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| Revés judicial en EE.UU. por YPF a favor de fondo buitre |
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11/07 - 08:52 Ambito Financiero |
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Por Carlos Burgueño - El Gobierno está resignado. Ya prácticamente se
descarta en Buenos Aires que la Argentina perderá el juicio que el fondo buitre
Burford le ha ce al país en Nueva York, por la manera en que se reestatizó YPF
durante la gestión de Crsitina de Kirchner. Y la noticia que se recibió ayer
desde Estados Unidos ratifica que el destino parece estar marcado, otra vez,
judicialmente en contra del país. En poco tiempo, y dependiendo de la voluntad
de apelar que tenga la Argentina, habrá que preparar un pago de unos u$s3.000
millones más intereses a favor del fondo, un especialista en litigar
exitosamente contra operaciones desprolijas en todo el mundo. Y, en el caso
argentino, por partida doble. También está a punto de vencer en otro juicio, en
este caso por u$s800 millones por la reestatización de Aerolíneas
Argentinas.
Ayer la Corte del Distrito Sur de Nueva York -la misma que avaló las decisiones
de primera instancia de Thomas Griesa en el "Juicio del Siglo" contra
los fondos buitre- decidió rechazar el reclamo del país para que el caso de YPF
se traslade a Buenos Aires; con lo que la causa por la manera en que se
expropió la petrolera deberá seguir curso en ese tribunal norteamericano. Se
trata de una demanda original por unos u$s3.000 millones iniciada por el fondo
buitre Burford Capital, que compró los derechos para litigar por las compañías
originales del Grupo Petersen. Ahora sólo resta esperar los tiempos que el
juzgado se tome para resolver la cuestión de fondo y aguardar la sentencia
definitiva.
Burford reclama por los supuestos daños que el pago a los españoles de Repsol
le provocó al 49% restante de los accionistas de la petrolera, luego de la
nacionalización de 2012. Ese dinero iría, en parte (unos u$s1.000 millones) a
las arcas del fondo Burford. Aún es un misterio (aunque hay sospechas de todo
tipo) sobre quiénes son los dueños de los derechos de los otros millones de
dólares que el país deberá liquidar. Algunas de esas especulaciones hablan de
fuertes (y muy serias) vinculaciones políticas locales de los propietarios de
las acciones que reclaman por los derechos de ese dinero. Desde la Argentina
hay pocas expectativas favorables. Más teniendo en cuenta los argumentos
utilizados por la defensa del país en la audiencia del 15 de junio del año
pasado en Nueva York.
Ante un fallo negativo, el Ejecutivo apelará la medida, casi a reglamento, ante
la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero sabiendo que el destino está
prácticamente jugado. Ante esto se analizan diferentes alternativas financieras
para atender estas causas y el resto de los juicios que puede perder la
Argentina en los próximos meses, incluyendo varios que están al borde de la
definición en el CIADI. La hipótesis de máxima es que no sería este año el
momento para pagar este pasivo y que debería armarse una estructura financiera
para el primer trimestre de 2019. Una visión más pesimista habla de este año,
pero, al menos, para el último trimestre.
El caso planteado por Burford llegó a la segunda instancia judicial de Nueva
York luego de la presentación del fondo ante el juzgado del fallecido Thomas
Griesa el 8 de abril de 2015, y después de que el juez derivase el caso a la
jueza Loretta Preska el 11 de mayo de 2016. Preska finalmente falló en contra
de la Argentina e YPF (y a favor de Burford) en octubre de 2016 y el Gobierno
de Mauricio Macri apeló la decisión ante la Cámara que ayer comenzó a
expedirse. La demanda se inició por la expropiación de la mayoría de las
acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen
Energía y Petersen Inversora, dos compañías hoy en quiebra, abiertas por el
Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que
el expresidente Néstor Kirchner los hizo entrar como parte de la
petrolera.
El Grupo Petersen hoy está absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a
cobrar, con lo que el gran misterio (por ahora) de esta megacausa es quién es
el socio de Burford en los reclamos. Esta persona (o personas) o sociedades
recibirán, si Argentina pierde el juicio, miles de millones de dólares que tendrá
que pagarle el país. Para agregarle misterio a la causa, el 19 de junio (luego
de la audiencia), Burford anunció a sus accionistas la venta del 15% del juicio
en u$s66 millones. En esa operación, el fondo de capitales ingleses
especializado en hacer juicios luego de renacionalizaciones fallidas, la
valuación que se le aplicó al caso fue de u$s440 millones, en lugar de los
u$s3.000 que se reclaman en los tribunales de los Estados Unidos.
Según los analistas la razón para que exista tamaña diferencia de dinero entre
lo que se reclama y lo que para el propio demandante vale la demanda, sólo se
explicaría por una razón: en realidad Burford es quien lleva adelante el juicio
y a nombre de un porcentaje general que no superaría el 35%. Esto implica que
el 75% restante de la demanda es propiedad de un tercero que podría recibir, si
el fallo es positivo, unos u$s2.250 millones. ¿Quién puede ser este tercer
actor?. El único que lo sabe es Burford. Podría ser un inversionista argentino
o extranjero. Podría ser cualquier fondo buitre o cualquier persona o holdout
que haya sido demandante al país en el "Juicio del Siglo". Puede ser
un ex o un actual accionista de la empresa. O incluso una persona en
particular. Por ejemplo, un político o un grupo de políticos.
Burford no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo
energético o petrolero), sino que su especialidad son los megajuicios por
demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en
bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo
para enfrentar su cierre o concurso. Fue el caso de Petersen, que luego de la
renacionalización del 51% de YPF en mayo de 2015 quedó sin poder sostener la
compra del 25% que había acordado en los tiempos de Néstor Kirchner, y se vio
obligado a presentarse en concurso. Antes dejó en claro que no podía seguir
adelante sosteniendo ese porcentaje por la manera en que se decidió reestatizar
la petrolera y la prohibición explícita del Gobierno argentino de redistribuir
dividendos en la nueva YPF. La causa se basa en el reclamo de Burford por la
forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de
Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la
privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se
comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de
adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer
una oferta por el total de las acciones del mercado.
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