Por Ariel Maciel - El clima de ayer en el empresariado nacional fue ambiguo. Todo el sector privado respaldó los avances judiciales que le aporten "transparencia" a los negocios entre el Estado y las tercerizadas para realizar obras públicas. Pero encontraron en el manejo de los tiempos de ejecución de medidas una bisagra que deja de un lado a los hechos punibles, y del otro al mundo de los negocios como escenario de acuerdos espurios sin distinguir su validez.

Dueños y ejecutivos de empresas argentinas alertaron que la irrupción de la justicia en el ámbito privado de los negocios generó un clima de inseguridad para las inversiones. En el sector privado quedó instalado que la persecución de empresarios golpeó la imagen de aquellos que producen en el país, justo en momentos en que la coyuntura económica ajustó las previsiones de rentabilidad e impactó de lleno en el empleo.

"Cada vez que pasan estas cosas, la imagen del empresariado se resiente, acá y en la China. Lamentablemente esto es por algunos, y el empresariado en general, no sólo de la obra pública, se ve comprometido", se lamentó uno de los líderes del sector privado consultado por BAE Negocios.

Nadie salió en defensa de los imputados y ordenados a detener por la justicia en la causa que investiga presuntas coimas en obras públicas durante los gobiernos kirchneristas. Tampoco nadie quiso ponerle nombre y apellido a su análisis de situación para "evitar meterse en un debate". Pero aclararon que la "casualidad" de medidas judiciales contra sectores que elevan reclamos es "al menos, llamativa".

"El uso del timing político de parte de la Justicia es perjudicial para la imagen del empresario, porque somos nosotros los que arriesgamos nuestro capital en un contexto de enrarecimiento del clima de negocios. Nadie va a querer poner un peso acá cuando la imagen es de un sector privado totalmente corrupto sin distinguir los casos, e incluso sin que haya un juicio previo", afirmó un integrante de la UIA.

Si bien nadie ató al Gobierno con las acciones judiciales contra funcionarios y empresarios por la obra pública, algunos recordaron que "cada vez que un sector criticó medidas económicas oficiales, hubo una acción judicial contra algún empresario del sector". La detención de Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, era un final predecible para algunos pares del sector, pero "llamó la atención que sea justo cuando el Gobierno haya ajustado en la obra pública y Camarco elevara la voz por la pérdida de empleo", según señalaron algunas fuentes consultadas.

Por caso, recordaron la detención esporádica del jefe de los empresarios metalúrgicos de ADIMRA e expresidente de la UIA, Juan Carlos Lascurain, por una causa que también afecta a una obra pública. Fue horas después de un fuerte cruce de la entidad industrial con el entonces ministro Francisco Cabrera, respaldado públicamente por el presidente Mauricio Macri.

Para algunos industriales, se trató de una advertencia ante la beligerancia que crecía dentro de la UIA por la crisis de la industria. En la casa fabril, de hecho, descartaron que la movida judicial pueda "impactar en el resto de los sectores más allá de la construcción", y deslizaron que incluso "puede ser que sea bueno, que se limpie y se diga basta de joda".

Pero aclararon que "hoy el problema del empresariado es la recesión". "Me preocupa más que el Gobierno mantenga las tasas altas y asuma el costo de una gran recesión. Siguen diciendo que la recesión es corta y se queda con las buenas noticias. Parece que los empresarios somos malos agoreros", se quejó un líder fabril.

Existe un consenso general sobre la importancia de no dejar de lado con "noticias judiciales" el estado de las empresas "en medio de una recesión que lejos de ser corta, se va a extender en el primer trimestre del año que viene, al menos", según analizó el dueño de una alimenticia. De hecho, esa misma fuente avanzó en una teoría de "ocultamiento de la realidad para dejar de discutir las necesidades económicas en la entrada de una crisis de inflación y recesión".