Cualquier triunfalismo sería de mal gusto. Dar por terminada la crisis cambiaria, una imprudencia. Y tomar una modesta emisión de Botes como señal de que hay financiamiento, temerario. Pero lo peor sería que el equipo económico vuelva a equivocar el diagnóstico. Amplificada por errores locales, la corrida cambiaria reflejó el escepticismo de los mercados de que la Argentina pueda seguir financiando un déficit de 6% del PBI y los vencimientos con deuda externa, y manteniendo un tipo de cambio atrasado.

No fue solo una crisis cambiaria, ni solo -aunque la hubo- pérdida de credibilidad de la política monetaria. Se acabó el mito oficial de que la deuda pública es baja juzgada por la relación deuda/PBI. Quedó claro que lo que importa son las necesidades anuales de fondos, y la Argentina viene pidiendo un 10% del PBI todos los años.

El presidente Macri acertó al centrar el diagnóstico en el déficit y el gasto. Porque la política fiscal perdió más credibilidad que la monetaria. Las metas fiscales se cambiaron tres veces. Por el decreto antinepotismo debían irse 40 funcionarios y se fueron apenas 12. La baja del gasto político de $1500 millones se ejecutó en solo un 30%. Hubo miles de nuevos nombramientos en el Estado. Y frente a la corrida se ofreció una mezquina baja del déficit de US$2000 millones.

Un menor gasto de la política debe dar el ejemplo moral inicial. Ningún funcionario debe ganar más que el Presidente. En Australia hubo un escándalo cuando se descubrió que el jefe del correo ganaba diez veces lo que el primer ministro. Hay que discontinuar todos los regímenes jubilatorios de privilegio, reducir los directorios de las empresas públicas al mínimo regulatoriamente necesario y ralear la cohorte de asesores. Es indispensable congelar todas las vacantes del sector público, con efecto retroactivo al 31 de diciembre pasado. La disminución natural del sobreempleo público por jubilaciones, fallecimientos, renuncias, etc., es superior al 6% anual. De haberse implementado a fines de 2015, ya se habría reducido 15%.

El déficit primario de 2018 debe bajar a 1,5% del PBI, y a cero en 2019, para llegar a un déficit total -con intereses- cero en 2020. Y tiene que ser vía menor gasto improductivo. Exhibir resultados de mayor recaudación por más inflación es impresentable.

No importa si el FMI pide estos ajustes o no. La iniciativa la debe tomar la Argentina, con un nuevo plan financiero que reduzca fuertemente el financiamiento y la asistencia del Banco Central. Y en vez de comprar divisas al Tesoro, el aumento de las reservas debe basarse en convenios con otros bancos centrales y organismos internacionales y en acuerdos de repo con los mercados. Todas las reservas son, en definitiva, prestadas, y esos convenios y acuerdos darán más estabilidad y plazo que el que tienen las reservas adquiridas con Lebac a 30 días.

Finalmente, los ministros de Hacienda y Finanzas no pueden estar en el cuarto escalón. Deben tener acceso directo al Presidente. Y este debe nombrar un consejo económico asesor de profesionales de excelencia, con experiencia y no ligados a la política.

Para una economía menos frágil, no basta con bajar la inflación. También hay que eliminar el déficit, atacando el gasto improductivo. La deuda pública ya es alta para un adicto como la Argentina. Nuestros socios internacionales nos apoyan para liderar la salida del populismo. Pero los recursos del FMI servirían para menos de un año. ¿Y luego? Los mercados han dicho que no financiarán los desequilibrios que genera la inacción fiscal.