El Gobierno modificó así el artículo 74 del Presupuesto que iguala a los PPP a la la ley de Obligaciones negociables y lo equipara al artículo 36 de esa norma que determina la exención del impuesto a las Ganancias y del impuesto a los beneficios eventuales. Los contratos de Participación publica privada (PPP) constituyen una herramienta para asegurar las inversiones necesarias para el Gobierno. Paralelamente, otro decreto del Poder Ejecutivo, el 299, incluyó el "arbitraje con prórroga de jurisdicción como mecanismo de solución de controversias", lo que permitirá que "en caso de que el adjudicatario tenga accionistas extranjeros, pueda concurrir a tribunales arbitrales extranjeros con sede en un Estado que sea parte en la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958), si fuese necesario.