Por Sofía Diamante - Con un gobierno conformado en su mayoría por ex-CEO, el objetivo desde el comienzo de la actual administración fue hacer rentables la mayoría de las empresas públicas como una forma de bajar el déficit fiscal. Por eso las transferencias del Tesoro nacional a esas compañías se redujo del 1% del PBI en 2016 al 0,5% el año pasado, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), basado en información que entregó la Jefatura de Gabinete. Sin embargo, con la nueva meta ambiciosa de llegar al 1,3% de déficit fiscal primario el año que viene y al 0% en 2020, la necesidad de hacer rentables las empresas estatales tomó otra velocidad.

El desafío está relacionado directamente con el aumento de tarifas, ya que las empresas públicas vinculadas a los sectores de la energía y el transporte son las que más fondos del Estado demandan. Sin embargo, aun antes de firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno logró bajar significativamente los gastos operativos de las compañías.

En los primeros cinco meses del año, las transferencias de carácter económico para el financiamiento de gastos corrientes (subsidios) y de capital de empresas públicas, fondos fiduciarios y el sector privado sumaron $70.332,5 millones, lo que significó una retracción del 10,9% interanual (-$8611,1 millones), según un informe elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

De acuerdo con la ley 24.156, sobre administración financiera y su definición de corporaciones del Estado, hay 41 empresas estatales de propiedad total o mayoritaria. En el memorándum de políticas económicas y financieras que el Ministerio de Hacienda le envió al FMI, el Gobierno prometió: "Reduciremos las transferencias asociadas con el déficit operativo de las empresas públicas que no están relacionadas con las tarifas de servicios públicos desde su nivel actual de 0,1% del PBI en 2017 hasta casi cero en 2021".

Para este año, además, el Gobierno estableció a comienzo de año reducir las transferencias a todas las empresas estatales al 0,4% del PBI. En el medio ocurrió la corrida cambiaria que derivó en la fuerte depreciación del peso, que a su vez provocó una inflación anual esperada mucho más alta. Esto complicó el objetivo del Gobierno de recortar los fondos a las empresas de energía y de transporte a través de la suba de tarifas, ya que los aumentos quedaron retrasados por la suba del precio del dólar.

En contraste, las compañías públicas del sector aerocomercial son, hasta ahora, las que mayor rentabilidad recuperaron en los últimos años. La semana pasada se conoció queMario Dell'Acqua , presidente de Aerolíneas Argentinas , se convertiría también en el titular de Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (Ieasa), la compañía que maneja los activos de la ex-Enarsa (ver aparte). Si bien su llegada a la empresa de energía se explicó por su pasado en el manejo de centrales nucleares e hidroeléctricas cuando trabajó para Grupo Techint, Dell'Acqua tiene a su favor también haber reducido sustancialmente los pedidos de fondos de la aerolínea de bandera al Estado. El año pasado se requirieron subsidios por US$183 millones.

Mientras que la responsabilidad de bajar los aportes a Aerolíneas a US$90 millones este año y a "subsidio cero" en 2019 correrá ahora por cuenta de Abbott Reynal, gerente general de la empresa, Dell'Acqua deberá lidiar con la reducción de fondos estatales a Ieasa, que en los primeros cinco meses del año demandó $2294 millones para la compra de gas importado para el abastecimiento interno, una baja del 25,8% interanual, según datos de ASAP. En 2016 -último dato disponible en el presupuesto nacional-, Enarsa recibió subsidios por US$1015 millones.

Dentro del sector energético, sin embargo, quien se lleva la mayor parte de los aportes del Estado es Cammesa, la compañía administradora del mercado eléctrico, que recibió asignaciones por $16.666 millones en los primeros cinco meses del año, una suba del 11,1% interanual, pero por debajo de la inflación del 25% estimada en los últimos 12 meses. Asimismo, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio recibió fondos por $1274 millones, que representan una baja del 25,7% interanual.

Por su parte, las asignaciones para el transporte ferroviario se canalizan en su mayor parte a través de dos empresas públicas: Administradora de RR.HH. Ferroviarios, que demandó $8506 millones en los primeros cinco meses del año (una suba interanual del 25,1%), y Operador Ferroviario, que recibió fondos por $2578 millones (un crecimiento del 61,3%). Ambas compañías tienen como objeto atender los gastos en personal de cinco de las siete líneas de ferrocarril, según explicó la publicación de ASAP.

Baja de gastos

Más allá del sector energético y el transporte, las empresas públicas no vinculadas a estos sectores demandaron en los primeros cincos meses transferencias para sus gastos de funcionamiento por $2316 millones, $61 millones más que en igual período de 2017 (una suba de 4,1% interanual). El informe de ASAP señala las mayores asignaciones para Télam ($64 millones y aumento del 28,3%) y Radio y Televisión Argentina ($47 millones e incremento del 4,9%). Para bajar costos, hace dos semanas, el Gobierno anunció una reducción de al menos el 35% en los puestos de trabajo en la agencia estatal de noticias, que significa el despido de 350 empleados.

En cuanto a las transferencias para el financiamiento de gastos de capital de empresas públicas, fondos fiduciarios y el sector privado, en los datos del año hasta mayo hubo una suba del orden del 5,4% interanual, según ASAP. En términos nominales, se ejecutaron $10.138,8 millones, repartidos entre las asignaciones para el sector energético -$5614,6 millones concentrados en Nucleoeléctrica y Enarsa-, al transporte -$3181,3 millones destinados al servicio ferroviario- y a otras empresas públicas ($1322,3 millones), que representan en su mayoría AySA ($882,2 millones) y Correo Argentino ($282 millones).