De esa cifra, 4,5 millones están en negro y 2 millones son independientes, según cifras oficiales.

La meta fue confirmada por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, al ser consultado por iProfesional en el marco de una charla organizada por la Universidad Di Tella, donde ratificó su intención de que el Congreso avance en el debate del proyecto.

"La expectativa es que haya entre 200.000 y 300.000 beneficiarios de esta medida. Esperamos que sea en el primer año, así estaríamos incorporando a casi el 5% de los asalariados no registrados", anticipó Triaca.

La cifra está lejos del millón de personas que se había propuesto la cartera laboral el año pasado, pero igualmente representa un desafío para el ministro, que busca avanzar con su plan para combatir la informalidad y luchar contra la evasión laboral, junto con la modificación del marco normativo de las relaciones laborales.

El proyecto incluye una reducción de la indemnización por despido, el fondo de cese laboral y otros cambios importantes.

Por estas horas, la reforma enfrenta obstáculos en varios frentes. Uno de los principales es la falta de entusiasmo del empresariado.

En el sector privado, reconocen que hay un amplio "perdón" por deudas e infracciones y que, de ese modo, se reducirá la litigiosidad, pero advierten que aun así muchas empresas verán un incremento en sus costos si se suman al régimen legal, en medio del aumento de tarifas, la inflación y un deterioro de la actividad. 

Las compañías calculan que si por un empleado una firma paga un salario de $20.000 en negro, esa cifra se duplica al pasar a registrar al trabajador, ya que la misma debe realizar contribuciones por un valor similar al de la remuneración. 

"Se incluye perdón sobre todo lo que uno pueda imaginar, pero faltanincentivos: si una Pyme tiene que pasar a alguien en blanco no le dan los costos", advirtió a iProfesional el abogado de empresa Julián de Diego.

Pero algunos de los cambios también generan cortocircuitos con la CGT. Los triunviros Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña acordaron con el jefe del bloque justicialista del Senado, Miguel Pichetto, respaldar el "blanqueo", pero se opusieron a la rebaja de las indemnizaciones.

La principal resistencia se aloja en los gremios duros encabezados por Pablo Moyano. En medio de 800 cesantías en Cresta Roja, el camionero advirtió que "la baja de las indemnizaciones va a traer una ola de despidos" y que su espacio "va a salir a la calle", como lo hizo en diciembre pasado contra la reforma jubilatoria. 

Las tensiones resurgen en plena puja por la renovación de la conducción de Azopardo, en la que buscan hacer pie con una fórmula conjunta Pablo Moyano y el bancario Sergio Palazzo. 

Por otra parte, el acercamiento de Mauricio Macri al Fondo Monetario también sumó ruido. El organismo había recomendado en diciembre pasado hacer modificaciones a la legislación laboral, indemnizaciones, convenios colectivos, contribuciones patronales y jubilaciones, similares a los que el Gobierno propone.

Pero Triaca niega que el organismo haya planteado exigencias en materia laboral. En los últimos días, el funcionario mantuvo un fuerte cruce al reclamarle a los sindicalistas que "lean el proyecto de ley del que ellos mismos participaron". 

Lo hizo en alusión al hermano menor de la familia, "Huguito" Moyano, quien fue parte de la redacción del texto presentado en diciembre, pero que finalmente fue boicoteado por la familia sindicalista.

En vistas a una mayor conflictividad por la devaluación y la "aceleración" del ajuste impulsada por el Gobierno, el ministro de Trabajo inició un acercamiento con el ala dialoguista de la central obrera y, en paralelo, con el gastronómico Luis Barrionuevo.

La intención es obtener respaldo para las gestiones con el FMI y desactivar una eventual huelga de la CGT. Esto, en un contexto en el que Moyano y Palazzo vienen de protagonizar un acto contra el Fondo.

Nuevo régimen
Con el fin declarado de incentivar la formalización, el proyecto oficial condona deudas por aportes y contribuciones patronales, multas por infracciones y la extinción de acciones penales para los empleadores que regularicen la situación de los trabajadores dentro del primer año (360 días) desde la vigencia de la reglamentación de la ley.

La exención pasará a ser del 100% si el traspaso se realiza en los primeros seis meses (180 días). 

Asimismo se fija un límite de hasta cinco años de aportes hacia atrás que el Estado le reconocerá al trabajador sobre la base del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que hoy es de $9.500 y en julio será de $10.000.

Los años no declarados no computarán para el cálculo de la jubilación ni de la indemnización, y para ser "blanqueado" el trabajador deberá renunciar a efectuar reclamos judiciales por los años sin aporte. A su vez, las indemnizaciones por falta de registración o registración irregular ya no beneficiarán al trabajador sino a la ANSES.

La regularización del empleo informal además contribuirá a incrementar la recaudación del Estado con nuevos aportes y contribuciones.

Una vez registrado, el trabajador pasará a percibir el salario de convenio, con obra social, ART y aportes jubilatorios, que le garantizarán la cobertura del PAMI cuando se jubile. Del mismo modo, la seguridad social de los gremios también se vería favorecida.

Las actividades en la mira de Triaca son aquellas con mayores tasas de informalidad, como construcción (67%), comercio (42%), gastronomía (44%) y la industria (30%). Según datos del Ministerio de Trabajo, el 80% de los trabajadores informales se encuentra en Pymes de hasta cinco empleados. 

En cambio, el sector doméstico, que tiene un 75% de empleo no registrado -cerca de 1,2 millones de empleadas- está excluido del nuevo régimen. En los últimos días, la AFIP intimó por mail a 650.000 contribuyentes de altos ingresos a que regularicen a su personal doméstico.

Desafíos para la reforma
Uno de los desafíos del macrismo es hacer avanzar su proyecto laboral, que fue presentado a fines de abril pasado en el Senado, junto al de prácticas formativas para estudiantes (o nuevas pasantías) y la agencia técnica de salud.

Desde entonces, el debate quedó en suspenso por al avance de la oposición en el Congreso para moderar las tarifas y por el impacto de la crisis cambiaria, que derivó en una "reorganización" del Gabinete. 

Ahora el oficialismo busca reactivar los cambios. Consultado por iProfesional, Triaca dijo que éstos van a dar un "marco de previsibilidad" y negó que fuera a "quitar beneficios" a los trabajadores, como advierte el sindicalismo.

Por el contrario, señaló que "al reconocerse el vínculo laboral, el trabajador puede beneficiarse por tener un salario de convenio y cobertura social, y el empleador evitar una potencial demanda del trabajador". "Se equilibra a los dos", concluyó.

Además de los "incentivos", a los que se sumaría la baja progresiva de las contribuciones patronales sancionada con la reforma tributaria, el proyecto plantea reforzar la fiscalización con la posibilidad de "involucrar a todos los actores sociales" en esa tarea -lo que incluiría a sindicatos- pero sin especificar qué entidades ni las acciones a implementar.

"El mismo Gobierno reconoce que los organismos de control están desmantelados", advirtió De Diego.

Por lo pronto, el plan oficial deberá sortear varias dificultades. En primer lugar, se espera un menor crecimiento económico este año tras la crisis cambiaria que deterioró las reservas y derivó en un pedido de ayuda al FMI.

Las consultoras pronostican que el PBI será inferior al 2%, mientras que la inflación será igual o mayor a la del año pasado, que fue 24,8%, pero con paritarias al 15%. Esto repercutirá sobre salarios y consumo, lo que disminuirá aun más la actividad y la demanda de empleo en las empresas. 

Ese es uno de los principales motivos por el cual empresas y abogados laboralistas ven con desconfianza el proyecto oficial.

"Para el blanqueo deben darse tres condiciones: la primera es la regularización de las relaciones laborales, la segunda es que los costoslaborales no salariales a partir del blanqueo sean razonables y la tercera es el crecimiento de la economía", dijo a este medio Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de UIA.

Por otra parte, el mercado laboral ofrece señales contradictorias: si bien el empleo viene recuperándose desde mitad del año pasado, la tasa de informalidad laboral fue del 34,2% en el último trimestre de 2017, un 0,6% más que en el mismo período del año previo según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.

A su vez, un 75% de los puestos creados en ese período fueron motorizados por el trabajo informal y los cuentapropistas, según el organismo estatal.

Los especialistas, sin embargo, creen el principal problema de la informalidad no se relaciona directamente con el mercado de trabajo, sino con la actividad económica. Para Javier Lindenboim, la cuestión depende de la "blancura o negrura" de la actividad económica en su conjunto. 

"Es difícil pensar que el empleador va a registrar empleados si no es en un contexto en que la demanda (de productos o servicios) existe o está en crecimiento", sostuvo el director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED).

Resistencias
Los antecedentes en materia de amnistías laborales tampoco son auspiciosos. En rigor, el artículo 12 de la Ley Nacional de Empleo (24.013) de 1991 contenía también un perdón de deudas por aportes, contribuciones, multas y recargos para los empleadores que regularizaran a los trabajadores, tal como establece el proyecto actual.

Pero el proyecto afirma que esa norma como la del 2014 (26.940) "no han podido revertir el problema de la informalidad". 

La iniciativa tampoco contempla la maniobra de falsear la fecha real de ingreso del trabajador, consignando en su lugar el día de registración.

Esta irregularidad permite eludir el pago de cargas sociales adeudadas y ocultar la antigüedad real del empleado, disminuyendo la indemnización y el salario. Así, sin mayores controles, las empresas en falta pueden obtener por esa vía un mayor beneficio económico que con el "blanqueo".

Esa es una de las críticas del documento de 32 páginas elaborado por la Asociación de Abogados Laboralistas, en el que tachan los proyectos de reforma como un nuevo intento por lograr la "modificación integral del sistema de relaciones laborales, a través de la afectación de normas" y advierten que el objetivo "no es combatir el trabajo no registrado, sino reducir costos indemnizatorios para los empleadores que no cumplen con sus obligaciones".

Un estudio de la OIT de 2013 titulado "Informalidad, calidad del empleo y segmentación laboral en Argentina" señala que en los años 90, "la participación del empleo asalariado registrado (típico y atípico) exhibió una tendencia decreciente aun cuando se implementaron políticas de flexibilización laboral y de reducción de las contribuciones patronales a la seguridad social que, en principio, se suponía que tendrían un impacto positivo sobre el empleo formal".

Los laboralistas cuestionan el espíritu del texto según el cual "los actuales niveles de protección laboral son las causantes de desempleo y falta de crecimiento económico, eludiendo las verdaderas causas macroeconómicas".

"El problema no es tanto el costo laboral, sino el mayor costo financieropara comprar máquinas o invertir, las tarifas y la caída del consumo", advirtió a este medio el presidente de AAL, Matías Cremonte.

Otra limitación que enfrentan las autoridades es que las estadísticas hoy no permiten elaborar un cuadro preciso de la composición de la fuerza laboral en Argentina y, por ende, del trabajo en "negro".

El número de empleos medido por la EPH es mayor a la cantidad de asalariados porque las personas pueden tener más de una ocupación. Ese es el caso, por ejemplo, de un médico por cuenta propia que trabaja un día por semana en relación de dependencia en una clínica y es contabilizado como asalariado.