A la cabeza de esos reclamos se encuentra el juicio iniciado por el fondo buitre Buford Capital tras la estatización de YPF, estimado en US$3330 millones.

La semana pasada, la Corte del Distrito Sur de Nueva York falló en contra de la Argentina y resolvió que la demanda de Petersen Inversora y Petersen Energía deberá seguir en los Estados Unidos.

El Gobierno intentará revertir esa decisión en la Corte Suprema norteamericana, para poder trasladar el pleito a Buenos Aires.

Luego de esa victoria parcial, Buford Capital anunció que pagó US$21 millones a cambio de quedarse con el 70% de lo que obtenga el fondo Eton Park Capital, que presentó otra demanda contra la Argentina por YPF.

En 2015, Burford compró las empresas del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, para demandar a la Argentina porque no se le hizo una oferta por esas acciones al momento de estatizarla. Eton Park tenía cerca del 3% de YPF cuando fue estatizada.

El fundamento de ambos fondos es el mismo: cualquier compra mayoritaria de acciones debía incluir ofertas a los socios minoritarios desde el momento en que la petrolera comenzó a cotizar en Wall Street, en la década del noventa, y aceptó la legislación norteamericana.

El Gobierno, en cambio, sostiene en el juicio que se trató de una decisión soberana, no alcanzada por las normas del mercado accionario.

El reporte de Research for Traders (RfT) incluye otras demandas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York: una por US$629 millones (92 casos) y otra por US$495 millones, del mencionado Eton Park. En el Distrito Centro de Florida avanza una cuarta demanda, de Engage Aviation, por un millón de dólares.

También se incluyen los litigios en cortes alemanas de tenedores de bonos por US$180 millones, que ya tienen sentencia emitida contra el país.

En el Ciadi se tramitan otras cuatro demandas por US$3787 millones. Dos ya tienen fallo adverso para el país, por un total de US$1187 millones; una tercera, por US$1000 millones, está siendo negociada por las partes.

El último grupo de cuatro demandas se tramita en la Comisión Nacional de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, por un total de US$841 millones. Dos demandas, por US$30 millones, ya tienen fallo contrario a la Argentina; en una tercera (US$168 millones) se busca aún un acuerdo entre las partes, y la cuarta, por tres millones de dólares, avanza aún sin resolución.

"La Argentina está empezando a experimentar un sentimiento incómodo: que las causas no resueltas pueden escalar pronto al punto de afectar los precios de sus bonos, ya maltratados por eventos recientes", señala el informe de Research for Traders.