El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco),
Gustavo Weiss, aseguró que el Gobierno no va a poder reemplazar el recorte de
la obra pública que negoció con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el
programa de Participación Público Privada (PPP). Explicó que el PPP se usa de
manera "complementaria" a la obra pública. También indicó que la
devaluación y las altas tasas de interés afectarán a los contratos de la obra
en marcha, y dijo que el Gobierno todavía no sabe cuál va a ser la magnitud del
ajuste para 2019.
El que sigue es el diálogo que mantuvo con este diario:
Periodista: ¿Cómo evalúa los anuncios de recorte de obra pública con motivo del
acuerdo alcanzado con el FMI?
Gustavo Weiss: Hemos tenido reuniones con el ministro del Interior, Rogelio
Frigerio, y con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. ¿Cuál es la
situación? Respecto del Presupuesto 2018, nos han dicho con todas las palabras
que hay un recorte de $30.000 millones en la obra pública nacional, que es de
estado público. Eso representa, sobre un presupuesto de $210.000 millones al
año, algo así como el 15%. Eso ya está. Este año se va a ejecutar $30.000
millones menos de obra pública, que es un golpe importante.
P.: ¿Y para el año 2019?
G.W.: El problema que realmente vemos nosotros es el Presupuesto 2019. El
Gobierno quiere bajar de 2,7% del PBI de déficit a 1,3%, es decir, 1,4 puntos.
Si tenemos en cuenta que cada punto de producto son unos $130.000 millones, 1,4
puntos serían unos $180.000 millones, que es la misma cifra de lo presupuestado
este año para obra pública si le descontamos los $30.000 millones que ya
anunciaron.
P.: ¿Ustedes creen que todo el ajuste va a pasar por la obra pública?
G.W.: No, no, no. Lo que quiero señalar es la magnitud del recorte en el gasto
que el Gobierno quiere hacer. Este es un dato del problema. El Gobierno dice
que quiere sentarse a discutir con los gobernadores y con el Congreso para ver
dónde ajustamos este gasto. Dicen que hay mucho para cortar en gasto corriente
ineficiente. Como ejemplo, se mencionan las jubilaciones por incapacidad.
Sabemos que una cantidad importante de esas jubilaciones son truchas. Hay más,
pero ese es un ejemplo de lo que hay por cortar en gasto corriente.
P.: ¿Piensan que de ahí saldrá todo el recorte?
G.W.: En el Gobierno dicen que lo que no se pueda consensuar de recorte de
gasto corriente, que necesariamente tiene que ser entre nosotros y la
oposición, va a tener que ser a costa de obra pública, porque es el rubro donde
se puede ajustar sin necesidad de acordar con la oposición. Finalmente, cuánto
van a cortar de obra pública no lo sabemos, y creemos que ni el Gobierno lo
sabe.
P.: Entonces, ¿de dónde saldrá el recorte?
G.W.: Sinceramente, yo no creo que se pueda llegar a un consenso con la
oposición para hacer un ajuste de gasto corriente de esa magnitud. Así que
seguramente, una parte, importante, va a ser de obra pública, que es nuestra
gran preocupación.
P.: ¿Usted supone que con el programa de Participación Público Privada se puede
reemplazar la obra pública como dice el Gobierno?
G.W.: No. Los programas de PPP en el mundo son complementarios de los programas
normales de obra pública. Esta modalidad es un invento inglés de hace mucho
tiempo que han copiado otros países pero que viene a complementar la obra
pública en aquellos proyectos importantes que atraigan el interés del sector
privado.
P.: ¿Por qué no se puede reemplazar a la obra pública con PPP?
G.W.: Uno conoce las grandes obras, una gran ruta, una central nuclear. Pero
hay infinidad de obras chicas, que sumadas en todo el país representan mucho
que no se pueden hacer por PPP. Las chicas no dan para ello. Si uno recorre la
Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, uno puede ver infinidad de obras de
veredas, de parques, de aguas y cloacas, que no se pueden hacer así.
P.: ¿Por qué? ¿No es rentable?
G.W.: Como concepto teórico fundamental para el PPP, deben ser obras que
despierten el interés del sector privado que tengan rentabilidad. El caso
típico es el de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Un privado viene, pone
el dinero, y luego se recobra con los peajes.
P.: ¿Y las provincias tienen presupuesto para hacer estas obras chicas que no
estarían en el PPP?
G.W.: En la obra pública provincial hay dos factores. Por un lado, las
transferencias del Estado nacional, que esas también van a sufrir la misma
problemática de la obra pública nacional porque son fondos nacionales. Hay
algunas jurisdicciones, como la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos
Aires, Córdoba y Santa Fe que están haciendo obra con fondos propios, porque
los tienen. Esas seguirán en mayor o menor medida. Seamos optimistas y pensemos
que van a seguir en 2019. El resto de las provincias más pobres no tienen
dinero para hacer obra pública y por eso dependen de la Nación. Van a correr la
misma suerte.
P: Es de suponer que toda esta convulsión económica desde fines de abril para
acá afecta a la construcción ...
GW: Ahí tenemos dos problemas: Desde el punto de vista financiero estas tasas
de interés son inviables. Tenemos necesidades financieras como cualquier
actividad. Hacemos una obra hoy y las cobramos a 90, 180 días. Mientras tanto
hay que financiarse, y con este nivel de tasas es inviable. Ese no es un
problema de nuestro sector solamente. Pero por otro lado, si bien la
devaluación no nos afecta directamente, la realidad es que los insumos tienden
a seguir el nivel de inflación general de la economía. Y si esta devaluación
repercute en la inflación, como se está diciendo, en el orden del 27% anual,
ese es incremento del costo, que si bien en el caso de la obra pública tenemos
una fórmula acordada para ajustar, no contempla la realidad.
P.: En el caso de la obra pública ¿eso se tiene que volver a negociar?
G.W.: Los contratos tienen una fórmula de ajuste de precios, porque nuestra
actividad es una de las pocas en las que uno fija el precio ahora y entregamos
el producto dentro de tres años. No es como un fabricante de bulones que si
aumenta los costos sube el precio inmediatamente. Es evidente que en una
economía inflacionaria si no hubiera fórmula de ajuste de precios, sería
inviable. La fórmula con bajas inflaciones funciona bien, con altas inflaciones
no funciona bien, se quedan cortas. Hay un deterioro de los contratos
importante.
P.: ¿Y en el caso de la obra privada también afectan la inflación y las tasas?
G.W.: Ahí hay varias situaciones. Está el caso de la persona que pidió un
crédito en UVA en pesos para un hipotecario, y como las propiedades se valúan
en dólares, no le alcanza para comprar. Este es un problema del mercado
inmobiliario. En tanto el mercado privado de viviendas seguirá. Los inversores
que compran en el pozo deberán ajustar las cuotas de acuerdo con el índice que
fija la Cámara de la Construcción. Y tendrán que hacer frente a los mayores
costos en la medida en que sigan con la obra.
P.: ¿Y cómo ven que va a seguir la obra privada?
G.W.: La que está va a seguir, y los que estén por comenzar probablemente
esperen un poco, pero creo que la industria privada no debería sufrir
fuertemente este remezón. La parte que está vinculada al Estado es la que va a
mostrar mayores problemas.
P.: Obviamente, que si se pierden obras se van a perder puestos de trabajo...
G.W.: Hay 431.000 empleados registrados, según la Unión Obrera de la
Construcción (UOCRA). En la actividad privada y en la obra pública. Parecería
inevitable que la parte publica va a sufrir algún remezón, pero tenemos que
tener más claro la magnitud del recorte.
P.: Cambiando de tema, ¿qué opina la Cámara sobre la figura del
"arrepentido" en la Ley de Defensa de la Competencia?
G.W.: En realidad, la ley no está dirigida a nosotros, pero nos alcanza.
Estamos totalmente de acuerdo. Hemos defendido todas las leyes anticorrupción,
que tiendan a evitar la cartelización. Estamos de acuerdo con todas las medidas
que se están tomando. Apoyamos la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria. El
país tiene que ir hacia un índice de corrupción nulo o mínimo, como ocurre en
los países civilizados.
Entrevista de Carlos Lamiral
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