Uno de los artículos de la norma que busca darles el título de propiedad a los actuales ocupantes de esos inmuebles específica que el financiamiento será compartido entre la Nación, las provincias y los municipios. E incluso, los beneficiarios tendrán que pagar en parte los terrenos que recibirán.

"Lo vamos a discutir, pero queremos que cada uno se haga cargo de una parte", explicó una de las personas que trabajó en el proyecto que busca declarar de "utilidad pública y sujetas a expropiación" estas viviendas que, en su gran mayoría, no cuentan con título de propiedad y carecen de servicios básicos.

Además, desde el Gobierno advirtieron que los terrenos que se expropien "no se regalarán". Se implementarán "mecanismos accesibles" para que las familias beneficiadas -en total viven en los 4228 barrios populares unas 3.500.000 personas- compren la tierra.

El dato no es menor, ya que de la totalidad de barrios ocupados o tomados, el 61% pertenecen a propietarios particulares, el 7% son provinciales, el 13% son de los municipios y otro 13% no tienen información catastral que permita determinar a sus dueños. En el Gobierno aún nadie quiere hablar de cifras.

Mientras tanto, diputados de distintos bloques de la oposición se mostraron ayer a favor del proyecto del Gobierno, lo que le augura a la iniciativa un recorrido sin complicaciones en el Congreso. La propuesta será formalizada hoy con un proyecto que llevará las firmas de los diputados Mario Negri , jefe del bloque radical y del interbloque de Cambiemos ; Nicolás Massot , presidente de la bancada de Pro, y Elisa Carrió , jefa de la Coalición Cívica (CC).

Ante la consulta de LA NACION, los diputados Daniel Arroyo (Frente Renovador), Leonardo Grosso (Movimiento Evita) y Juan Cabandié (Frente para la Victoria) elogiaron la idea en general. Pidieron, de todos modos, esperar para conocer los detalles de la iniciativa.

"Este proceso tiene que ver con una transformación más profunda para estas familias, que viven en las villas en un estado de vulnerabilidad, porque es un paso a la integración real y definitiva, se trata de la posibilidad concreta de acceder a los servicios de agua, luz, asfalto, salud?, a un domicilio", dijo ayer la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, en declaraciones radiales.

Y agregó: "Es mucho más profundo que la obra de infraestructura en sí, tiene que ver con derechos muy básicos que tenemos todas las personas y que el Presidente quiere que tengamos todos".

Si bien cerca de Stanley, a cargo del relevamiento, anticiparon que el proceso llevará "muchos años", la meta que se fijó su equipo es que para fin del año próximo estén firmados todos los convenios con las provincias y los municipios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). La urbanización de los barrios populares llevará más de una década, admitieron fuentes oficiales.

La aprobación de la ley es el paso fundamental para poder otorgar los certificados de vivienda, lo que le permitirá a las familias acreditar un domicilio. En una segunda etapa se les otorgará un título de propiedad sobre esa vivienda.

La negociación estará en manos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), a cargo de Ramón Lanús. El organismo deberá individualizar los inmuebles a expropiar, realizar las tasaciones e iniciar los juicios de expropiación.

Durante el trabajo, que duró un año y medio, también participaron organizaciones sociales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), cuya cara visible es Juan Grabois; Barrios de Pie, Techo y Cáritas Argentina.

Ayer, desde las organizaciones sociales anunciaron que acompañarán y empujarán la sanción de la ley, pero también hubo quejas. Grabois fue claro: "Sin presupuesto no se puede llevar adelante, no se puede avanzar". Aunque aclaró que se trata de "una ley extraordinariamente importante porque establece una solución masiva para el problema de los asentamientos" (ver aparte).

Como adelantó ayer LA NACION, el proyecto de ley será el primer paso para urbanizar asentamientos en los que viven cerca de 3.500.000 personas. La medida abarca los hogares que integran el Renabap, que presentan graves deficiencias de infraestructura. El objetivo es declarar de "utilidad pública y sujetas a expropiación" estas viviendas que, en su gran mayoría, carecen de servicios básicos.

Con la colaboración de Gabriel Sued