Esos correos electrónicos muestran que esos 125 clientes de Mossack Fonseca decidieron aprovechar el "sinceramiento fiscal" que impulsó el gobierno de Mauricio Macri, durante las semanas que siguieron a los Panama Papers a mediados de 2016. Informaron cuentas bancarias en Suiza y en otras guaridas fiscales, casas en Punta del Este y departamentos en Miami, entre otros activos.

Las inversiones reconocidas ante la AFIP por los usuarios argentinos de Mossack Fonseca rondó los U$2 millones, por cliente, aunque se trata de una cifra promedio preliminar. Porque sobre las más de 100 sociedades offshore vinculadas a argentinos que ingresaron al blanqueo sólo la mitad detalló la cotización de los bienes reconocidos.

Así, los nuevos activos declarados ante la AFIP podrían superar los $4000 millones, según las estimaciones más conservadoras. Y sobre esos activos, el Estado argentino cobró una penalidad de entre el 5 y el 15 por ciento en concepto de multa, a lo cual debe adicionarse el futuro cobro de tributos.

Pedidos a Mossack Fonseca

Entre los argentinos que se sumaron a la "exteriorización voluntaria" de bienes figuran empresarios de distintos sectores, que aprovecharon la oportunidad para ordenar sus cuentas con el fisco argentino ante la filtración mundial de la operatoria offshore. No son figuras públicas ni personas políticamente expuestas.

La mayoría de esos clientes, según surge de los documentos analizados por el equipo argentino de ICIJ, blanqueó sociedades uruguayas que controlaban una o más propiedades en Punta del Este y que difícilmente declaraban de acuerdo a las cotizaciones del mercado.

Algunos empresarios, sin embargo, regularizaron más que eso. Algunos blanquearon US$ 6 millones, US$ 10 millones y hasta US$ 15 millones, aunque la gran mayoría fluctuó en el rango de entre los 500.000 y el millón de dólares. La mitad de los clientes argentinos, en particular, declaró cuentas que solían operar a través de una offshore en bancos de Suiza o Uruguay.

Cómo pasó en otros países, la irrupción de los Panama Papers complicó a inversores que hasta entonces permanecían por debajo de los radares de los organismos tributarios. Según reconstruyó el equipo argentino de ICIJ, la AFIP comenzó a investigar, por ejemplo, a las 271 sociedades que habían facilitado algún domicilio argentino.

En ese contexto, los argentinos reaccionaron con un procedimiento que terminó por repetirse una y otra vez: a través de los estudios uruguayos contratados como intermediarios, le reclamaron a Mossack Fonseca la documentación correspondiente para presentarse ante la AFIP y regularizar su situación.

Ante esa requisitoria, el estudio panameño les envió a cada uno de los clientes argentinos un comprobante en el que los identificó como los verdaderos accionistas de las sociedades offshore, documento que se sumó a la tasación de la propiedad del inmueble que pretendían blanquear o, en el caso de cuentas bancarias, una constancia del monto depositado.

De esa manera, los argentinos lograron dos beneficios. El primero, ordenar sus cuentas con la AFIP, que para ese momento comenzaba a determinar qué argentinos podían ser los dueños de ciertas firmas offshore que integraban los Panama Papers. El segundo, reducir los impuestos a pagar ante una eventual venta de una propiedad inmueble. Porque si esa venta se completa a través de una sociedad, el tributo llega al 35% del valor del bien, mientras que si la operación la desarrolla una persona física, esa alícuota se reduce al 1,5 por ciento.

La cifra declarada en el formulario, sin embargo, no siempre coincidió con el valor de compra real del bien. Una firma panameña, por ejemplo, declaró ante la AFIP ser dueña de un "campo con mejoras" en Punta del Este por 571.000 dólares. Pero los documentos de Panama Papers también revelaron la escritura de compraventa de ese inmueble, un documento que permaneció en las sombras para la AFIP. Allí consta que el campo costó, en realidad, U$S 975.000, casi el doble.

La correlación temporal entre la difusión de los Panama Papers, que comenzó en abril, y el anuncio del blanqueo, un mes después, por parte del Gobierno también resultó determinante. Desde ese momento, Mossack Fonseca recibió cientos de correos electrónicos, a menudo con una solicitud singular: antedatar la documentación.

¿Por qué? Porque la AFIP fijó el 22 de julio de 2016 como "fecha de corte" para los activos a blanquear, aún cuando los formularios pudieron presentarse ante el organismo por varios meses más, hasta marzo de 2017. Por ese motivo, numerosos clientes argentinos solicitaron a partir de agosto, en octubre o incluso noviembre de 2016 que desde Panamá antedataran el informe con el detalle de sus bienes.

"Solicitamos que estos cambios de accionistas se realicen con fecha anterior al 22 de Julio de 2016, ya que debido a la filtración de información que han tenido nos vemos obligados a entrar en un sinceramiento fiscal y es uno de los requisitos", le reprochó a Mossack Fonseca un intermediario de empresarios argentinos en un mail enviado el 7 de noviembre de 2016.