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Por Andrés Sanguinetti - Dos grupos internacionales que
operan en el puerto de Buenos Airesfueron acusados de haber
profundizado la preocupante crisis por la que atraviesa la
terminal porteña, con amenazas de despidos y deconcentración económica.
Se trata de Dubai Ports World (DPW) y de Maerks. En el caso del
holding árabe, es el actual accionista mayoritario de Terminales Río de
la Plata (TRP), que está a cargo de la
concesión de las áreas 1,2 y 3 del puerto porteño, en sociedad con el grupo
local propiedad de Alfredo Román.
En cuanto al grupo
europeo es uno de los mayores clientes de las terminales porteñas. También
lidera la operación de terminales portuarias y de buques en el mundo. A
nivel local, Maersk está a cargo de la Terminal
4, cuya concesión finaliza el año próximo al igual que la de las otras dos
concesionarias. Es decir de Terminales Río de la Plata (TRP), controlada por DPW, y
de Hutchinson Ports, a cargo de Terminal 5.
Desde la fusión de Maersk
con Hamburg Sud, otro gigante europeo de transporte
marítimo, la Terminal 4 ha visto incrementar sus operaciones debido a
que su nueva socia global decidió dejar de enviar sus contenedores al resto de
las terminales para concentrarlas en la propiedad de Maersk.
Esta decisión fue aprovechada por TRP para asegurar que el volumen de sus
negocios cayó casi un 35% y que, por lo tanto, su ecuación económica y
financiera está en crisis y la pone al borde del default.
Con este escenario, los dueños
de TRP presentaron ante el Ministerio de Trabajo un pedido de
apertura de procedimiento preventivo de crisis para despedir a la mitad de
sus casi 1.000 trabajadores pagando el 50% de las indemnizaciones. El
escenario profundiza además la crisis abierta en laterminal porteña tras
la decisión del Gobierno de concentrar la operación
en un solo operador a partir del 2020, cuando venzan las concesiones de los
tres operadores actuales.
La mezcla de los conflictos provocó
que tanto los gremios del sector como un grupo de cámaras empresarias locales
se unieran en una denominada "mesa permanente" con el objetivo de
reclamar cambios en el proceso licitatorio y evitar masivos despidos de
trabajadores.
Hace unas horas, se conoció un documento que lleva la firma de los
secretarios generales de los sindicatos del sector portuario, de la Federación
Marítima, Portuaria y de integrantes la industria naval argentina que está dirigido al
interventor de la Administración General de Puertos (AGL), Gonzalo Mortola.
En la carta se reclama que el
proceso licitatorio evite despidos y garantice las fuentes laborales
y derechos de los trabajadores del ámbito portuario. También se
manifiesta preocupación por el futuro de la terminal portuaria
porteña y se recuerda la firma de tres actas en las que las autoridades se
comprometieron a mantener las fuentes laborales de las distintas terminales con
vistas a la nueva licitación que sería encarada por el Gobierno a partir del 2019.
"Desde el pasado 4 de
junio, con el inicio de un procedimiento preventivo de crisis en Terminales Río de la Plata (TRP), del grupo DP World y laamenaza concreta
de casi 180 despidos, producto del retiro de dos líneas de Hamburg Sud Group (Maersk) con destino a
Terminal 4 (APM Terminals-Maerks), la situación se ha vuelto insostenible",
advierten los sindicatos y las empresas en el documento.
También se hace referencia a
una especie de entramado de oligopolioentre Maerks y Hamburg Sud que,
según aseguran, "ha comenzado en forma concreta a afectar la paz social en
el puerto de Buenos Aires". Por eso le reclaman a
Mortola que "en defensa de los trabajadores y del interés nacional,
no permita que el comercio exterior argentino, sea coto
de caza de intereses supra nacionales".
En el caso de Maersk y
su integración vertical, informan que el grupo está siendo motivo de regulación
en los pliegos licitatorios de varios países de Europa y Latinoamérica.
Como ejemplos se remiten a lo ocurrido en Brasil y al conflicto generado en
Chile, con 1600 despidos. Describen además una peculiar situación en la
Terminal 4, controlada por Maersk.
"Es paradigmática, ya que opera al límite de su capacidad, con exceso de
horas extras, sin francos para los trabajadores, con equipos obsoletos y sin
condiciones en su mantenimiento", acusan. A la vez, agregan que "sin
inversiones, sus dueños pretende hacer creer a los trabajadores que van a poder
operar con más de 7.330 contenedores por mes".
Con respecto a la crisis que sufriría TRP, en la
carta se amenaza con la toma de medidas de fuerza si finalmente la sociedad
propiedad de un grupo árabe logra aval de la cartera que dirige Jorge
Triaca para reducir su flota laboral.
"No permitiremos un solo despido en TRP, ni un pseudo
procedimiento de crisis que eluda su responsabilidad empresarial, ni la
avaricia de las multinacionales", agregan los firmantes del documento
enviado a Mortola.
Anticipan que este escenario
puede generar accidentes o incidentes debido a la
"peculiar" situación por la que atraviesa el puerto porteño, operando
además bajo la construcción de la mega
obra del gobierno porteño llamada Paseo del Bajo. Concretamente, reclaman
que no haya despidos, inmediata desafectación del procedimiento preventivo
de crisis y mantenimiento del status
quo de movimiento de contenedores hasta tanto se encuentre en marcha el
proceso licitatorio.
Piden además que los pliegos
eviten una posible concentración económica y que contenga medidas
antimonopólicas en el marco de la ley 27.442, "impidiendo la
integración vertical y en la que el Estado nacional y la sociedad no
queden a merced de complejos marítimos-portuarios".
Advierten a Mortola que el Estado "no puede permitir que se
pierda un solo puesto de trabajo en la Argentina, en la situación actual",
que se garanticen los compromisos de estabilidad laboral y se
utilicen las prerrogativas oficiales para que las empresas "no terminen de
llevarse puesto el puerto de Buenos Aires ni la paz social".
En otro párrafo, le reclaman a
la autoridad nacional portuaria la urgente puesta en marcha del proceso
licitatorio "claro, transparente, con participación de los
sindicatos, con estabilidad laboral y sin monopolios que pongan en riesgo
el comercio exterior
argentino".
Pero también solicitan una prórroga de las actuales concesiones que
vencen entre el año próximo y el 2020 debido a que no se llegaría con los
tiempos adecuados para poder cumplir con todos los plazos de la nueva
convocatoria a licitación.
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