Lo cierto es que el freno a las contrataciones y al ingreso de personal al Estado nacional para disminuir el gasto público 30%, el cual se formalizó a través de un decreto publicado con las firmas del presidente Mauricio Macri; del jefe de Gabinete, Marcos Peña; y de los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Modernización, Andrés Ibarra, puede ser leído como un aceleramiento a los puntos fijados por el FMI para aumentar la austeridad de la administración Macri.

Sin embargo, el recorte, señalan algunos, podría ser una mas nominal que real y a los efectos de lograr que el Fondo no frene los envíos de dólares. Así las cosas, el decreto exceptúa a la Agencia Federal de Inteligencia, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad, excluido el personal civil de esas citadas fuerzas, por lo que el achique de gasto solo afectará a las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo Nacional que "no podrán efectuar nuevas designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento presupuestarias o no presupuestarias, hasta el 31 de diciembre de 2019".

Las dudas surgen también en torno al congelamiento que el Gobierno dispuso sobre los convenios vigentes de servicios de asistencia técnica mediante servicios personales, celebrados entre el Poder Ejecutivo y las universidades nacionales, provinciales o privadas u otras instituciones de enseñanza pública, ya sean nacionales, provinciales, municipales o privadas, "quedarán sin efecto a partir del 1 de enero de 2019". Ocurre que el rumor que recorre los ministerios es que en realidad muchos de esos trabajadores podrían ser volver a ser contratados bajo otra modalidad en enero de 2019, cuando el gobierno se asegure fondos frescos del FMI. El decreto también estableció que no se podrán instrumentar nuevos beneficios "tales como bonificaciones, premios, incentivos o suplementos salariales en dinero, o en especie, hasta el 31 de diciembre de 2019".

Para eso, el gobierno debe cumplir al menos en los papeles, el acuerdo firmado con el FMI, si quiere obtener en los próximos 36 meses los dólares que faltan del crédito stand-by por u$s50.000 millones, del cual una parte central el pacto de metas dé déficit fiscal primario. El compromiso para diciembre de 2018 es terminar el año con un déficit primario del gobierno nacional de $362.500 millones, aproximadamente un 2,7% en términos del PBI. Esto implicó un recorte adicional de 0,8% puntos del PBI de lo que se estimaba en el presupuesto 2018. De modo que, en términos nominales, esta caída el déficit primario acordado implica una reducción adicional del déficit primario de $164.533 millones.

En este contexto Nicolás Zeolla, economista del Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz (CESO), señala sin embargo que "gran parte del ajuste fiscal que necesita el gobierno se dará por el efecto directo e indirecto de la devaluación sobre las cuentas públicas" por lo que el despedir personal público podría ser también considerado como una forma de lograr una baja de salarios en el empleo privado "ya que la mayoría de esos trabajadores irán a buscar empleo al sector privado".