Empezar a tocar las facturas alcanzadas por la tarifa social no es algo que les resulte cómodo a las provincias: varias de ellas tienen a cerca de un quinto de la red bajo el plan. San Juan, por ejemplo, tiene el 26% de su red bajo el sistema de tarifa social, mientras que en Santa Fe ese número es del 17 por ciento.

La insistencia del Gobierno en continuar con los aumentos se basa en un número que circula siempre que surge la cuestión tarifaria: 30%. Es lo que estiman desde el oficialismo como la proporción promedio de la boleta que corresponde a carga tributaria, y por lo tanto corresponde que las provincias compartan en parte el esfuerzo de recomponer los costos. Por ejemplo, en Buenos Aires hay dos impuestos que suman 15,5% en la factura de luz.

Alternativas provinciales

Del otro lado de la mesa se espera que Aranguren no encuentre solo críticas, sino también alternativas. Entre ellas, un posibilidad que se baraja es la nacionalización de la experiencia mediterránea con el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) ordenando a las distribuidoras de gas que dejen de facturar en sus boletas las tasas que cobran los municipios del país.

El problema principal con esa sugerencia es la pérdida importante de recaudación impositiva que eso implica, tanto para los municipios como para las provincias y para el Estado nacional, ya que el aumento de tarifas no fue acompañado con una merma del componente de impuestos que tiene el precio.