Aunque en el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, mantiene de palabra la meta del 15% de inflación, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, comenzó a aflojar la pauta salarial definida para el 2018 -en principio también del 15%-, tal como lo reflejan los acuerdos firmados en las últimas semanas.

Luego de la corrida cambiaria que dejó el dólar en $25,40 y una devaluación acumulada en el año del 40%, la cartera laboral homologó el aumento en los hechos del 18% obtenido por los metalúrgicos, mientras que el triunviro Héctor Daer, líder de Sanidad, cerró su primer convenio del año con una suba del 20% en tres tramos y cláusula gatillo.

El camino seguido por Trabajo contrasta con la oferta de jefatura de Gabinete y Hacienda de un 12% de aumento en tres cuotas que le acercaron a los empleados públicos, previo a anunciar un ajuste de $20.400 millones en el Estado. 

El rechazo a la propuesta fue de tal magnitud que hasta el gremio UPCN, de buen diálogo con las autoridades, se declaró en estado de alerta y amenazó con lanzar un paro, mientras que ATE realizó un paro este mismo viernes, en medio de la marcha federal de los movimientos sociales. Este último gremio pide un 25% de aumento y un bono compensatorio de $5.000.

En ese escenario, la decisión de Triaca de despegarse del libreto de Dujovne apunta a abrir una válvula de descompresión en las paritarias del sector privado, que así -según la lectura de sus funcionarios- estarían más a tono con el nivel de precios alcanzado tras el shock cambiario de mayo y que ya en julio empataría la meta prevista para todo el año por el Gobierno. 

Pese a todo, el margen de recomposición de los ingresos sigue retrasadorespecto de lo que esperan los economistas que visitaron en las últimas dos semanas a Dujovne en su oficina de la calle Hipólito Yrigoyen.

Por caso, la directora de Eco Go, Marina Dal Pogetto, como su par de Econviews, Miguel Kiguel, estiman una inflación anual del 28,3% y del 26,5%, respectivamente. En cambio, los salarios no superarían el 24% en 2018, aun con la revisión de los acuerdos programada para la segunda mitad del año. 

Por ello, las consultoras prevén una pérdida del poder de compra del salario igual o mayor a la de 2016, en una economía resentida por la sequía y la incertidumbre cambiaria, que podría haber afectado la inversión privada.

De igual modo, los empresarios alertan que el grueso de la devaluacióntodavía no se trasladó a precios. A diferencia del discurso oficial que asegura que "lo peor ya pasó", el sector privado se prepara para una ola de aumentos de precios en los productos alimenticios en las próximas semanas. Tras intentar suspender las subas en los combustibles, el Gobierno finalmente autorizó el viernes una nueva tanda de ajustes en los valores de las naftas. Los dos componentes impactan en el costo de vida.

Recalculando 
En la búsqueda de un equilibrio sinuoso entre sostener la gobernabilidad y evitar un mayor deterioro de los ingresos, la CGT inició un plan de contención de daños, que contempla el acercamiento al líder de jefe del bloque del PJ en el Senado, Miguel Angel Pichetto, los movimientos sociales y la Iglesia. Con ese objetivo, la cúpula gremial salió a rechazar el veto presidencial al proyecto para frenar la suba de tarifas.

Tras la decisión de Macri, cobró impulso la definición de un paro general. Presionada por las dos CTA y los sectores duros, encabezados por el camionero Pablo Moyano, el ala dialoguista de Azopardo ya empezó a barajar la posibilidad de pasar a la acción. Daer, el triunviro de los "gordos", participó el viernes de la marcha federal de las organizaciones sociales. De conjunto se trata de señales que debilitan el consenso político y socialque busca escenificar el Gobierno ante inversores y el FMI.

En el plano salarial, la elevación del piso en Sanidad rápidamente fue leído dentro de la central obrera como un guiño de Triaca al aflojamiento del "techo" y por ende una "nueva referencia", sobre todo entre el pelotón de gremios que integran el "club del 15%", cuyos acuerdos contienen cláusulas de revisión entre septiembre de este año y enero de 2019. En esa lista figuran los obreros de la construcción, comercio, Luz y Fuerza, obras sanitarias, colectiveros, porteros, tintoreros y petroleros.

Cerca del líder mercantil Armando Cavalieri, que pactó un 10% en abril y un 5% en agosto, ya hablan de una pauta "arriba del 20%". Ese no es el único cambio que refleja la dinámica de negociación colectiva. El otro efecto previsto es un adelantamiento de los aumentos y de los plazos de reapertura. 

En Comercio no descartan adelantar a junio la última suba del acuerdo y anticipar a octubre la revisión fijada para enero, junto con el pedido de un bono de fin de año. "Se van a acelerar los tiempos", aseguraron en el sindicato.

Con fecha de renegociación en septiembre, el titular del sindicato de los porteros, Victor Santa María, también se mantiene expectante. "Estamos debatiendo el tema", dijo a este medio.

En vistas de las expectativas salariales, los funcionarios de la cartera laboral tienen previsto habilitar la revisión de los acuerdos en caso de que el poder adquisitivo se viera afectado y hasta admiten que los retoques "seguramente serán unos puntos más" por encima de la pauta previa del 15%.

Lo que se especula en el ámbito sindical es que Triaca tratará de evitar la aplicación de ajustes basados en la inflación pasada y que intentará focalizar en proyecciones de precios futuros. "Está en estudio, tenemos muchas herramientas", se limitaron a responder en el área de Triaca.

Por lo pronto, algunos gremios de la CTA del sector privado negocian un aumento del 15% en dos tramos, con cláusula gatillo y la novedad es que, si la inflación supera esa cifra, se aplicará una compensación sobre la base de la inflación estimada en 2019, utilizando un índice privado que podría ser el EMET de El Cronista o el de la Universidad Metropolitana (UMET). 

"Estamos haciendo un esquema innovador, ya que se trabaja con inflaciónfutura, y no acumulada", explicó Héctor García, asesor de empresa del estudio homónimo.

Los ferroviarios, que cerraron un 15% por nueve meses, contemplan un mix de inflación cuando se sienten a renegociar los términos del acuerdo en septiembre. El líder de la Fraternidad, Omar Maturano, aseguró que "todos los gremios (del sector) pediremos los puntos que perdimos después de agosto y por los meses de septiembre a diciembre". En otras palabras, medirán el costo de vida pasado y el del futuro, con un detalle no menor: para todo el año calculan una variación del 30% en los precios.

La paritaria de Moyano, otra vez una referencia
Una de las negociaciones clave es la de los camioneros, que el jueves pasado iniciaron conversaciones en un clima de fuerte tensión al rechazar una oferta del 15% y ratificar un pedido del 27%. 

El gremio encabezado por Hugo y Pablo Moyano iniciará este lunes un plan progresivo de medidas que contempla asambleas en la rama combustibles y la posibilidad de realizar cortes de rutas, como parte de un cronograma que concluiría con un paro general si no alcanzan un acuerdo antes del 30 de junio, fecha en que vence el acuerdo.

La discusión tomó temperatura con la inclusión -una vez más- dentro de la agenda de la modificación del convenio colectivo. Luego de fracasar en su intento de condicionar un bono al recorte en la antigüedad, el sector empresario representado por la Federación de Empresarios del Autotransporte de Carga(Feadeaac) volvió a la carga con su reclamo, al que le sumó la quita de viáticos y otros ítems. "Quieren bajarnos la antigüedad, sacar viáticos y otras cosas, son más de cinco lucas", explicaron a iProfesional cerca de Moyano.

La negociación que alcanza a más de 200.000 choferes de camiones es seguida de cerca por otros sindicatos -en especial aquellos que se preparan para revisar sus acuerdos- pero también por los empresarios de la industria, quienes calculan en sus costos el tributario, el cambiario y el logístico. Dentro de este último, el precio de los combustibles y los salarios de los camioneros representan más del 60%. 

"Si aumentan la nafta y camioneros piden 27%, es clave para saber el costo en comercio e industria", dijo un CEO de una multinacional alimenticia.

La evolución de los salarios genera incertidumbre en la Unión Industrial Argentina, donde cuestionan la falta de señales por parte de las autoridades. En rigor, todavía restan por definirse las paritarias de gastronómicos, estatales, la alimentación y los principales convenios de Sanidad. Junto con Camioneros, representan más de un millón de trabajadores. Y si a eso se suma la revisión de los acuerdos, el escenario futuro es un acertijo. 

"Los funcionarios de cada ministerio no saben qué van a hacer, y los empresarios no podemos hacer un plan para el próximo semestre", señaló un industrial.

El otro factor que complejiza el panorama es el retorno a la escena política del FMI. Según se puede leer en la página web del propio organismo sobre los acuerdos "stand by", "por lo general antes de que el FMI preste dinero a un país, el gobierno y la institución deben alcanzar un entendimiento en torno a un programa de políticas económicas". En el documento de análisis de diciembre, el Fondo recomiendo cambios en las jubilaciones, los convenios colectivos y la definición del salario mínimo, junto con la rebaja de los salarios públicos.

Si bien los dialoguistas de la CGT confían en que el organismo no incidirá en la política salarial del Gobierno, desde las CTA son menos optimistas. "Van a querer imponer acuerdo con FMI, no van a recuperar lo que perdieron los que firmaron por el 15%, ante una inflación del 30%, y por otra parte, el Gobierno ya arrancó decidido a que los salarios pierdan frente a inflación", sostuvo Pablo Micheli, titular de la CTA Autónoma.

La misma preocupación tienen los metrodelegados, quienes por estas horas exigen la reapertura de su paritaria y exigen un 30% de aumento.Luego de retomar las medidas de protesta con la apertura de molinetes y enfrentar nuevas suspensiones que ya llegan superan las 180, el sindicato mayoritario del servicio denuncia un intento de las autoridades por ahogarlos económicamente y desplazarlos definitivamente del subterráneo. La intención de fondo, sospechan, es modificar su convenio, con la eventual pérdida de las seis horas y el derecho de huelga (si se declara esencial el servicio), de cara a la renovación de la licitación de la concesión y la eventual participación de inversores extranjeros en su manejo del subte.