenamiento macroeconómico paulatino, donde ya hay claros senderos de reducción del déficit fiscal y de la inflación. Y en un trabajo sostenido para aumentar la competitividad sistémica de la economía, fundamentalmente a través de la reducción de impuestos, la baja de costos logísticos, el aumento del financiamiento, la simplificación administrativa y la inserción internacional.

El acuerdo es igualmente gradual y paulatino; se prevé una transición de hasta quince años que el sector privado deberá aprovechar para adaptarse a los estándares internacionales: para mejorar la calidad, ampliar la escala y ganar clientes. Y el sector público deberá, asimismo, seguir avanzando en las reformas que hacen a la competitividad sistémica de nuestra economía.

Estamos frente a un paso histórico. La economía crece sobre bases sólidas y avanzan los cambios de fondo: crecen la inversión, las exportaciones y el empleo; bajan la inflación y el déficit fiscal; mejora la logística y aumenta el crédito. Sabemos que falta mucho, pero estamos en el camino correcto. Cerrar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea sería un gran impulso adicional en ese rumbo que nos lleva hacia un país cada vez más desarrollado, con cada vez más oportunidades y menos pobreza.

El autor es secretario de Comercio de la Nación