De acuerdo a un reporte elaborado por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (CFRF), hasta el tercer mes del año sólo 15 jurisdicciones habían presentado los datos para hacer el seguimiento. Nueve de ellas mostraron una suba en sus gastos corrientes primarios por el IPC del Indec, utilizado como referencia a la hora de medir la evolución del peso de los estados provinciales.

En el caso de Catamarca (27,6%), Formosa (26,6%), Neuquen (27,3%), Santa Fe (26,1%), Tierra del Fuego (27,7%) y Tucumán (26,1%), sus erogaciones estuvieron hasta dos puntos excedidas del coeficiente estipulado. En tanto, San Juan (32,4%), La Rioja (37,7%) y Corrientes (37,2%) superaron la meta en hasta casi un 50%.

Por el contrario, las jurisdicciones que sí cumplieron, además de la Nación que tuvo un alza de 10,9%, fueron Chaco con una suba de 19,5%, Jujuy 10,1%, Mendoza 21,8%, Salta 21,8% y Río Negro 24,6%.

Por otro lado, por el artículo 10 bis de la ley el CFRF también evalúa la evolución del gasto primario total -es decir no sólo el corriente- en comparación a los precios, en aquellas provincias que o bien no hayan tenido en el período anterior supéravit corriente primario o bien hayan destinado más de un 15% de sus recursos corrientes netos de la coparticipación a municipios a pagar servicios de deuda. Las que se encuentran en esta situación son la Nación, Salta, Río Negro, Jujuy, Chaco y Neuquén, aunque sólo esta última no cumplió con el mismo requisito de mantener las erogaciones por debajo de lo que se movió la inflación.

En cuanto al gasto en intereses que tal como establece el artículo 21 de la ley no puede superar el 15% de los ingresos, se observa que la devaluación afectó negativamente a Salta y Tierra del Fuego: en sus Presupuestos figuraba que se iban a llevar el 5,6% y 6,2%, respectivamente, pero en las nuevas proyecciones llevaron ese porcentaje al 7,5% y 7,3%, en cada caso.

Río Negro, el otro distrito de los únicos tres que enviaron sus pronósticos al CFRF respecto a este punto, destinará un 13,9% de sus fondos contra el 16,6% que preveía en su ley de leyes, superior a lo estipulado en el pacto fiscal. Es que la devaluación mejoró los ingresos por regalías de las provincias patagónicas, más allá de que el salto en el tipo de cambio provocó un aumento en los servicios de deuda, que está emitida mayormente en dólares.

El pacto fiscal estableció, entre otras cosas, que los distritos no podrán seguir sumando empleados públicos por arriba de la tasa de crecimiento de la población que tenga cada jurisdicción, salvo que hayan obtenido un resultado financiero superavitario.

En ese sentido, los gobernadores que tengan sus cuentas en orden tendrán margen para expandir el gasto provincial, siempre y cuando no supere la tasa de crecimiento del Producto en términos nominales, de manera de que la proporción se mantenga constante en relación al PBI.

El pacto fiscal entró en vigencia en enero pero en el marco de la discusión entre la Rosada y las provincias por el recorte fiscal que pide el Fondo Monetario Internacional ( FMI), algunos mandatarios plantearon la suspensión del mismo. Sin embargo, esta alternativa por el momento fue descartada por el Ejecutivo.

El acuerdo también incluyó un esquema para la reducción gradual de Ingresos Brutos, principal fuente de financiamiento de los distritos.