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Por Francisco Jueguen - En su afán por reducir el rojo
en las cuentas públicas y cumplir los condicionamientos impuestos por el acuerdo con el FMI , el Gobierno atravesará la
espinosa tarea económica -pero principalmente política- de eliminar de un
plumazo $300.000 millones entre el presupuesto 2018 y el que deberá consensuar
en el Congreso para 2019.
Dos preguntas ordenan el debate hoy por hoy. De qué partidas provendrá
el ahorro y quién pagará el costo de ese ajuste, de cara a las presidenciales 2019 . Nicolás Dujovnepropondrá una respuesta a la primera
cuestión y Rogelio Frigerio , a la segunda. Pero quien mira
los números en detalle es Rodrigo Pena, el secretario de Hacienda. Según los
números del "Lousteau boy", las provincias recibirán -tras los
acuerdos con el Gobierno por la devolución del 15% de la Anses y
el consenso fiscal- fondos por $270.000 millones más en 2019 de lo que
recibirán durante este año.
El dato surge de la suma, por un lado, de la devolución gradual del 15%
a todas las provincias (pactada a comienzos de la gestión de Mauricio
Macri ) y los préstamos del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad y, por el otro, de las transferencias a cajas provinciales, la
compensación por el ex-Fondo del Conurbano ($65.000 millones para Buenos
Aires), y el bono de compensación emitido para financiar a los distritos que
firmaron el consenso fiscal y dieron de baja los juicios contra el Estado
nacional por diferentes deudas.
Claro que en el Gobierno no pretenden que las provincias sacrifiquen los
270.000 millones extras que recibirán el año que viene, pero sí enrostran ese
número a los gobernadores para que el ajuste necesario para llegar al déficit
de 1,3% del PBI sea compartido.
Estos fondos que las provincias reciben ahora automáticamente y que
terminarán de ajustarse en 2020 por el acuerdo con el Gobierno finalizarían en
una distribución equilibrada de los ingresos totales (50% para la Nación y 50%
para las provincias) en la coparticipación. Pero esto podría cambiar si
disminuyen estos envíos como parte de un pacto por el ajuste necesario para el
presupuesto 2019. Por otro lado, como para sumar otra carta en la mesa de
negociación, el Gobierno anunció que antes de fin de año presentará un nuevo
proyecto de ley de coparticipación, que modifica sustancialmente lo que se
llama la distribución secundaria (cómo se reparte el 50% del total de los
ingresos entre las provincias). Allí se beneficiaría a Buenos Aires, Mendoza,
Salta y Chubut, y se perjudicaría a Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.
A junio de este año, según datos del Ministerio del Interior, las
transferencias del Estado nacional a las provincias acumulaban un
"excedente" con relación al año pasado de $73.340 millones. La
mayoría, como porcentaje del PBI, fueron a las provincias de Buenos Aires, Córdoba
y Santa Fe.
Las reuniones entre Dujovne y quienes tendrán que ajustarse el cinturón
ya empezaron. Los primeros fueron María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez
Larreta. Los gobernadores peronistas reclamaron a Macri que las principales
espadas del Pro se hagan cargo de empresas de servicios públicos que hoy regula
el Estado nacional. Pese a que las distribuidoras energéticas no reciben
subsidios desde el año pasado (sí la mayorista Cammesa), se trata de asumir
costos políticos en la política tarifaria oficial, entre otras cosas. Como
señal para comenzar la negociación con el peronismo, esta posibilidad está
cerca de cerrarse. El otro foco es -por fuera de la coparticipación- qué gastos
pueden recortarse. De cara a las elecciones -si debe elegir-, el Gobierno
apuntará a los fondos transferidos automáticamente (ejemplo, el fondo de
incentivo docente), ya que son sobre los que los gobernadores tienen autonomía,
y preferirá reducir menos los discrecionales, sobre los que el Ejecutivo tiene
potestad.
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