Durante el año pasado, unas 250.000
pequeñas y medianas empresas recibieron pedidos de embargos de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Los números no son de una
entidad empresaria, sino del propio Gobierno, del Ministerio de la Producción.
Con esos datos, Marcelo Fernández, titular de la Confederación General
Empresaria de la República Argentina (CGERA) se fue corriendo a ver al
administrador Federal de Ingresos Públicos, Leandro Cuccioli.
El encuentro se llevó a cabo en el despacho del funcionario y allí el
empresario le describió el penoso panorama que están soportando muchas empresas
pequeñas. Incluso él mismo Fernández esta directamente afectado. Su fábrica de
cierres Lynsa, cada vez tiene más problemas para colocar sus productos en el
mercado local, donde las textiles están de capa caída hace ya un par de años.
Entre la contracción del consumo interno, el contrabando y el incremento de las
importaciones, las empresas que se dedican a la confección de ropa y a los
hilados, están agotadas.
Fernandez le reclamo a Cuccioli que le habilite una moratoria especial para
pymes, una cuestión que pinta como poco viable en el actual contexto.
La solicitud en realidad, consta de un perdido de suspensión de los embargos
judiciales, en caso de que se tramite la moratoria. También reclaman aumento de
plazos en las cuotas vigentes, que se incremente la cantidad de planes de pago
que puede tener una empresa por vez, y la reducción del interés del
financiamiento.
"Este escenario impone la necesidad de avanzar sobre un plan de
facilidades. Las pyme argentinas tengan un respiro", afirmó Fernández.
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