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| FMI: Gobierno acelera operación con el FGS |
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16/07 - 08:50 Ambito Financiero |
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Por Carlos Burgueño - El Gobierno sabe que en septiembre tendrá uno de
los exámenes más difícil de estos tiempos. Y que, hasta ahora, le será
complicado de aprobar. Será cuando los técnicos del Fondo Monetario
Internacional (FMI) se pongan en contacto con los funcionarios locales para
monitorear la marcha de las metas fiscales y financieras cerradas con el
organismo financiero, y de la que dependerá la salida del segundo tramo de la
ayuda pactada. Si bien desde el Gobierno de Mauricio Macri se descarta que el
compromiso de un déficit de 2,7% del PBI para todo el año será demostrable,
también se descarta que los hombres que comanda el italiano Ricardo Caldarelli
(que maneja el equipo del FMI que fiscaliza el caso argentino) pondrán la
atención en aquellos capítulos donde el país no tiene los números en orden.
Puntualmente se conoce que hay dos sectores en los que las respuestas locales
serán insatisfactorias: el uso de parte de los u$s15.000 millones del primer
tramo para financiar salidas de dólares del sistema cambiario, y la falta de
avances en el acuerdo político para el próximo año. Y dentro de esto último, la
carencia de avances en la manera en que desde el Ministerio de Hacienda de
Nicolás Dujovne se piensa en financiar el sector previsional desde 2019.
Ante el panorama, y descartando que los hombres de Washington pondrán el acento
en el peligro fiscal de 2019, desde el Ejecutivo se piensa en un Plan B. Esto
es, acelerar otros cambios comprometidos para el próximo ejercicio, y que
dependen en su mayoría de decisiones políticas del propio Ejecutivo. Uno de
estos es la financiación de parte del gasto previsional desde 2019,
especialmente la "reparación histórica" impulsada por el propio
Gobierno, con "amortización de activos de los fondos de pensión que se
encuentren actualmente en posesión del Gobierno". La mayor caja disponible
para esta fórmula es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) en poder de
la ANSES, formado esencialmente con las acciones que ingresaron al Estado
durante el Gobierno de Cristina de Kirchner a partir de la reestatización de
las AFJP. Si bien no hay un número actualizado de lo que la administración
pública podría obtener, fuentes oficiales especulaban con que el número final
podría llegar a entre 3.000 y 4.000 millones de dólares el próximo año; dinero
más que suficiente para garantizar entre 2019 y 2010 (los años de duración del
acuerdo con el FMI), el financiamiento para la "reparación
histórica". La estrategia primaria que tiene en mente el Gobierno es la de
ofrecer primero las acciones a los propios dueños de las compañías en operaciones
de "recompra". Las mismas fuentes hablan del serio interés de varias
de las empresas de volver a tener bajo dominio propio estas acciones (en el
total del paquete o en parte de él) y terminar con la convivencia con
funcionarios públicos en sus directorios. Algunas de las empresas en cuestión,
la mayoría de ellas bancos y compañías de infraestructura, siempre les dejaron
en claro que la intención era avanzar en la recompra y dejar atrás la
experiencia inaugurada en los tiempos del kirchnerismo. Desde el macrismo la
idea se mantiene viva desde antes de la asunción de diciembre de 2015, pero
estuvo anestesiada porque se descartaba que tendría problemas políticos para
poder ejecutarse. El acuerdo firmado con el FMI y la necesidad de encontrar
fuentes de financiamiento múltiples y creativas hizo que el proyecto reviviera.
Y dentro del capítulo de los fondos necesarios para poder cubrir las siempre
desequilibradas cajas previsionales, comenzando por la continuidad del plan de
reparación histórica lanzado por el macrismo al comienzo de su gestión, y que
en los últimos 48 meses fue financiado por los frutos del blanqueo impositivo
que aportó más de u$s 100.000 millones.
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