El objetivo, explicó el secretario de Vivienda, Iván Kerr, a LA NACION, es que las provincias cuenten con más recursos que se sumen a los que reciben vía Fonavi -este año están presupuestados unos $18.000 millones- para que se puedan ejecutar más viviendas de tipo social (de entre 60 y 70 metros cuadrados a un costo de $1,5 millones).

"En general no hay incorporación de fondos propios de las provincias para apalancar los programas, y eso no es nuevo; hace décadas que no se hace y que el recupero de los préstamos también es bajo, a valores nominales", planteó el funcionario.

Kerr insistió en que hay gobernadores que usan los dineros del Fonavi para afrontar gastos corrientes. Afirma que hay "resistencia" a los cambios porque en las provincias "se acostumbraron mal; no hay inversión de fondos propios y, además, reciben una caja extra. Hay que salirse de ese esquema y no es fácil".

Por el pacto fiscal, los gobernadores están obligados "gradualmente" a que los recursos del Fonavi no pueden tener otro destino que la construcción de viviendas. "Muchas provincias ya los tenían comprometidos en otras cosas y tendrán que hacer la transición; desde la Secretaría hacemos auditorías permanentes que se elevan al Ejecutivo para su evaluación", señala Kerr.

El punto es que, como sucede también en otras áreas, no hay castigo para aquel que redirecciona esos recursos. Kerr admite que "no se prevé ningún remedio para resolver la situación; solo se informa al Congreso y al Consejo Nacional de la Vivienda, que es juez y parte del sistema".

Hace varios meses que legisladores oficialistas y funcionarios del Ejecutivo trabajan en un proyecto de ley de acceso a la vivienda, que tendrá como objetivo limitar el uso de los fondos que se transfieren desde la Nación a las provincias vía el Fonavi a esa aplicación específica. Hoy son de libre disponibilidad.

La norma también pretende establecer niveles de calidad urbanística y constructiva; generar mecanismos transparentes de evaluación, seguimiento y auditoría, tanto de las obras como de los listados de postulantes y adjudicatarios de las distintas políticas de vivienda; fortalecer el crédito como herramienta de acceso a soluciones habitacionales, e incorporar al sector privado en la generación de oferta habitacional.

Hasta ahora, la mayoría de las provincias no adhirió al Registro Único de Beneficiarios de Viviendas, creado en enero, que se complementa con la Base Única de Beneficiarios de Viviendas Sociales; ambos centralizan los datos y dan "certeza de que las viviendas que construyen los institutos provinciales y los municipios vayan a quienes tienen que ir".

El otro factor es mejorar el sistema de cobranza de los créditos: "Hay herramientas concretas para hacerlo, como la sanción de la ley de la UVI (unidad de vivienda, que se actualiza por el índice de precios de la construcción) impulsada por [Julio] Cobos o por la UVA. Que las cuotas sean nominales es regresivo, porque de esa manera se quitan fondos para hacer más casas".

Kerr destacó que la única manera de aumentar las soluciones habitacionales para los sectores más vulnerables es ser "más efectivos" en la administración de los recursos y en su recuperación. "Por año no se construyen más de 30.000 viviendas sociales, y en Procrear hemos entregado la misma cantidad con un subsidio a cada una de 300.000 pesos, con un rango de alcance mucho mayor", destacó el funcionario.

En la Secretaría entienden que no se podrá escalar el volumen para sectores medios sin una mayor participación del sector privado. Kerr reconoció que los desarrolladores tienen "temor" por el costo del crédito intermedio: "Trabajamos para abaratar ese fondeo, pero los empresarios tienen que acostumbrarse a ese esquema; acá todavía no quieren asumir el riesgo de tener que buscar la demanda; están habituados a arrancar con todas las unidades vendidas, lanzan un fideicomiso, suscriben y así el riesgo es muy bajo".

En esa línea, la Nación tratará de armar un registro de beneficiarios precalificados para que los desarrolladores tengan un esquema más ordenado de demanda, y negociarán con las provincias reducciones o la eliminación del impuesto a los ingresos brutos para el desarrollador de viviendas medias. "También hay impuestos nacionales indirectos que encarecen, pero que no recaudan porque no hay inversiones; todo eso está en análisis", agregó Kerr.

Los datos indican que en la Argentina hay 12,2 millones de hogares en total y el déficit alcanza a 3,5 millones de viviendas; la mitad del faltante se concentra en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.