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Por Carlos Pagni - El dólar se
ha convertido en la obsesión del Gobierno. Su movimiento impide consolidar el
principal mensaje de Mauricio Macri : lo
peor ya pasó. Pero no es la única razón del desasosiego. La inestabilidad
cambiaria revela que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no despejó
la desconfianza en la política económica. Y la respuesta del Banco Central a
esas fluctuaciones instala una duda sobre el cumplimiento de lo que se pactó en
Washington.
Federico
Sturzenegger emitió el viernes pasado un documento que, con el
título "Fortalecimiento del régimen de metas de inflación", volvía a
consagrar la flotación como determinante del tipo de cambio. Pero en las
últimas 48 horas el Central intervino de nuevo para evitar que la divisa se
siguiera deslizando. En la sala de máquinas de Cambiemos no le reprochan que se
haya apartado de lo prometido, sino que se demorara en hacerlo: "De vender
200 millones el viernes no habríamos perdido 700 el martes". El resultado
es una gran perplejidad.
La amenaza del dólar afecta al Gobierno en uno de sus desafíos más
urgentes: la necesidad de reducir la tasa de interés
Las dudas sobre el cumplimiento de lo arreglado con el Fondo son bastante
comprensibles. La depreciación del peso impacta sobre los alimentos y, por lo
tanto, agiganta el número de pobres. Esta es la correlación principal con la
que Macri piensa la política cambiaria. En su escritorio hay una tabla con
equivalencias entre precio del dólar y niveles de pobreza, que se apartan cada
día más de cero.
El movimiento del dólar impacta también en la inflación a través de otra
variable: el precio de los hidrocarburos. El kirchnerismo convirtió a la
Argentina en importadora neta de combustibles. Y estos productos se han
encarecido por la suba en el precio del petróleo y por la devaluación de la
moneda. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, propuso un acuerdo por el
cual las petroleras encarecerían las naftas 3% todos los meses hasta fin del
año próximo. Ese compromiso está ahora en revisión. Si se practicara, sería muy
difícil llegar a fin de año con una inflación del 27% y a fin del año próximo
con otra del 17%, como se prometió al Fondo.
Esta dificultad cobija uno de los dilemas más delicados. Las empresas
que destilan y venden combustibles, pero que no extraen petróleo, igual que las
importadoras de gasoil, no quieren producir a pérdida. Fue, anteayer, el caso
de Trafigura, que suspendió la operación de su refinadora de Bahía Blanca.
Luis Caputo ,
el ministro de Finanzas, decidió licitar Letras del Tesoro en dólares para
presionar hacia abajo el valor de la divisa. Anunció la oferta de US$7000
millones en cuotas, y aun así el mayorista subió a $26. Además del cambiario,
Caputo padece un desvelo específico: los fondos que, como Blackrock o
Templeton, seducidos por él hace tres semanas, vendieron dólares a $25 para
comprar Bonos del Tesoro, comenzaron a perder plata mucho antes de lo previsto.
Hay que cuidar al inversor. En el corazón del Gobierno temen una tendencia
hacia la dolarización de los propietarios de Lebac, pero también de los
titulares de depósitos a la vista. Tal vez sea un exceso de alarmismo: no hay
registro de ese movimiento. Aun cuando el expresidente del Banco Nación Carlos Melconian explique
que si se actualizara el valor del dólar desde 2003, costaría $45. Son las
ganas de ayudar.
La amenaza del dólar afecta al Gobierno en uno de sus desafíos más
urgentes: la necesidad de reducir la tasa de interés. La depreciación del peso
persiste a pesar de que la tasa sigue en 40%. La reducción de ese costo no es
una exigencia del Fondo, sino de la política. Los distintos actores de la vida
pública, desde la oposición peronista hasta la Iglesia, pasando por los
sindicatos y el empresariado, diseñan sus estrategias de acuerdo con una
hipótesis del futuro. Esa hipótesis se refiere a una incógnita central: qué
profundidad y qué duración tendrá el proceso recesivo. Aquí radica el
significado político de la tasa de interés y, por lo tanto, de la inestabilidad
cambiaria. A falta de otro líder, el dólar se ha convertido en el jefe de
campaña de la oposición.
La manifestación más clara del desconcierto económico sobre el juego del
poder se verifica en el sindicalismo. Hugo Moyano volvió a
dominar la relación de la CGT con el Gobierno. Anteayer, por la mañana, vació
el encuentro que la conducción realizó en UPCN para decidir lo que se
negociaría al mediodía con Nicolás Dujovne , Jorge Triaca yMario Quintana .
El camionero se mantuvo al margen para poder denunciar después cualquier
entendimiento como una entrega. Como sucede con Cristina Kirchner en
el Senado, Moyano fija los niveles de tensión de todo el grupo. Su
radicalización obedece a razones judiciales y comerciales. Van desde la causa
por lavado de dinero en Independiente hasta la interminable crisis de OCA. Él
apuesta a que el enfriamiento de la economía vaya dotando sus rabietas de una
mayor legitimidad.
El resto del sindicalismo también tiene un proyecto político. Desde
septiembre de 2016, cuando mantuvieron sus primeras reuniones con gobernadores
e intendentes del conurbano, Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y
Carlos Acuña se ven como los agentes de la reconstrucción de un PJ poskirchnerista.
Esa misión se ha vuelto más verosímil desde que la conducción del partido cayó
en manos de uno de los suyos: Luis Barrionuevo .
El papel del gremialismo en la formación de un polo opositor está
facilitado por un factor importantísimo: las organizaciones sindicales
administran más de $80.000 millones al año. Son ingresos que, a diferencia de
los de las obras sociales, casi carecen de contraprestación.
El peronismo no kirchnerista comenzó a percibir ese capital. La primera
señal la emitió Miguel Pichetto hace diez días, cuando visitó la central
obrera. Esa tarde se formó un eje entre dos dispositivos de poder: la CGT y el
bloque de senadores del PJ. El compromiso está comenzando a volverse
productivo. Pichetto defiende un proyecto de eliminación del impuesto a las
ganancias para el aguinaldo.
Sería un error suponer que, en un cuadro de dificultades económicas, el
peronismo se volverá beligerante. El Gobierno necesita sumar 40 diputados para
aprobar el presupuesto con los ajustes pactados con el FMI. Los gobernadores
dialogarán y aceptarán algunos recortes. También pedirán otros: apuntan a
disminuir la capacidad electoral de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez
Larreta. El sueño de Macri de cubrir al 70% de los bonaerenses con obras de
saneamiento deberá esperar. Lloriquea Mr. Cloro.
La cooperación del PJ dialoguista tendrá un límite: la ley de autonomía
del Banco Central no será tratada. En el gabinete la reacción es agridulce. Allí
especulan con reemplazar a Sturzenegger. Unos hablan de Miguel Kiguel. Otros,
de Caputo, que dejaría Finanzas. ¿Habrá un cambio antes del 20? Ese día se
reúne el board del Fondo.
La estrategia del PJ parece diseñada. El elenco político se mostrará
cooperativo en homenaje a la gobernabilidad. El esmeril será el sindicalismo,
al que habrá que agregar un detalle relevante: Juan Grabois, el amigo de Jorge
Bergoglio y líder de los Trabajadores de la Economía Popular, solicitó entrar a
la CGT. También los Moyano, a través de Gustavo Vera, se recuestan en el
catolicismo. Bienaventurados los pobres de espíritu.
El objetivo del PJ es el ballottage. El método, a falta de un candidato,
es el desgaste económico y social del oficialismo. El motor, las expectativas
negativas. Es en este campo donde se libra la batalla. El Gobierno casi no
describe el horizonte. Anuncia medidas, pero no traza un itinerario. Con un
gabinete económico diseñado para desarticular las decisiones y el discurso, ese
silencio parece ser deliberado. El futuro es una gran suposición.
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