Marcelo Busellini, director de Política Habitacional, reconoció a la nacion que el otorgamiento de créditos a los desarrolladores desde el pozo (autorizados por la circular 6250 del Banco Central) viene "muy lento" y agregó que es una "herramienta clave" para que los constructores sean parte de la política de vivienda del Estado.

La Secretaría tiene proyectos por unas 8000 casas en todo el país bajo esta modalidad. "Necesitamos el financiamiento intermedio para que se hagan efectivos -describió-. Pretendemos ampliar la base de desarrolladores que participan porque es una oportunidad para los más chicos ya que se trata de un segmento de mercado desatendido ya que los grandes van a la punta de la pirámide".

Busellini admitió que el problema para los desarrolladores pymes es completar la garantía exigida por los bancos; fundamentalmente porque su nivel de patrimonio neto no alcanza para aplicar. "Estamos tratando de bajar los niveles de exigencia; una alternativa es que presenten el proyecto en etapas; otra es que vayan en grupo (UTE). Son planes de entre 100 y 500 viviendas y presentados así pueden conseguir los créditos".

Hasta el momento, bajo este modelo público privado (que está por fuera de la ley aprobada el año pasado) se ejecutan 251 viviendas en Neuquén; 240 en Río Grande y 103 en Puerto Deseado. Hay además ocho proyectos bajo análisis en Mendoza (848 unidades) y 11 en Salta por 1589 unidades. El esquema incluye tierra privada (con servicios públicos y habilitación municipal); financiamiento del 30% de la Secretaría de Vivienda (que aprueba la iniciativa) y 70% de bancos.

El objetivo es generar oferta para los sectores medios que reciben entre dos y cuatro salarios mínimos al mes y las casas son de hasta 100.000 UVA ($2,4 millones). Las que están en construcción, en su mayoría, rondan $1,5 millones y tienen entre 60 y 70 metros cuadrados.

El Banco Nación entregó 14 de estas líneas intermedias y tiene en carpeta otros 50 pedidos para unas 5000 casas. "Es la entidad que está haciendo punta y esperemos que traccione al resto; los bancos no están acostumbrados a esta operatoria, todavía miran con cierto recelo el crédito intermedio y los constructores están habituados al fideicomiso en pozo. Es una cuestión de generar confianza y entender que es una alternativa".

En las próximas semanas se convocará a una licitación para la construcción de 10.000 viviendas sobre 21 predios de la Agencia de Bienes del Estado. Será en el marco del Procrear; los terrenos están distribuidos en todo el país y el privado que construya pagará la tierra al final de la obra.

Respecto de la ley de Participación Público Privada, Businelli adelantó que el año que viene harán la primera licitación de viviendas. Están terminando de armar el modelo económico-financiero y comercial. "Es el primer punto a resolver".

Indicó que en las reuniones con las mesas del sector desarrollador e inmobiliario están trabajando para "remover los obstáculos que frenan proyectos". En Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, empezarán con el sistema de registración de boleto para "darles certeza a los bancos" y facilitar la obtención de créditos. También analizan una serie de medidas para alivianar el costo de las transacciones.

Los desarrolladores cordobeses que ayer se reunieron con los funcionarios comparten que "se debe financiar la oferta porque si todo va a la demanda se desequilibra la situación". Lucas Salim, uno de los participantes, indicó a este diario que pidieron más precisiones sobre el modelo público privado y que coincidieron en que el problema habitacional no se resolverá "sin el esfuerzo de todos los sectores y pensando a largo plazo".

Alternativas para construir

10.000 - Licitación: Son las viviendas que se ejecutarán en 21 terrenos fiscales en todo el país

8000 casas: Se construirían mediante préstamos intermedios a desarrolladores

14 líneas de créditos: Son los préstamos que ya entregó a desarrolladores el Banco Nación